Colombia + 20

29 Jun 2022 - 12:52 p. m.

La explicación de por qué el modelo de seguridad fracasó en Colombia

Militarización, poder sobre las armas a civiles, hacer de la Policía un cuerpo para atacar la violencia, apoyo de paramilitares, fomentar la doctrina militar con el enfoque del enemigo interno, entre otros, son algunos de los puntos clave de este capítulo de hallazgos del primer documento del Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Militarización, poder sobre las armas a civiles, hacer de la Policía un cuerpo para atacar la violencia, apoyo de paramilitares, fomentar la doctrina militar con el enfoque del enemigo interno, entre otros, son algunos de los puntos clave.
Militarización, poder sobre las armas a civiles, hacer de la Policía un cuerpo para atacar la violencia, apoyo de paramilitares, fomentar la doctrina militar con el enfoque del enemigo interno, entre otros, son algunos de los puntos clave.
Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado

“Después de 60 años de guerra inútil, Colombia no puede seguir poniendo la seguridad en las armas”. Esta es la principal conclusión de la Comisión de la Verdad en el capítulo número siete del Informe Final que habla sobre la seguridad en el territorio nacional. En ese episodio, la entidad que nació del Acuerdo de Paz cuestiona las estrategias que el Estado usó para terminar el conflicto, y reprocha las que se mantienen vigentes, aún con lo pactado en la Habana.

Para la entidad, que por un poco más de cuatro año lideró el padre Francisco De Roux, el sistema de seguridad en el país no satisface la protección de la vida de los colombianos, la integridad de las instituciones, ni tampoco fortalece la naturaleza ni la economía. La falta de seguridad quedó demostrada en los más de 9 millones de víctimas, de los cuales, casi el 90 % son civiles, y quienes han padecido un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos.

“Casi ninguna familia colombiana ha escapado a la violencia. Aunque la mayor victimización y daños los han sufrido personas y comunidades campesinas, así como indígenas y afrocolombianas, mujeres, niñas y niños, la violencia también ha afectado a sectores con poder político y económico”, dice el documento. Para la Comisión está claro que los miles de dólares invertidos en la guerra, las tierras abandonadas, las empresas quebradas e infraestructuras dañadas, dan cuenta de un país con un “aparato de seguridad” costoso y mejor entrenado en el mundo después del de Estados Unidos.

No obstante, el análisis de la entidad es que, en muchas ocasiones, Colombia no necesitaba de la intervención militar y policial, sino actuaciones sociales que generaban los líderes de las regiones, así como autoridades locales. El informe que completa más de 800 páginas, en el capítulo de seguridad, consigna puntos claves que dan cuenta de lo que fueron las metodologías de seguridad para combatir al enemigo, de ahí que, la Comisión hable del papel de los militares en la guerra, la inteligencia, separar a la policía del sector castrense, la doctrina, la vulneración de los derechos humanos y polémica la tesis del enemigo.

Separar a la Policía de los militares

La Policía ha sido el talón de Aquiles de la guerra. Ha sido usada para combatirla y ha sido víctima por los constantes ataques que recibe de diferentes grupos al margen de la ley. No obstante, esas retaliaciones han sido fruto de las decisiones de los anteriores Gobiernos que designaron a un cuerpo civil a combatir la violencia. Por ejemplo, a través de los Carabineros, se le asignaron funciones de seguridad nacional y contraguerrilla. Adicionalmente, en la medida en que la Policía fue adherida a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, también fue involucrada en la doctrina militar y en la mentalidad del “enemigo interno”.

Esto se ha traducido en que, aun cuando la Policía está cumpliendo funciones de seguridad y protección externas al conflicto armado, tenga nociones de carácter militar, por lo que termina atendiendo movilizaciones y protestas sociales o campesinas como si fueran una guerra que atenta contra la existencia del Estado. Así las cosas, su labor culmina en una coherente contradicción. Debe proteger al ciudadano que se moviliza, pero a la vez debe repelerlo como enemigo. Para esa labor fue creado el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que ha estado involucrado en movilizaciones sociales que termina con un sinnúmero de casos de violación a los derechos humanos.

Para evitar ese flagelo, la solicitud principal que hace la Comisión es separar a la Policía del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio. Esto, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil y de la gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana. Alejarla de las fuerzas militares sería un logro que no solo la entidad que presidía De Roux quiere fomentar, sino también es la apuesta a la que quiere llegar el nuevo Gobierno en cabeza de Gustavo Petro. Su iniciativa es dejarla en manos del Ministerio del Interior para evitar que la Policía siga siendo parte de un todo en cuanto a doctrina y militarización.

