Las fibras del conflicto armado que tocó el Informe Final de la Comisión de la Verdad

Informe final Comisión de la Verdad

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

A las 11:26 de la mañana del 28 de junio de 2022, el padre Francisco de Roux le entregó al país un documento que marcará un hito en los esfuerzos por entender qué ha pasado en Colombia durante los últimos 60 años: el esperado Informe Final de Esclarecimiento de la Verdad. Desde ya, su contenido se perfila como la hoja de ruta para contestar preguntas jamás resueltas y conocer las entrañas de una guerra que, quizá por su sevicia, pero también por su impunidad, ha quedado en el imaginario colectivo como un asunto lleno de secretos y temas tan espinosos que se quedaron sin tocar.

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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) entregó el primer documento sobre hallazgos y recomendaciones en el que, en sus 896 páginas, tocó fibras de los asuntos más sensibles: el papel del Estado en la lucha armada, las causas de la proliferación de las guerrillas y su fracasada lucha armada, los falsos positivos como una política institucional, los paramilitares, no como un grupo armado, sino un entramado de fuerzas políticas, económicas y sociales, el comienzo de una dinámica del terror con desapariciones y torturas, durante el Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, la impunidad como una causa y a la vez consecuencia de una guerra sin tregua y la solución al problema de las drogas, entre otras temáticas.

Las guerrillas

El informe contempla que las guerrillas se mantuvieron durante décadas por la agudización y las estrategias cada vez más enfocadas hacia lo militar, que les hacían negar la humanidad del otro, incluida también la de la población civil. De igual manera, el texto refiere que los múltiples procesos de paz que se adelantaron con varios grupos insurgentes, y que muchos no se concretaron, llevaron a que procesos políticos no tuvieran un buen desenlace. Esto llevó, explica el informe, a que las guerrillas ejercieran y lograran tener un poder a través de las armas, sobre todo en zonas de poca presencia del Estado, sometiendo a la “marginalidad en la vida económica y política” a los ciudadanos.

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La negativa de que las guerrillas entraran a la vida política fue otro de los factores por los que, según la CEV, persistieron a través de los años. La no consolidación de un ideal político claro y la no participación hicieron que grupos como la Unión Patriótica (UP) fueran exterminados por sus ideales. También así, el documento mostró que las guerrillas como actores armados afectaron la democracia por disputas del poder político en regiones donde tenían una presencia considerable. Concordante con esto, el informe señala además que estos grupos buscaron un cambio social a través de las armas, como una alternativa autoritaria a la participación política, en la que se vio a civiles como objetivos a eliminar.

Falsos positivos

La Comisión de la Verdad encontró igual que las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, no fueron casos aislados, sino una práctica sistemática por parte del Estado. El informe contempla que, dentro de las tácticas para demostrar resultados, estuvo que la mentalidad de “la eliminación del opositor a como diera lugar fue una de las motivaciones centrales por las cuales se presentó tan alto número de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos”. Asimismo, el documento manifiesta que para el Estado, “ganar la guerra, a cualquier costo, favoreció el crecimiento de muertes violentas para presentar a civiles como si hubiesen pertenecido a grupos armados ilegales muertos en combate”.

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En cuanto a estas ejecuciones, la Comisión señaló que “no se trata de casos aislados o responsabilidades individuales de un número elevado de militares, sino que incluye también responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas”. El informe advierte que el Estado “usó la lógica del enemigo para justificar los homicidios de personas en condiciones de indefensión”. Por estas prácticas, dice la CEV, “solo algunos casos, tras un tremendo esfuerzo y lucha de las víctimas, pudieron avanzar en la investigación judicial y mostraron esas verdades ocultas o distorsionadas”.

La mención al gobierno Turbay

Según el informe, el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) fue el auge de varias conductas violentas expresadas durante el conflicto. El Estatuto de Seguridad fue el marco para acciones como la desaparición forzada, pues “empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada”. Esta práctica tuvo un repunte entre los 90 y 2000, sobre todo en grupos paramilitares que lo vieron como “una forma de terror y para ocultar los hechos que estaban siendo muy visibles”. Las detenciones arbitrarias también tuvieron un auge durante ese gobierno, debido a que “diversas normas, sumadas a los Estados de sitio o de excepción, facilitaron las detenciones, limitando las garantías judiciales y muchas veces cobijando detenciones arbitrarias masivas”. Para la CEV, este tipo de prácticas “fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma del enemigo interno”.

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Impunidad

La impunidad es uno de los ejes básicos del informe, tanto así que tiene un capítulo entero para tratar de entenderla, tanto como causada por el conflicto como por ser uno de los mayores factores para perpetuar la guerra. “La investigación de la Comisión de la Verdad muestra un déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas contra millones de víctimas en el conflicto armado colombiano”, se señala en el Informe Final, que caracteriza esta situación como un círculo vicioso en el que el conflicto y la violencia son causa y efecto de esa impunidad histórica que se ha sostenido en Colombia.

Según la CEV, este fenómeno se perpetúa debido a que, sin consecuencias judiciales, los armados y otros actores mantienen su accionar delictivo: “La impunidad aumenta las probabilidades de repetición y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas”. Por otro lado, se reconoce que parte de la inacción judicial se debe a que “el sector fue atacado, con agravantes de impunidad, a pesar del compromiso y de los avances de muchos de sus funcionarios”. A esto se agrega otro factor, que es la cooptación de las instituciones por la corrupción y por la infiltración de afines a los actores armados.

El paramilitarismo más allá de las armas

La Comisión encontró que los grupos paramilitares realmente fueron “un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil”. También, se dice en el informe, que “son el principal responsable, con el 47 % de las víctimas letales y desaparecidas del conflicto armado en Colombia, constituyéndose en el actor armado más violento”. El informe asegura que estos grupos, aun hoy después de la desmovilización de sus ejércitos, siguen siendo “un gran obstáculo para la no repetición que claman las víctimas sobrevivientes y sus familias en medio de una guerra que se resiste a ser pasado”.