Militares en la JEP hablaron de 72 víctimas de falsos positivos en Catatumbo

Así lo establece un informe de observaciones sobre las 32 versiones dadas hasta el momento a la Jurisdicción Especial para la Paz por integrantes del Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander y la Brigada Móvil N°15 de Norte de Santander. Los militares han mencionado su participación en este número de asesinatos.

El informe, de 70 páginas, fue presentado en septiembre. Por motivos de seguridad y porque el proceso está en investigación, no damos detalles ni nombres de los militares./Archivo.

A mediados de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les permitió a las víctimas del caso 003, sobre ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, participar en las versiones voluntarias que los militares adelantan en esta justicia. Las Madres de Soacha y sus abogados fueron el primer grupo de víctimas que se dio a la tarea de revisar 31 versiones de uniformados del Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander y la Brigada Móvil N°15 de Norte de Santander, dadas por 22 militares.

Tras escuchar más de 180 horas de grabación, estas mujeres, que no han cesado en su búsqueda por la verdad, les entregaron a los magistrados de la Sala de Reconocimiento sus observaciones e inquietudes. Esta labor la complementaron sus abogados, quienes también presentaron ante la JEP informes más detallados sobre las declaraciones de los militares.

Colombia2020 habló con Sebastián Escobar, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), quien analizó durante mes y medio las 31 versiones, que en promedio duran entre seis a ocho horas. Con ayuda de un software para hacer análisis cuantitativo y cualitativo examinó los casi 900 folios de transcripción y de allí sacó lo patrones de planeación, ejecución, encubrimiento y responsabilidad en la comisión de este delito a partir de lo que dijeron los militares en la JEP.

“No estamos hablando de casos aislados, sino de una práctica, y nuestra tarea fue identificar cuáles eran los patrones que la constituyen”, dice Escobar. “También nos dimos a la labor de establecer cuáles eran los elementos que en lo dicho en las versiones nos permitían llegar a sustentar hipótesis de la responsabilidad de sus superiores”. Claro, son hipótesis, porque hace parte de un proceso de investigación en donde la JEP será la encargada de hacer la contrastación.   

El informe, de 70 páginas, fue presentado en septiembre. Por motivos de seguridad y porque el proceso está en investigación, no damos detalles ni nombres de los militares. Sin embargo, sí hay importantes conclusiones de ese informe:

Las víctimas

A partir de las 31 versiones dadas por 22 militares de estas dos unidades, Escobar extrajo la información de jóvenes asesinados que mencionaron los militares durante las diligencias. La lista está conformada por 72 hombres, con fecha del asesinato, el lugar donde ocurrió el supuesto combate y algunos con nombre propio. De esta lista, nueve son hijos de las Madres de Soacha que hasta ahora han reconocido los militares. Además, consolidó datos como la forma en la que murieron, si habían sido reclutados, si estaban en las “listas negras” o si murieron en estado de indefensión.

Esta información permitirá esclarecer el universo total de víctimas. Además, podría ayudar en la búsqueda de quienes todavía no se tiene información del paradero de su cuerpo. De esas 72 personas, los militares mencionaron a 18 como ‘N.N’, es decir, que no hay información de quiénes son.  

Escobar también recopiló los nombres de todos los militares y civiles que fueron señalados en las versiones voluntarias como colaboradores. Allí hay desde informantes, reclutadores, asesores jurídicos, soldados, suboficiales y oficiales. “Hicimos una tabla donde mencionamos si tenían una participación determinante y si debían ser llamados a versión voluntaria. Identificamos a 68 personas, de las cuales 10 ya habían rendido versión. De allí, le dijimos a la magistratura que llamara a 21 porque se consideró que tuvieron una participación en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y pueden ayudar al esclarecimiento del modus operandi”, señaló.

En el caso de los y las asesoras jurídicas, Escobar sostuvo que por los testimonios de los militares se confirmó que eran contratados para “construir una narrativa que facilitara el encubrimiento de estos hechos”. Es decir, antes de ir a las audiencias en la justicia penal militar, les decían a los uniformados qué tenían que contar y a quién no podían delatar.

