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Por primera vez, el coronel (r) del Ejército Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien hoy le rinde cuentas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió contar la verdad ante un medio de comunicación sobre su participación en las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, mal llamados “falsos positivos”.
En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Rincón recordó cómo las neveras mortuorias de un poblado de Colombia se repletaron de civiles inocentes, que luego fueron sacados hacia una fosa común para hacerlos pasar como guerrilleros y delincuentes. "Yo no maté, pero sí predispuse para que los hechos se cometieran", confesó Rincón Amado.
Entre 2006 y 2008, fue oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15, con jurisdicción en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En esa época, la lucha militar con las guerrillas fue tan intensa que, aseguró el militar, el municipio de Ocaña no dio abasto.
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En septiembre de 2008, la alcaldía y la curia, temerosas de una crisis sanitaria, gestionaron legalmente el traslado de 25 cuerpos que estaban en cuartos fríos hacia una excavación común en el paraje Las Liscas, dijo Rincón, quien perteneció al Ejército durante 22 años. En el proceso algunos terminaron siendo identificados como los restos de civiles que habían desaparecido semanas atrás y eran buscados muy lejos de ahí por sus familias.
Rincón afirma que con la exhumación supo quiénes eran sus víctimas: jóvenes pobres que fueron engañados y llevados a Ocaña desde el municipio de Soacha. "Apoyé algunas unidades en darles algunos medios (...) Hablo de suministrarles armamento (...) para hacerlos pasar como muertos en combate", detalló el hombre de 53 años y quien fue conocido por el país luego de contarle a la JEP, en una versión voluntaria que se filtró a los medios de comunicación, un cruel relato de estos crímenes.
El coronel pasó casi diez años en prisión. En 2017 fue condenado a 46 años por el crimen de cinco jóvenes de 20 a 25 años, que vivían en Soacha y fueron reseñados inicialmente como "caídos en combate". Según su relato, dos civiles que actuaban como reclutadores y con quienes no tuvo trato directo, los llevaron en autobús hasta Ocaña con la promesa de ganarse "un dinero rápido".
Los dos hombres y un sargento conformaban la "organización delincuencial" que actuó en este caso. Ya en Ocaña, la unidad Espada se ocupaba de los asesinatos: "Nunca entré a explicarles (...) lo único que les dije fue: van a salir a esta operación, les van a acomodar y a entregar unas personas y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer".
Uno de esos jóvenes fue víctor Gómez, quien tenía 23 años cuando viajó, engañado, a Ocaña en compañía de Jader Palacio y Diego Tamayo. "Los emborracharon y los llevaron hacia (...) un falso retén del Ejército y allí los reclutadores los entregaban (...) Al otro día amanecían muertos", contó a la AFP Carmenza Gómez, madre de Víctor.
Los tres fueron presentados como parte de una banda criminal. "Víctor tenía un tiro en la frente, un tiro de gracia", detalla la mujer de 62 años, quien recibió protección oficial ante amenazas por "buscar la verdad".
(Vea: "¿Quién dio la orden?”: Los tapabocas que luchan contra el olvido de los “falsos positivos”)
Las recompensas a los soldados por estos crímenes incluían medallas, días de descanso, anotaciones elogiosas en el currículo o proyecciones de ascenso. "No denuncié y permití que las unidades que se encontraban allá, en el área de combate, hicieran esas prácticas", reconoció Rincón.
Los militares organizaron, según el coronel, su propio conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico, que se intensificó con la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002.
Según la Fiscalía, entre 1988 y 2014 se presentaron 2.248 "falsos positivos". El 59% de las ejecuciones ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el mandato del ahora senador Uribe (2002-2010), que siempre ha negado responsabilidad alguna.
"Las instigaciones hacia los comandantes (eran) de tal manera que tenían que dar resultados como fuera, y ese 'como fuera' los llevaba a que cometieran (...) esos asesinatos (...) dándoles visos de legalidad", señaló Rincón.
Sobre estos hechos, José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, sostuvo a la agencia de noticias que varios expedientes están "olvidados en la Justicia Penal Militar", pero que una "estimación creíble" de Naciones Unidas sugiere hasta 5.000 ejecuciones. Esto no fue de "unas pocas manzanas podridas, sino crímenes generalizados y sistemáticos", destacó Vivanco. De hecho, por estos asesinatos, la Fiscalía investiga a 29 generales.
Las acusaciones en contra del general Mario Montoya
Antes de llegar a la Brigada Móvil 15, en 2006, Rincón recordó haber sido abordado por el que luego sería el comandante del Ejército, el general, hoy en retiro, Mario Montoya, quien también comparece ante la JEP.Rincón relató su encuentro y aseguró que Montoya le preguntó: "¿Cómo va a aportar a la guerra?”. Ante su sorpresa, el comandante lo interpela: “¿Cuántos muertos va a poner?”. Rincón respondió: “Muertos de dónde, yo no tengo ninguna funcionalidad operacional". Y continúa: Entonces él, no sé si de forma jocosa pero sí directa, me dijo: ¿Y por qué no saca unos tipos allá de la morgue, los viste con uniforme y los reporta como resultados?".
Cuando se reencontró con Montoya, Rincón ya había sido asignado a la brigada móvil. Allí volvió a acercársele: "Ahora sí va a saber qué es la guerra, ahora sí le va a aportar a la guerra". Aunque señaló que nunca recibió de él una orden directa de matar, el coronel reveló la existencia de "un top 10" de unidades militares en el que los éxitos se medían exclusivamente por muertos. Si alguien no "estaba dando resultados, tenía que irse de la institución".
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La defensa de Montoya aseguró que él "no instigaba absolutamente nada". "Existen 2.140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0,9% del total de los hombres que operaron en el ejército en el periodo mencionado, (...) lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces", explicó el abogado Andrés Garzón.
Rincón Amado ante la JEP
El coronel Rincón Amado actualmente está contando toda la verdad, en el marco del macro caso 03, sobre muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la JEP. En 2018, tras pedir perdón y comprometerse a relatar los hechos y reparar a sus víctimas, recobró temporalmente su libertad.En noviembre del año pasado, recibió protección estatal tras un atentado fallido cuando visitaba a su hermano. Su abogada Tania Parra también ha sido amenazada.
Pero él no ha sido el único, 20 de los 219 militares que están bajo la jurisdicción cuentan con seguridad por la mismas razones.
Ahora Rincón está a la espera de la próxima diligencia ante esta justicia transicional, ahora suspendidas por la emergencia de la pandemia de coronavirus. Dijo que quiere contarles a las madres de estos jóvenes los crímenes cometidos "por favorecer unos intereses institucionales". Insistió en que "va a ser muy difícil que nos veamos cara a cara, víctima a victimario".