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El Eje Cafetero goza en el imaginario nacional de una reputación de progreso y tranquilidad, pero según la Comisión de la Verdad no fue ningún “remanso de paz”. Al contrario, esta narrativa trató de imponerse por las élites locales que “invisibilizaron” las múltiples violencias que ha sufrido la región.
De acuerdo con la Comisión, dicha invisibilización correspondió a “una estrategia de élites económicas y políticas regionales interesadas en seguir constituyendo espacios de poder a través de zonas grises que permitan configurar dinámicas asociadas entre lo legal e ilegal”. En palabras sencillas: negar el conflicto es una manera de ocultar la vinculación de las élites locales con el narcotráfico, el contrabando y antes de todo aquello con la violencia política de los años cincuenta, desatada después del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, que fue especialmente cruenta en la región.
Esto quedó consignado en el capítulo sobre el Eje Cafetero de relatos territoriales del Informe Final, un documento de casi doscientas páginas que contó con 298 ejercicios de entrevistas, 188 de ellas a víctimas. También se recopiló información de organizaciones sociales, comunidades indígenas, expertos y actores armados, académicos, líderes sociales, sindicales y ambientales, así como funcionarios públicos.
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“Aunque en la agenda pública institucional y política constantemente se ha hecho referencia a este territorio como un «remanso de paz» con incidencias menores del conflicto armado, en Caldas, Quindío y Risaralda se vivió una temprana violencia bipartidista, con alto número de masacres y repertorios de violencia”, sostiene el informe, que hace un recuento por la evolución posterior de nuevas formas de violencia ligadas siempre a las anteriores: “desde finales de los años setenta diversos grupos guerrilleros y paramilitares operaron en varias subregiones causando picos históricos de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados con alto impacto sobre las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”.
Los “Pájaros” y la génesis de las primeras guerrillas
Durante la llamada violencia bipartidista se gestó el origen de los conflictos agrarios que luego derivaron en movimientos insurgentes, según la Comisión. La reacción de grandes empresarios cafeteros y miembros de la élite de entonces para enfrentar el levantamiento armado de los liberales fue tolerar y auspiciar a los grupos de asesinos de filiación conservadora conocidos en la región como “Pájaros”, que cometieron incontables crímenes y masacres.
Algunos de estos crímenes fueron contra la prensa, como el asesinato del periodista liberal Celedonio Martínez en las calles de Armenia, o la emboscada con la que hombres al mando del asesino conservador León María Lozano mataron a Emilio Correa Uribe con su hijo cuando viajaba por una carretera del Valle en 1955. Correa era fundador y director de El Diario, un periódico liberal de Pereira, aquel asesinato fue tan grave y removió tanto a la opinión pública nacional, que motivó el cierre del periódico El Tiempo por la dictadura, luego de las denuncias que su director Roberto García Peña hiciera sobre la responsabilidad del régimen de Rojas Pinilla encubriendo a los asesinos.
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Lo curioso es que en medio de esta violencia generalizada de los años 50 y 60, que se presentaba como una pugna entre cuadrillas de bandoleros liberales y conservadores, en realidad se prefiguraba una dinámica de despojo, que luego iba a repetirse calcado en otras regiones del país durante la avanzada del paramilitarismo. En el eje cafetero se produjo un fenómeno de concentración de la tierra vía despojo durante la violencia bipartidista: “entra una figura fundamental que son los notarios que van a legalizar esa propiedad despojada y, por ende, pues van a constituirse unas élites muy ricas en términos de su inserción al mercado internacional del café por propiedad”, aseguró a la Comisión un académico experto en temas agrarios.
Algunos de los primeros movimientos guerrilleros, como la llamada “república independiente” de Quinchía, comandada por Merardo Trejos o “Capitán Venganza”, se inscriben en la génesis de las guerrillas de izquierda en Colombia, así mismo sus mayores referentes, como Tirofijo y Ciro Trujillo, fundadores de las Farc, o los hermanos Vásquez Castaño, fundadores del Eln, quienes provenían del Eje Cafetero.
“Aunque en la agenda pública institucional y política constantemente se ha hecho referencia a este territorio como un «remanso de paz» con incidencias menores del conflicto armado, en Caldas, Quindío y Risaralda se vivió una temprana violencia bipartidista, con alto número de masacres y repertorios de violencia”
Informe Final de la Comisión de la Verdad
Entre focos guerrilleros, paramilitarismo y narcotráfico
Tras la bonanza cafetera de los años 70, la Comisión constató que “mengua la violencia”, pero emerge un poderoso movimiento social y sindical que fue perseguido desde la institucionalidad, incluso con asesinatos sistemáticos, torturas y crímenes cometidos por los aparatos del Estado. Este movimiento sería cooptado en parte por los grupos insurgentes más importantes de la época, que hicieron presencia todos en el Eje Cafetero.
“En esta zona confluyeron el Eln, el M-19, el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y las Farc-Ep, quienes fueron un actor predominante a través del Frente Aurelio Rodríguez”, asegura la Comisión. Además, hubo fuerte presencia del Ejército Popular de Liberación durante la década del 80, incluso uno de sus bloques se desmovilizó precisamente en el occidente de Risaralda y “algunos municipios de este territorio registraron presencia de grupos paramilitares como Los Magníficos en los años noventa y de los frentes Héroes y Mártires de Guática y Cacique Pipintá, del Bloque Central Bolívar, a comienzos de este siglo”.