“Muchos decían que era muy evidente el conflicto de intereses en las asesorías y que lo corroboraron después, porque la narrativa lo que dejaba en claro es que buscaban que los superiores no tuvieran que enfrentar a la justicia”, dijo Escobar.

La responsabilidad

El informe, como mencionamos anteriormente, se dividió en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento. En cada una hay extractos de las distintas versiones. Así, por ejemplo, Escobar pudo definir que más de uno de los cabos habló sobre las “listas negras”, es decir, los nombres de supuestos guerrilleros que aportaban los informantes.

Escobar fue claro en que este informe le puede ayudar a la JEP a definir el tipo de responsabilidades -si fue coautoría, por omisión, autoría inmediata- de los superiores jerárquicos dentro del Ejército.

Dentro de los elementos de responsabilidad están, por ejemplo, las presiones que ejercían superiores sobre soldados para cometer los asesinatos. “Pudimos encontrar en las versiones que había mucho cuidado en no dar instrucciones directas de matar civiles, pero sí había instigaciones para aumentar el número de bajas. Por ejemplo, del tipo ‘si usted no me presenta bajas, le daño la carrera’”, comentó el abogado.

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Otros elementos son la ausencia de controles dentro de cada batallón o brigada para contrarrestar la práctica a pesar de constantes denuncias de la población o la comunidad internacional sobre los asesinatos. De acuerdo con el documento, no había controles antes ni después de los hechos o no se realizaba una investigación disciplinaria instruida debidamente.

Varios de los versionados aseguraron que cometieron este delito a lo largo de su carrera y en distintas unidades militares. Que, incluso, desde la Escuela Militar empezaron a escuchar a comandantes hablar sobre la “legalización de bajas”. Los incentivos como vacaciones, viajes o dinero hacen parte de los elementos de responsabilidad. También, el hecho de que se crearan grupos especiales dentro del Ejército, bajo el control directo del comandante, conformado por soldados profesionales. De acuerdo con Escobar, “estaban permanentemente en la sede de la brigada y salían a cumplir órdenes especiales. Fueron los que más número de ejecuciones extrajudiciales presentaron”.

Los patrones

En la fase de planeación, Escobar halló patrones como el reclutamiento y el traslado de víctimas a los batallones o lugares donde se preparaban los supuestos combates; el uso de gastos reservados para comprar armas, uniformes o pagar a los informantes; el señalamiento de personas como supuestos integrantes de grupos armados con falta de pruebas, así como la construcción de un mismo relato en el cual justificaron su accionar bajo la premisa de que estas personas participaban en las hostilidades.

“Sin embargo, afirmamos que en el caso de que hubiesen sido milicianos, fueron asesinados en estado de indefensión. Previamente fueron retenidos y algunos drogados. Poco importa el perfil de la víctima, porque dentro del Derecho Internacional Humanitario la circunstancia es la forma en la que se dio el delito”, dijo.

En la fase de ejecución identificó cuatro elementos: la retención de las víctimas, el traslado mediante engaños, la participación de informantes y el hecho de que las víctimas no contaban con las posibilidades de repeler el ataque. En la fase final, entre los patrones de encubrimiento, encontró que varios de los militares hablaron de cómo modificaron la escena del crimen, el uso de prendas militares para hacerlos pasar como guerrilleros, la construcción de documentación para soportar la supuesta operación militar y el gasto de dinero para este fin.

“Para tener realmente un esclarecimiento de fenómeno hay que llamar a más gente”, es una de las peticiones de Colectivo a la Sala. “Por ejemplo, llamar a los comandantes de los batallones”.

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Este documento es el resultado de la inconformidad de las víctimas, en este caso de las Madres de Soacha, quienes en la audiencia del 17 de octubre expresaron no sentirse satisfechas con el aporte de los uniformados en los casos de sus hijos, teniendo en cuenta que hoy la mayoría de los militares condenados en la justicia ordinaria hoy están libres.

Este es tan solo el primer ejercicio de diálogo entre la JEP y las víctimas. De aquí en adelante, en el caso 003, los abogados y víctimas seguirán participando en el proceso como parte de su reparación y como así lo definió el acuerdo de paz con las Farc. 

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Carolina Ávila - @lacaroa08

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