"Estamos llegando hasta los territorios más apartados": magistrada de la JEP

María del Pilar Valencia, magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). / Cortesía IPC

María del Pilar Valencia, magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es la encargada, por ahora, de adelantar el caso 004, con el cual se priorizaron  los hechos violentos en la región de Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano, desde 1986 hasta 2016.

Esta semana está de visita en la zona para escuchar a viva voz a las víctimas del conflicto armado en esta zona, quienes le piden verdad sobre los hechos más graves  ocurridos en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó). Además, le exigen al Estado condenar a los máximos responsables que, según ellos, fueron miembros de la extinta guerrilla de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), así como también integrantes de la Fuerza Pública y civiles, como alcaldes y empresarios.

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Por eso se realizó una audiencia que será un complemento del informe escrito “Van por nuestras tierras: a sangre y fuego”, elaborado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CUP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC). El documento fue presentado en 2018, pero los habitantes de Urabá creen necesario que la magistrada no sólo conozca su región, sino que también los conozca y así mejores su lazo de confianza. Valencia estuvo de acuerdo y estas son algunas de las impresiones de este encuentro.

¿Por qué es tan importante complementar los informes escritos de las víctimas con este tipo de audiencias?

Presentar los informes escritos con orales es muy importante porque se presenta una perspectiva directa de la propias víctimas que han sufrido hechos victimizantes. Ellas aportan su vivencia y, sobre todo, cuentan el impacto que les ha generado. Esto hace que muchas víctimas, particularmente las que han sido estigmatizadas, se sientan reconocidas en su condición, de modo que eso imprime un carácter reparador al proceso y no sólo a la sentencia final. Pero también ayuda a orientar luego el diálogo con los presuntos victimarios para la definición de los proyectos de justicia restaurativa, de modo que satisfagan las necesidades y el impacto sufrido por ellas.

¿Qué destaca de este espacio en Urabá? 

De lo que hemos hecho en estos días resalto que está conectado con lo anterior. El contacto directo con la víctima humaniza el proceso y le da fuerza a la propia víctima para seguir resistiendo y persistiendo y avanzar a la evaluación.  

Usted luego se va al municipio de Mutatá, ¿qué hará allá? 

En el caso de Mutatá, estamos coordinando con los sistemas judiciales convencionales con los sistemas de justicia de los pueblos étnicos. Aquí haremos una práctica de pluralismo jurídico. Con los pueblos se están construyendo rutas de participación. Esto no sólo ayudará al caso de Urabá sino que servirá como precedente en otros  sitios. Actualmente, este ejercicio se está haciendo también en el caso de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, y en el caso del Norte del Cauca y sur Del Valle del Cauca. Esto es lo novedoso del sistema de justicia transicional. Normalmente, en otros mecanismos, la víctima es quien tiene que llegar a la jurisdicción. Y aquí pasa al contrario: nosotros estamos llegando hasta los territorios más apartados. Eso contribuye a otro elemento de la reconciliación: la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía con el Estado.

Usted en la audiencia pedía nombres, fechas, hechos muy específicos. ¿Por qué es tan importante ese nivel de detalle si al final ustedes no juzgan casos individuales? 

Es muy importante porque, a pesar de que nosotros vamos a abordar patrones de crímenes y no caso a caso, para las versiones voluntarias, a las que se llamarán a los comparecientes, se necesita que sea personas individualizadas que asuman responsabilidad. En términos de verdad, que nos expliquen a grandes rasgos está bien. Y esto puede aportar más a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Pero, para la verdad judicial, es necesaria la individualización. Sobre todo para quienes no reconozcan su responsabilidad sobre estos crímenes, porque va a orientar la Unidad de Investigación y Acusación a futuro.

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En Urabá llama la atención de la importancia de los terceros civiles en el conflicto armado. Pero ahí podría estar la pata flaca de la JEP teniendo en cuenta que deben someterse voluntariamente. ¿Cómo van a hacer para juzgar a estas personas? ¿Cuáles son sus limitaciones y alcances? 

Ahí hay dos situaciones. La primera es que si los eventuales comparecientes que no están obligados, como los civiles, han sido señalados en los informes o hay pruebas, de todas maneras hay incentivos para que ellos hagan parte del proceso. Y lo han hecho. Hemos estado recibiendo más solicitudes de terceros que están dispuestos a acudir a la JEP. Si estos no se acogen voluntariamente, a pesar de ser nombrados en informes, nosotros debemos compulsar copias a la justicia competente. Y ahí se nos sale de las manos controlar la impunidad. Pero hacemos contribución para que se activen esos mecanismos y la justicia ordinaria cumpla de manera eficiente.

