La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso este lunes una sanción de ocho años a siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC por 21.936 casos de secuestro cometidos durante el conflicto armado.
La decisión marca un hito en la justicia transicional: es la primera condena de carácter restaurativo contra máximos responsables de esa organización insurgente, reconocidos por crímenes de lesa humanidad y de guerra. También es la primera a nivel mundial porque la JEP es, hasta ahora, el único tribunal de justicia transicional.
Los sancionados son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel.
En un comunicado conjunto, los exdirigentes asumieron su responsabilidad y reiteraron el pedido de perdón que ya habían hecho en diferentes audiencias ante la JEP. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba”, señalaron. Y agregaron: “Iniciamos estas palabras reafirmando nuestra solicitud de perdón, de manera clara y directa, a todas las víctimas que sufrieron esta violencia, a sus familias y a la sociedad colombiana. El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica”.
Aunque advirtieron que todavía no han recibido la notificación oficial de la sentencia -lo mismo dijo la JEP en la audiencia de lectura de la sentencia-, reconocieron que las sanciones son “la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”. En esas audiencias, dijeron, no solo aportaron información y reconocieron su responsabilidad, sino que también expresaron “el anhelo de que algún día podamos ser perdonados”.
El comunicado enfatiza que las sanciones propias no son únicamente un mandato judicial, sino también un deber moral con el país: “Reconocemos que estas sanciones propias no son solo un mandato de la justicia para la paz, producto del Acuerdo de Paz, son también un compromiso ético y político con las víctimas y con Colombia. Asumimos la obligación de cumplirlas de manera efectiva, con acciones restaurativas que aporten a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron”.
Los excomandantes también recordaron que en octubre de 2024 hicieron pública su aceptación de responsabilidad como máximos responsables de los secuestros, renunciando expresamente a la presunción de inocencia en los hechos imputados. Según subrayaron, esa decisión buscaba ofrecer garantías jurídicas a “miles de hombres y mujeres que estuvieron bajo nuestro mando, y a sus familias”, quienes siguen a la espera de que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de La Habana.
El fallo de la JEP abre una nueva etapa: la ejecución de sanciones restaurativas que deberán traducirse en trabajos, obras y actividades reparadoras (TOAR). “Nuestro compromiso es dedicar todos los esfuerzos a realizar estas acciones que dignifiquen a las víctimas y ayuden a reconstruir el tejido social roto por la guerra y aportar a la construcción de una Colombia justa y en paz”, afirmaron los firmantes. Y concluyeron: “Con estas sanciones refrendamos nuestro compromiso con la verdad, con las víctimas y con Colombia. Este es un paso más en el camino de la reconciliación: cerrar heridas abiertas por más de seis décadas para construir, entre todos, una paz estable y duradera”.
A este mensaje colectivo se sumó Pastor Alape a través de redes sociales, donde escribió: “Estamos comprometidos con una paz incluyente y restaurativa. Asumir las sanciones es también asumir la responsabilidad con las víctimas y con Colombia. Cada paso que damos reafirma el camino de reconciliación y construcción de un futuro sin violencia”.
El fallo se produce en medio de un ambiente de debate nacional. Para las víctimas, representa un reconocimiento histórico de la magnitud de los crímenes cometidos por la antigua guerrilla.
Sin embargo, persisten dudas sobre si las sanciones propias son suficientes frente al daño causado por miles de secuestros que marcaron a varias generaciones. Para los excomandantes, en cambio, constituye una oportunidad para reafirmar su compromiso con el Acuerdo Final y para avanzar hacia un proceso de reconciliación que, según insisten, debe ir más allá de lo jurídico y materializarse en hechos concretos de reparación y no repetición.
Este es el comunicado del antiguo secretariado de las FARC:
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