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Este jueves 18 de febrero, el país conoció un nuevo avance dentro del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), denominado oficialmente como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, mal llamados “falsos positivos”. El Tribunal de Paz indicó que, de acuerdo con los análisis que ha hecho a partir de los informes de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales, durante 2002 y 2008, fueron asesinadas 6.402 personas, 4.154 casos más que los registrados por la Fiscalía General de la Nación, entre 1988 y 2014.
Después de conocer estos datos, las víctimas de este flagelo tienen sentimientos encontrados. Algunas de ellas son optimistas, pues creen que la priorización de los territorios y la rigurosidad metodológica para armonizar las cifras de distintas organizaciones sociales permitirán que en poco tiempo se conozcan más relatos de verdad y así la JEP pueda frenar la impunidad que, según ellas, se ha gestado en la justicia ordinaria durante décadas. Otro grupo le pone freno de mano a los avances del caso y dice que mientras no haya mayores reconocimientos en casos individuales de los máximos responsables será difícil creer que se hará justicia.
Eso sí, todas coinciden en que este nuevo panorama “prueba que la Seguridad Democrática fue una política criminal”. Entre las víctimas que hacen está afirmación está Jacqueline Castillo, directora general del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo), quien asegura que el documento emitido por la JEP “es gratificante, pues es una evidencia contundente de que estos asesinatos fueron sistemáticos y generalizados, bajo el ala criminal de un gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.
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Para la lideresa, a quienes los militares le asesinaron a su hermano, Jaime Castillo Peña, las víctimas de los “falsos positivos” y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben estar orgullosas de sus esfuerzos, porque, según ella, el consolidado de estas cifras demuestra que sus denuncias han trascendido hasta el punto que el Estado, que antes ignoraba sus reclamos, hoy esté priorizando sus casos. “Aunque los mismos magistrados nos hayan dicho de frente que no pueden tomar caso por caso, porque eso les tomaría toda la vida, este auto marca un precedente que nos trazará un camino para saber quiénes dieron las ordenes y se haga justicia. Claro, sabemos que el trasfondo de estos crímenes son atribuibles al expresidente Álvaro Uribe y su Seguridad Democrática criminal, pero hay más y queremos llegar al fondo de todo esto”, agrega.
En la misma línea de Castillo está Nora Pulgarín, hermana de Humberto León Pulgarín, campesino asesinado por la IV Brigada del Ejército Nacional, el 23 de octubre de 2006 en la vereda La Concha, jurisdicción de Campamento (Antioquia). Pulgarín, quien también es miembro activo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), insiste en que los más de 9.000 casos registrados por la JEP serán pesquisas claves para llegar a un número más preciso que dibuje la magnitud de este delito que se registra desde hace 40 años.
“Era un secreto a voces que estas ejecuciones eran sistemáticas. Sin embargo, es diferente que lo diga yo a que lo haga un cuerpo de justicia como la JEP. Entendemos que esto no comenzó con el expresidente Álvaro Uribe, a sabiendas de que su responsabilidad con estos crímenes es clara y que se presentaron en su mandato más crímenes. Hay registros desde 1980 y claro que esto supone que la guerra dejó más de 10.000 casos de mal llamados “falsos positivos””, explica Pulgarín.
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Justamente, la JEP manifiestó que del total de casos de “falsos positivos” que se reportaron ante la magistratura, el 78% se presentó durante el gobierno del expresidente Uribe Vélez. Sólo en 2008 se reportaron 792 asesinatos de este tipo, mientras que en 2009 la cifra se redujo a 172, significando así una tendencia a la baja desde ese año en adelante para las cifras dentro del macrocaso.
Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo José Alvear Restrepo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Movice y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos han asegurado que dentro de las recomendaciones que harán a la JEP está que se determinen primero las responsabilidades de los altos mandos militares. En caso de que no acepten su responsabilidad, le piden a la Jurisdicción que acelere el proceso para que la Unidad de Investigación y Acusación pueda empezar investigar desde el momento de la resolución de conclusiones, que se espera se dé pronto. El tiempo, según los defensores de derechos humanos, apremia y las víctimas quieren que haya resultados cuanto antes.
Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca fueron los departamentos con mayores casos de “falsos positivos” entre 2002 y 2008, según la JEP, en coordinación con cifras recolectadas por entidades como el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).