Pero si algo enseñó el proceso con los paramilitares en Justicia y Paz es que esto no sucede. Se compulsaron 16.000 copias y no sucedió nada.

Eso es un problema estructural del sistema de administración de justicia que se sale de nuestras manos, pero nosotros hacemos lo que nos corresponde.

¿Qué ha pasado con los civiles que estarían relacionados con el caso de Urabá? ¿han ido a la jurisdicción?

Por el momento no tenemos la estadística, pero no creo que hayan llegado muchos. El número de civiles que han pedido someterse a la JEP ha aumentado a nivel general. Pero se espera que después de las primeras versiones voluntarias haya un impacto. Se ha demostrado en estudios preexistentes a la JEP que existieron unas relaciones históricas entre actores del desarrollo económico y político que estaría en el trasfondo del conflicto. Y no es porque lo haya dicho la JEP, sino que está estipulado en informes de las víctimas, organismos nacionales e internacionales y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Uno pensaría que dados los incentivos para la reconciliación es muy probable que se acojan.

¿Cómo va el caso 004, que priorizó la zona de Urabá y Bajo Atrato?

Estamos haciendo una aproximación solamente a un número determinado de municipios. Esta primera etapa nos va demostrando ya unos patrones de macrocriminalidad y nos está conduciendo a la identificación de máximos responsables. Se espera una segunda etapa, donde se pueda ampliar a otras zonas de la región, puesto que los actores armados son los mismos de los municipios ya priorizados. En este momento se están procesando los informes recibidos de víctimas y de la Fiscalía, para identificar de los listados de comparecientes que tenemos e incrementar con la nueva información a los que falten para preparar las versiones voluntarias (en estas diligencias los magistrados preguntan a los máximos responsables sobre los hechos cometidos en el conflicto armado). Se está estableciendo un orden para llamar a quienes ya hemos identificados y tenido bastante información. Ya se está alistando el cronograma para iniciarlas, creemos, en dos meses.  Cabe mencionar que eso no significa que dejemos de recibir informes y nuevos nombres. La información será recibida siempre.

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Una de las grandes dudas de la gente de Urabá es la competencia de la JEP sobre las tierras. ¿Cómo gestionarán ustedes este tema? ¿entregarán parcelas para la reparación?

Hay dos cosas. Nosotros entendemos a las víctimas y sabemos que para ellas el Estado es un solo. Pero debemos insistir en las diferencias de los mecanismos de justicia transicional. La JEP tiene una función diferente a la de los jueces de restitución de tierras, que tienen unos alcances relacionados con el desplazamiento forzado y el despojo territorial. La jurisdicción investiga estos hechos con fines penales, pero no tenemos autoridad sobre los jueces de tierras para lo de su competencia. Lo que nosotros hemos hecho es la colaboración armónica ¿por qué? Porque la actividad que desarrolla la sede administrativa de la Unidad  de Restitución de Tierras y la actividad judicial de los jueces sí aportan insumos de información que nos permiten esclarecer eventuales patrones delictivos que se hayan vinculado al despojo y otros delitos conexos que se mueven alrededor de esta problemática. 

¿Esa información también la usan para identificar a los máximos responsables? 

Sí, los jueces de tierras y la Unidad de Restitución tienen información muy valiosa que aporta para identificar a los responsables, ya sean actores o civiles beneficiados por estos fenómenos. 

Los pobladores de Urabá creen en la JEP. Ellos dicen que ustedes pueden ser una salida al conflicto. ¿Es una enorme responsabilidad que quizá puede jugarles en contra? 

Esto tiene una doble dimensión. Por un lado, una satisfacción grande porque hay confianza y respaldo de la ciudadanía. Pero, por el otro, una preocupación sobre las expectativas. Hay una serie de limitaciones históricas que somos conscientes que es muy probable que se queden sin resolver en términos de esas enormes expectativas de las víctimas. Nosotros asumimos el reto con la responsabilidad y el mismo proceso les indicará a las victimas qué puede esperar de cada uno de los competentes de la justicia transicional, que no son exclusivos de la JEP. También está la jurisdicción de Justicia y Paz y también la justicia que administran los jueces de tierras. La preocupación grande es que la vigencia de la Ley de Víctimas sólo tiene 10 años, está próxima a vencerse y hay riesgo de un limbo sobre unos mecanismos que ha construido el Estado para dar respuestas a las necesidades y derechos de las víctimas como lo ordenó la Corte Constitucional.