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La llegada de las guerrillas a finales de los setenta se da en paralelo con la emergencia de los primeros carteles de la droga, que tuvieron como epicentro la región, es así como los primeros grupos paramilitares del país que operaron justamente en el Eje Cafetero, destacando la comisión el caso de Los Magníficos, un grupo apoyado por militares y políticos de la región, con apoyo financiero de Olmedo Ocampo y Antonio Correa, dos poderosos narcotraficantes pereiranos. De acuerdo con la Comisión, en Pereira especialmente hubo “cierta tolerancia hacia el comercio ilegal como forma de movilidad económica que creó una zona gris por la que entró el narcotráfico”.
Este tipo de colaboración entre narcos, mandos militares y grupos ilegales, que luego se convirtió en el proyecto paramilitar, tuvo antecedentes en toda la región. La Comisión cita el caso de un grupo que operaba en el occidente de Risaralda “con el aval de cafeteros, ganaderos, miembros de la Octava Brigada y el alcalde de Quinchía. En este municipio el grupo estuvo al mando del narcotraficante Cirso Zuluaga y tuvo células en Riosucio y Supía”. Uno de los crímenes más aberrantes de este grupo fue el Manuel Trejos, un muchacho acusado de venderle gaseosas los guerrilleros del Epl, al que arrastraron por todo el pueblo amarrado a la parte trasera de una camioneta.
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“La persecución contra líderes y personas vinculadas a movimientos sociales y de izquierda, que había empezado en la década de los setenta, se fortaleció en los ochenta cuando el Eje Cafetero vivió una fuerte victimización a sectores de la oposición política por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares”, concluyó la Comisión. Las cifras incluyen a 28 militantes de la Unión Patriótica asesinados, entre ellos Rubén Castaño Jurado, quien fuera el mentor del ex candidato presidencial Bernardo Jaramillo, también asesinado.
Durante los noventa la Comisión documentó cómo la ofensiva guerrillera golpeó a los tres departamentos, principalmente en sus regiones más apartadas, como el occidente de Caldas y Risaralda, la zona cordillerana del Quindío y el oriente caldense, epicentro de múltiples tomas guerrilleras muy violentas, secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos y un fuerte control territorial de los grupos armados ilegales.
La violencia contra el movimiento indígena
El informe dedica un especial énfasis al caso de persecución y exterminio del movimiento indígena en el occidente de Caldas, particularmente en los municipios de Supía y Riosucio, donde el Consejo Regional Indígena de Caldas y los resguardos chocaron con los políticos tradicionales, quienes aliados con el paramilitarismo cometieron numerosos crímenes políticos para menguar la fuerza de sus reivindicaciones.
Al menos tres importantes dirigentes indígenas de Riosucio aspiraron a la Alcaldía de ese municipio y fueron asesinados: José Gilberto Motato, Fabiola Largo y Gabriel Ángel Cartagena. Pero sus casos no son aislados: 650 indígenas fueron asesinados en el marco del conflicto armado tan solo en Caldas y entre 1988 y 2008 se cometieron 13 masacres contra indígenas en la región. Una de ellas ocurrió en la finca La Rueda, hacienda que había sido recuperada por los indígenas a los latifundistas, y allí fue asesinado Luis Chaurra, un líder histórico del movimiento que fuera fundador de la Organización Nacional Indígena de Colombia y militante del Partido Comunista.
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El 8 de junio de 2003 los paramilitares del Frente Cacique Pipintá emboscaron en un paraje conocido como La Herradura el vehículo donde viajaba el líder indígena Gabriel Ángel Cartagena, candidato a la Alcaldía de Riosucio. Cartagena murió en ese hecho, por el que fue condenado a 40 años de prisión José Arcadio Villada, su contendor por ese cargo y quien aspiraba por el Movimiento Político Colombia Democrática del senador Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, también condenado por sus vínculos con los paramilitares.
Los narcos y un capítulo aún no esclarecido de la parapolítica
“Fue la clase política quien buscó a Macaco, a los paramilitares”, asegura una de las fuentes que entregó su testimonio a la Comisión. Esta declaración coincide con lo que varios de los jefes paramilitares contaron ante tribunales de Justicia y Paz, también con las versiones de narcos como Hernando Gómez “Rasguño” y Carlos Arturo Patiño “Patemuro”, quienes han narrado en varias oportunidades cómo habían penetrado en los más altos círculos de la política local.
“Estamos hablando de senadores, representantes a la Cámara, diputados, candidatos a la Gobernación, al Concejo, incluso la junta de administradores locales, todos pidieron el auxilio de Macaco para ganar elecciones, le invertían a todos, no importara de qué partido fuera, y cuando ellos ya vieron que era un grupo supremamente grande pidiendo plata, pues entonces ahí fue cuando ya se ven las reuniones en fincas como El Dólar y Mallorquín”, dice uno de los testimonios, que cita las reuniones llevadas a cabo por importantes políticos con el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez “Macaco” en sus fincas de Marsella, Risaralda. Según la Comisión, el poder mafioso que ostentara el antiguo jefe paramilitar se ha relevado en nuevos capos que han ocupado su lugar en la banda Cordillera, una organización criminal que aún controla el narcotráfico en la región.
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Sin embargo, la Comisión señala con nombre propio al ex senador pereirano Habib Merheg, quien fuera prófugo de la justicia, sindicado por los paramilitares del Bloque Central Bolívar y por narcotráficantes de haberse aliado con ellos para cimentar su caudal político, hoy heredado por su hermano el senador Samy Merheg.
Así mismo, la Comisión reseña el caso de Caldas, donde los vínculos con el Frente Cacique Pipintá y las Autodefensas del Magdalena Medio le costaron condenas o investigaciones a políticos de gran envergadura como Víctor Renán Barco y Ferney Tapasco, acusado además de ser el determinador del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del periódico La Patria de Manizales. En Risaralda las investigaciones no prosperaron, a pesar de las múltiples evidencias.
Consulte el informe completo de la Comisión de la Verdad aquí.