Sin embargo, el hecho de que la priorización haya revelado que el 66% del total de víctimas esté en 10 departamentos no aporta a muchos avances para honrar la memoria de las víctimas y la lucha de sus familias, según Jhoana Cortés y Luz Atehortúa, voceras de víctimas de “falsos positivos” y desaparecidos en Soacha (Cundinamarca) y Puerto Berrío (Antioquia).
Ambas mujeres indican que si bien cualquier aporte desde la Jurisdicción es bien recibida, “no necesariamente será una llave para alzar voluntades entre los máximos responsables para que cuenten verdades completas”. Por su parte, la lideresa de Mafapo opina: “Ojalá llegue el día en el que se conozcan verdades que sucedieron en toda la geografía nacional y que las responsabilidades no se queden en mandos medios. Queremos que los militares de alto rango, ministros y presidentes envueltos en esto paguen. Que no haya impunidad como la que la jurisdicción ordinaria ha permitido. O si no vea el caso de Marcos Pinto Lizarazo, quien en su momento apoyó los escuadrones de la muerte del Batallón Atanasio Girardot y hoy está dentro de la cúpula de las FF.MM.”.
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Hay voces como la de Martha Giraldo, hija de José Orlando Giraldo, quien fue asesinado por miembros del Batallón de Alta Montaña Nº 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, en zona rural de Cali, que se levantan para mostrar que este flagelo tuvo un alcance nacional de largo aliento y por eso mismo a todas las regiones se les debe dar la misma importancia. Si bien el crimen de su padre no entra dentro de los subcasos regionales priorizados por la JEP, la vocera de Movice de la seccional Valle del Cauca espera que la segunda fase de esta investigación, en la que entrarían departamentos como Arauca, Boyacá, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Sucre, entre otros, llegue pronto para conocer las verdades de los casos de la organización que representa. “Durante 14 años se han visto subregistros irrespetuosos e intenciones estatales para que los culpables no paguen ninguna pena”, denuncia.
Giraldo, al igual que las demás voceras, desea que todos los altos mandos militares de las divisiones involucradas sean obligados a responder ante la JEP, para armar los relatos que, está convencida, le ayudarán a sanar:“Los responsables de la muerte de mi papá son prófugos que no quieren ensuciar a sus superiores, pero que quieren estar ante la JEP. No hay relatos de verdad suficientes por parte de personas como Bayron Carvajal, firmante de la misión táctica en el homicidio de mi padre, o de Carlos Enrique Sánchez Molina, comandante de la III Brigada. Tanto en el Valle como en otros lugares merecemos que estos personajes expliquen lo que sucedió para que la JEP pueda armar registros juiciosos. Esperamos que los magistrados tengan estrategias para que ellos se dejen de cubrir las espaldas y evadan la justicia. Fueron criminales de Estado y se escudaron en una supuesta política de seguridad; engañaron al país”.
Muchas de las inquietudes de las víctimas han sido recogidas por la abogada Pilar Castillo, para quien el consolidado de la JEP “por fin se empiezan a esclarecer cifras reales, que dejarán de lado las sombras de los subregistros”. La jurista es optimista con el panorama que deja esta decisión del alto tribunal porque cree que se trabajará más en la erradicación de casos ordinarios que fueron indagados bajo la Ley 906 y que dejaron un saldo de impunidad de un 99% de los casos.
“La JEP mostró hoy que no se saldrán con la suya, de buenas a primeras, aquellos comparecientes que quieren tumbar las condenas de la justicia ordinaria. Los responsables seguramente se preguntarán dos veces si quieren contar verdades a medias para esquivar sanciones. Preocupa el tiempo de la jurisdicción, pero soñamos con una segunda etapa de priorización llevada a cabo de manera juiciosa, al igual que esta. Se deben juntar los esfuerzos de la Fiscalía con la JEP, se necesita tocar militares con líneas de alto mando y el Tribunal de Paz se debe rodear con su Unidad de investigación y Acusación para mostrarle al país que a las víctimas se les responde y que hay sitios como Putumayo que dejaron 171 ejecuciones extrajudiciales o Arauca, con 180”, concluye.
La JEP ha sido enfática en que los datos son solo su apuesta para priorizar los casos y así avanzar rápidamente, y que todavía no está imputando hechos. Se espera que la acusación contra los mandos militares esté lista para el segundo semestre de este año.
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