Fredy Peccerelli creció lejos de Guatemala, entre el Bronx y el barrio Brooklyn de Nueva York. Salió de su país el 24 de noviembre de 1980, escapando de las amenazas que recibía su padre en medio de la guerra civil que duró 36 años.
Cuando fue el momento de entrar a la universidad en Estados Unidos, dos nombres lo conectaron de nuevo a Guatemala: la líder indígena maya Rigoberta Menchú y Clyde Snow, un antropólogo forense conocido por identificar el cuerpo de Josef Mengele, el médico nazi que hacía experimentos con judíos en los campos de concentración de Auschwitz.
Escuche acá el pódcast "Cantar y contar hasta encontrar a los desaparecidos"
Snow fundó el Equipo Argentino de Antropología Forense y apoyó los cimientos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que Peccerelli creó y dirige desde 1997.
Así regresó a Guatemala. Ya lleva 25 años entregando a las familias los cuerpos de hombres y mujeres indígenas, campesinos y estudiantes desaparecidos por el Ejército y las guerrillas de este país.
La guerra en Guatemala dejó 200.000 víctimas, 160.000 personas fallecidas y alrededor de 40.000 desaparecidos. El 83 % de las víctimas fueron de los pueblos indígenas mayas y el 93 % de los perpetradores fueron fuerzas de seguridad del Estado, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Del total de los desaparecidos, la FAFG ha recuperado 8.000 cuerpos, gran parte de ellos en guarniciones militares, y ha identificado a más de 3.300 víctimas.
Peccerelli ha compartido la experiencia de la Fundación en El Salvador, México y Sri Lanka. En Colombia estuvo recientemente para hacer un intercambio de aprendizajes con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que nació a raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc para encontrar e identificar a los más de 100.000 desaparecidos que hay por el conflicto armado, según esta entidad. Al final de su visita por Colombia, surgió este diálogo:
Usted emprendió la tarea de identificar a las víctimas incluso antes de fundar la FAFG. ¿Cómo fue buscar a los desaparecidos durante y después de la guerra?
De las primeras cosas que tuve que hacer fue ir a Cuarto Pueblo, donde denunciaron la masacre de 424 personas. Mientras trabajábamos veíamos al Ejército regresar de los combates, había minas en la zona y vehículos incendiados. Pero nosotros seguíamos buscando porque los testimonios decían que los cuerpos habían sido quemados durante tres días y que un helicóptero iba y regresaba con más combustible todos los días. Allí recuperamos 52 bolsas de cien libras de fragmentos de huesos.
¿Y qué aprendizajes le dejó esta primera experiencia?
Cuando haces esto te das cuenta de la importancia que significa para las familias, los sobrevivientes, el que alguien camine a la par de ellos, trate de entenderlos, se tome el tiempo para explicarles las cosas y para buscar a sus familiares. Para eso teníamos que desarrollar mejores herramientas, como por ejemplo el tema genético. Con el tiempo, desarrollamos un laboratorio de genética forense acreditado, el único laboratorio en Latinoamérica que está al servicio de las familias. A pesar de que todas las investigaciones que realizamos son por orden del Ministerio Público, realmente son para las familias.
¿Trabajan con el apoyo del Estado guatemalteco?
No, no nos apoya en absolutamente nada. De hecho, nosotros apoyamos al Estado dándole nuestro servicio al Ministerio Público sin cobrarle. Guatemala sigue negando que lo que pasó fue producto de su propio Ejército. Las personas que desaparecían fueron capturadas, torturadas y sus cuerpos escondidos por las personas que nos deberían estar cuidando, eso es absurdo.
Ahora tenemos 565 cuerpos que encontramos en el Centro Regional de Entrenamiento de Operadores de Mantenimiento de Paz (Creompaz), que actualmente funciona como base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Allá encontramos 85 fosas con los 565 cuerpos y hemos identificado a 148. Lo que se puede ver ahí es el uso de un sistema de seguridad estatal volcado contra sus propios ciudadanos para instalar terror y deshacerse de todos los líderes. Se esperaría que para lograr la reconciliación en Guatemala se diera información, como está pasando en Colombia. A través de la Ley de Justicia y Paz se abrió la posibilidad de que los perpetradores dieran información de dónde estaban los cuerpos. Que haya funcionado o no es otra cosa, pero el simple hecho de crear mecanismos para que los perpetradores hablen es algo que no ha pasado en Guatemala.
¿Y qué tan difícil ha sido trabajar sin que el Estado reconozca lo que sucedió?
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico no ha sido recibido por el Estado. No aceptan lo que pasó. Muchas veces, familiares de los perpetradores se van contra nosotros y le dan la vuelta al asunto. Dicen que las masacres las cometieron guerrilleros o que no hay desaparecidos, sino que estas personas se fueron a Rusia o Estados Unidos y que fue el Ejército el que salvó a la población de lo que pasó.