Militarización e inteligencia

La militarización del territorio no es otra cosa para la Comisión que “mantener la soberanía” del país controlando que los grupos armados no se tomen el poder por sus manos. Sin embargo, los años de conflicto ha dado la razón en que esa hipótesis no surte un buen efecto. Lo que reprocha la entidad es que los Gobiernos no se han preocupado por hacer presencia a través de institucionalidad en cuanto a tema social con oportunidades de empleo, educación y salud, sino que se han limitado a poner hombres en armas para custodiar zonas en las que el dominio ya no es de ellos.

El informe cuestionó, entre otras cosas, que aún exista el servicio militar obligatorio. Para la Comisión está claro que esa situación genera desarraigo en las familias y comunidades étnicas de bajos recursos que son los que prestan a sus hijos para una guerra que completó un poco más de 50 años. La militarización también es para la entidad un cúmulo de acciones que cumplen no solo los militares, sino también la Policía, de ahí que se reproche esa unión. Los Gobiernos pasados han conjugado la labor civil de la Policía, a través de su unidad antinarcóticos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios con la guerra que padecen algunas regiones, con la de los soldados.

Aunque todas las características de la militarización hoy hacen parte del manual de las Fuerzas Militares para acabar con el conflicto, y está consignado en la Doctrina Damasco, estas no pueden ser implementadas, a juicio de la Comisión, en escenarios donde existe el posconflicto. Además, tampoco se puede seguir registrando el perfilamiento y graves afectaciones a los derechos humanos de quienes se autoproclaman líderes de una zona y son abiertamente opositores a los Gobiernos de turno.

La inteligencia militar que tienen los países debe ser usada para proteger la vida y la soberanía del territorio. No obstante, la Comisión encontró que en Colombia se usó para “infiltrar, atacar o neutralizar” a organizaciones sociales que se consideraron insurgentes. “Las agencias de inteligencia infiltraron en diferentes épocas a grupos guerrilleros, pero también a partidos y movimientos políticos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales, cívicas y culturales”, dice el documento que quedó en manos del presidente electo Gustavo Petro.

Lo que tiene claro la Comisión es que las estructuras de inteligencia que se crearon para atacar al enemigo, en este caso, los grupos al margen de la ley, lo que hicieron fue atacar a grupos de personas con una clara oposición al mandato de la época, incluso, el informe da cuenta que esas iniciativas estuvieron coordinadas con grupos de civiles armados y paramilitares con quienes quedó en evidencia el vínculo entre militares y subversivos. En el informe reposa información de lo que fue la labor del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en manos de miembros de la fuerza pública y los nexos con paramilitares.

También consigna que la desaparecida Brigada XX que fue “desmantelada” por presión del Gobierno de Estados Unidos por sus vínculos en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas tuvo un doble registro de hojas de vida que, en caso de investigaciones judiciales o disciplinarias, le permitía presentar a los funcionarios como civiles, negar la responsabilidad institucional y desviar las investigaciones.

Apoyo de “Paras”

La labor de la desaparecida Brigada XX no es algo desconocido en el marco del conflicto armado, por el contrario, está documentado que los miembros de esa unidad militar sostenían nexos con grupos armados civiles o paramilitares que los apoyaban con las ejecuciones extrajudiciales. Ese panorama, a juicio de la Comisión, fue otro método de seguridad. El desconocimiento que ha tenido el Estado sobre el poder de las armas.

En el documento quedó consignado que, entre 1960 y 1990, grupos de civiles se involucraron en funciones de seguridad. “El armar civiles y darles funciones de información e inteligencia reflejaba la idea de tener control del territorio teniendo el control de la población. Estos grupos armados civiles apoyaban militarmente y con información a la fuerza pública y, a su vez, recibían entrenamiento, financiación y apoyo”, dice el documento.

Aunque hubo denuncias sobre la colaboración ilegal entre fuerzas del Estado e insurgentes ninguna fue efectiva, por el contrario, promovió el crecimiento de los grupos paramilitares sin tener un política pública que los desmantelara. “Las relaciones con políticos y fuerza pública fueron evidentes, y aunque las investigaciones judiciales trataron de avanzar, fueron directamente atacadas por el paramilitarismo con la colaboración de la propia Fiscalía en el periodo del fiscal general Luis Camilo Osorio. Diferentes organismos de control trataron de hacer investigaciones y poner alarmas, pero nada de eso se tomó en serio”, dice el documento de la Comisión.

El espaldarazo que los anteriores Gobiernos le dieron a los grupos ilegales también quedó plasmado en el legislativo cuando el entonces ministro de defensa, Rafael Samudio Molina dijo que las estructuras respondían a “un derecho natural de autodefensa”. No obstante, para cuando hizo esa mención, las organizaciones ya se habían convertido en un foco de inseguridad y un dolor de cabeza para los Gobiernos de turno. Pero, aún, con ese antecedente nacieron las denominadas Convivir que tuvieron norma jurídicas y permitieron que los grupos paramilitares tuvieran recursos y un funcionamiento legal.

