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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 2018, hizo un llamamiento especial al Estado colombiano a adoptar las medidas necesarias para avanzar en la definición y entrada en vigencia de la ley estaturia que reglamenta el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
El informe fue presentado por Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de esta comisión internacional, quien añadió que la CIDH observa con preocupación que a más de dos años de la firma del Acuerdo de Paz y a un año de su entrada en funcionamiento, la JEP no cuente con esta ley.
En el informe, dado a conocer este jueves 21 de marzo en Washington, la CIDH solicitó “respeto al principio de separación de poderes y a las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley. Ello con el fin de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar los derechos de las víctimas”.
Además, la Comisión racalcó la necesidad de articular entre sí las entidades del Sistema integral de justicia transicional, JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, "así como de estos con las demás instituciones del Estado, mediante la realización de acuerdos institucionales, de modo de lograr un Sistema Integral cuyo eje central sean las víctimas en el marco del respeto de los derechos humanos de todos los actores involucrados en el conflicto".
El pronunciamiento se conoció luego de que el presidente Iván Duque objetara seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, argumentando razones de inconveniencia, decisión que implica la parálisis de la aplicación integral de la norma. El debate está hoy de vuelta al Congreso. Además, el presidente propuso una reforma constitucional para, entre otros dos puntos, evitar que la violencia sexual, incluso contra menores de edad, se juzgue en la JEP.
En este informe la Comisión dejó escrito que ve con preocupación una impunidad muy alta en el juzgamiento de estos casos en la justicia ordinaria. "la Comisión señala con preocupación que a pesar de la adopción de varias medidas encaminadas al cumplimiento de las órdenes previstas en los Autos 092 y 009 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, las informaciones recibidas indican que aún no se ha logrado garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación, estimándose en 92% de impunidad de los casos del Auto 092 y el 97% de todos los casos reportados por la Corte Constitucional".
Por esta razón recordó que el Acuerdo de Paz establece "el reconocimiento de los victimarios de todos los hechos de violencia sexual y su sometimiento a los procesos de justicia, tanto por exmiembros de las FARC-EP como por miembros de la fuerza pública, y reitera al Estado la importancia de visibilizar este tipo de violencia, estableciendo espacios específicos con privacidad y seguridad para la realización de audiencias de los casos de violencia sexual y creando dispositivos de protección para las víctimas".
Esta posición de la CIDH sobre la necesidad de garantizar la entrada en vigencia de la Ley estaturaria de la JEP y el apoyo al sistema de justicia trasicional se suma a la que ha tenido buena parte de la comunidad internacional. Entre ellas las embajadas de Alemania, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Francia, Países Bajos y Noruega y las Naciones Unidas. Recientemente, en un encuentro con Patricia Linares, presidenta de estas jurisdicción especial, le expresaron su apoyo. Para los embajadores, la JEP es un pilar del posconflicto y que su entrada en funcionamiento es necesario para la reconciliación y la reparación de las víctimas.
Líderes sociales
Frente a la situación de derechos humanos en Colombia, la CIDH reiteró también profunda preocupación por el alto número de ataques a defensores y defensoras y líderes y lideresas sociales, que ha dejado un saldo de al menos 213 muertos desde el 1 de enero de 2016 hasta octubre de 2018, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH).
Asimismo, la Comisión manifestó que en 2018 en Colombia continúan una serie de desafíos con relación a la situación de seguridad en las zonas rurales donde persiste la violencia; violaciones de derechos humanos que se mantienen en la impunidad; el alto número de personas que continúan desaparecidas; la situación de desplazamiento forzado. “Lo anterior -dice la CIDH- se suma al reto de poner en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)”.