A mí sinceramente no me importa quién haya sido. El Ejército no me cae ni mejor ni peor que la guerrilla. Para mí, ambos estaban equivocados y la población civil pagó por esta lucha armada que no sé si ayudó en algo. Nuestro rol no es político, no es de activismo, no es de defensa de los derechos humanos. Hacemos investigaciones científicas que lo que tratan de hacer es buscar e identificar a estas personas desaparecidas o ejecutadas, asesinadas extrajudicialmente, y devolvérselas a sus familiares para que pueden tener un entierro digno.
La FAFG trabaja de la mano con las familias. ¿Cómo aplicar esto mismo en las instituciones colombianas que se encargan de buscar a los desaparecidos?
Las instituciones necesitan reconocer que no estamos trabajando con muertos, sino con familiares con necesidades que hay que atender. Eso implica buscar espacios para la participación, no solo dando información y tomando sus muestras de ADN, sino que puedan estar físicamente en los lugares de exhumación, visitar los laboratorios y tomar la decisión de cómo, cuándo y en qué condiciones reciben los cuerpos.
¿Cómo ve el trabajo en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos?
La Unidad de Búsqueda sí está tomando muy en cuenta a los familiares. Cuentan con su participación, eso es muy alentador. También hay otros esfuerzos que he visto en el CTI o en el Instituto de Medicina Legal. Pero hay tantos desaparecidos en Colombia que hacer un solo sistema que dé respuesta a todos no es fácil; por eso es tan bueno que haya una institución como la UBPD con la función única de la búsqueda, identificación y entrega digna de los cuerpos. Me fui de Colombia con una especie de envidia de la buena por todo lo que tienen a su disposición. Hablando con los familiares pues claro, el tiempo importa, pero tienen muchas esperanzas. Lo que creo que falta aun así es más comunicación con los familiares con los que hay logros e incluso con los que no. Con ellos es donde debe haber más comunicación.
¿Qué otras conclusiones saca de su visita a Colombia?
Lo que me llevo es que hay una población civil que logró que ciertos puntos se incluyeran en los Acuerdos de Paz. Me llevo el hecho de que la creación de la UBPD es algo difícil, que requiere recursos, negociación política y espacios creados, pero es un gran logro. Y entonces me llevo el hecho de que el Estado debe responder por estas cosas, quiéralo o no. En Guatemala no tenemos eso. La capacidad forense del Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía y la UBPD es impresionante. El país tiene las instituciones, lo que hay que hacer es incluir más a los familiares, potencializar más esa información y cómo se hace esa búsqueda e identificación; pero, en general, estoy muy impresionado con lo que estoy viendo acá. Tal vez no se está comunicando realmente lo que se está haciendo ni tampoco están llenado las expectativas de los familiares. Eso va a ser difícil para la UBPD. En Guatemala nosotros estamos construidos sobre los hombros de las luchas de los familiares. Sin ellos y sin la cooperación internacional nosotros no existimos. Aquí hay leyes, hay comisiones, hay unidades, hay Fiscalía e Instituto de Medicina Legal. En Guatemala lo que nosotros hacemos es mínimo en comparación con lo que se necesita, pero quizás hay menos críticas, porque nosotros trabajamos de la mano con los familiares.
Las cifras de desaparición forzada en Colombia pueden llegar a triplicar a las de Guatemala, Argentina o Chile. ¿Qué tanta memoria colectiva hay sobre este flagelo en estos países?
Lograr que las familias de los desaparecidos existan en la conciencia, en la memoria, en el sistema de educación es un gran logro de Argentina. En Guatemala, por ejemplo, no puedes educar sobre lo que pasó, no es aceptado. Los niños no están aprendiendo sobre su propia historia porque eso es un riesgo político, así es visto.
Hay ciertas cosas de la desaparición forzada que hay que tomar en cuenta. Usualmente las víctimas son opositores o personas marginadas. Quizás eso hace el tema diferente en Argentina, que eran estudiantes tal vez de familias de clase media, media alta. En Guatemala eran personas indígenas, es todavía un país racista. Si esas personas casi que no existían antes, entonces ¿cómo queremos que existan ahora que están desaparecidas? En Colombia, fueron varios los perpetradores que desaparecieron gente y eso complica el tema acá. En Argentina, Guatemala, Chile y El Salvador fue el Estado y el Ejército en su mayoría. Acá todavía cuesta entender porque ni está claro cuántos perpetradores fueron, entre el Estado, los paramilitares, la guerrilla, los narcos. Los resultados de la Comisión de la Verdad y la UBPD van a ser muy importantes para que los desaparecidos existan en la memoria colectiva de Colombia.