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La Contraloría General le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el primer informe sobre desviación de recursos públicos para financiar a grupos armados ilegales. El documento se centra en los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco (Nariño), en donde hubo hallazgos por $2.800 millones entre 2007 a 2013.
El ente de control realizó una auditoría y logró establecer responsabilidades fiscales por estos hechos que involucran a terceros civiles, principalmente exfuncionarios públicos, que habrían favorecido principalmente a las Farc.
“Los dineros del erario son usurpados con con destinación diferente a la que tenían”, indicó el contralor general, Edgardo Maya, quien agregó: “Obligaban a las autoridades a entregar sumas de dinero a los grupos armados y luego obligaban, en temas de salud, a la utilización de medicamentos, ambulancias, centros médicos”.
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Según explicó Maya, los civiles además desviaban recursos que iban para él saneamiento básico y al agua potable y los entregaban a grupos al margen de la ley.
Esta información podrá servir de insumo a la JEP para develar lo hechos más graves de Nariño. Cabe recordar que el pasado 18 de julio está jurisdicción abrió el caso 002, que hace referencia a estos tres municipios.
Desde ese momento sala empezó a recibir versiones voluntarias sobre los hechos victimizantes ocurridos en esos tres municipios entre 1990 y el 1° de diciembre de 2016. Los datos con los que ya cuenta esta sala constan de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 28 sentencias condenatorias, información de 60 miembros de las Farc y la Fuerza Pública con actas de compromiso ante la JEP, el inventario de casos de la Fiscalía y la información recopilada por organizaciones de la sociedad civil.
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“La complejidad del conflicto se ve reflejada en la información que entrega la Contraloría. Frente a terceros civiles, por ejemplo, va a ser muy valiosa”, afirmó la presidenta de la JEP, Patricia Linares.