“Lo que en la práctica hicieron las Convivir era ilegal, pero la base legal de su funcionamiento les facilitó su actuar. Las estructuras fueron usadas por los grupos paramilitares, por ejemplo, del Magdalena Medio, los Llanos Orientales y Córdoba y Urabá. Las autoridades no ejercieron controles suficientes. Con conocimiento de la Superintendencia de Seguridad Privada, se aprobó a las Convivir el uso de armas largas ofensivas”, reposa en el informe final de la Comisión y añade que algunos representantes legales de las Convivir fueron después comandantes de las AUC.

Lo que llama la atención del texto es que el paramilitarismo, en el que también participaron olíticos elegidos popularmente que hacían parte o recibían dádivas del grupo ilegal, aún es defendido. “En la sociedad siguen existiendo iniciativas que defienden el involucramiento de la ciudadanía en labores de seguridad exclusivas del Estado y excepcionan el monopolio en el uso de la fuerza. A inicios de 2022 se aprobó una Ley de Seguridad Ciudadana que prevé la legítima defensa privilegiada que exime de responsabilidad penal a ciudadanos que usen la fuerza letal para evitar que personas extrañas ingresen a propiedades privadas”, dice el texto.

Doctrina militar y la tesis del enemigo interno

Otro llamado de atención de la Comisión de la Verdad es el adoctrinamiento militar que aún tiene el país. Desde que empezó la guerra con las extintas Farc, los soldados tuvieron en su cabeza el denominado “enemigo interno” que no es otro que alguien que piense diferente, no solo en materia de seguridad, sino también en temas sociales y de política. De ahí que la principal función de los Gobiernos de turno sea atacar a una oposición, incluso, cuando no son subversivos.

Así las cosas, la Comisión hace un llamado a se garantice el olvido de “la doctrina del enemigo interno que tanta violencia contra la población civil ha justificado y que la doctrina se ajuste a los propósitos de construcción de paz y la transformación del contexto, así como a la nueva visión de seguridad, e incorporándola a todas las modalidades de la formación militar”, reposa en el informe y añade que la iniciativa incluye, poner en el centro el cuidado por la vida no solo de los ciudadanos que no están en armas, sino también de quienes tienen su poder.

Para ello, a juicio de la Comisión es necesario que se revise el rol actual que juega la doctrina militar. El informe consigna como premisa que es necesario que esta se adapte a los cambios del contexto y de una nueva visión de seguridad. Es decir, el proceso de posconflicto que atraviesa el territorio nacional. Si bien no descartaron los esfuerzos que ha tenido la fuerza pública en materia de transformación como el de la Policía en 2019, sobre comités de derechos humanos, entre otros, es pertinente darle una revisada a la Doctrina Damasco que consigna particularidades del conflicto y posconflicto.

Violación de DD.HH

En materia de violación a los derechos humanos, el Estado siempre se ha rajado en ello, y con la Comisión de la Verdad no fue la excepción. El informe revela que, a pesar de los avances en capacitación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas y de algunas iniciativas, el Estado ha prevalecido en una actitud negacionista debido a que no se ha aceptado la responsabilidad institucional en los crímenes, ni tampoco en la gravedad de los hechos.

A juicio de la Comisión, hasta la fecha, el Estado no ha aceptado su responsabilidad en los crímenes cometidos al amparo del Estatuto de Seguridad, ni por el juzgamiento de civiles en cortes marciales, ni por la militarización de los territorios y la inteligencia en contra de miembros de movimientos o instituciones que desarrollaban labores legales y legítimas. Además, le reprochan que los grupos paramilitares hayan evolucionado y fortalecido con la venia de los Gobiernos pasados.

“La estructura armada (las AUC) se desmovilizó y se sometió a un proceso de justicia transicional, pero el paramilitarismo se recicló y hoy es un amplio entramado de sectores armados, políticos, sociales, del Estado y del narcotráfico, que ejerce un dominio que debe ser enfrentado de una manera audaz, sin negar su magnitud ni las responsabilidades que quepan, así como con medidas que permitan su desarticulación”, dice el informe y añade que aunque la justicia ordinaria, en medio de dificultades ha esclarecido algunos hechos, como los de la parapolítica y violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado han determinado la responsabilidad del Estado en crímenes atribuibles a funcionarios públicos.

La Comisión resaltó que, las fuerzas militares y policiales en su afán de mantener el control territorial ha dejado de lado la condición de proteger los derechos de los colombianos que viven en zonas alejadas y permeadas por el conflicto, de ahí que el llamado sea a evitar que la población quede en medio de una disputa y se garantice el goce a la vida, la libertad, la libre movilidad y los temas sociales y de integridad como lo es educación, salud y el derecho al trabajo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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