JEP y Desaparecidos

1 Apr 2022 - 2:00 a. m.

Las escenas tras la histórica audiencia de reconocimiento por “falsos positivos”

Así se vivió en el recinto la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad convocada por la JEP en la que 10 militares y un civil reclutador reconocieron su responsabilidad en 120 casos ocurridos en el Catatumbo.
Sebastián Forero Rueda

Sebastián Forero Rueda

Periodista Colombia 2020
El coronel (r) Rubén Darío Castro junto con Idalí Garcerá, madre de Diego Tamayo, joven de Soacha desaparecido en 2008. / Óscar Pérez
El coronel (r) Rubén Darío Castro junto con Idalí Garcerá, madre de Diego Tamayo, joven de Soacha desaparecido en 2008. / Óscar Pérez
Foto: Óscar Pérez

En uno de los recesos de la audiencia, Beatriz Méndez, madre de Weimar Armando Castro Méndez y tía de Edward Benjamín Rincón Méndez —víctimas de los falsos positivos en Norte de Santander— se acercó a la tarima, al costado donde estaban los comparecientes. Quería hablar por unos minutos con el coronel (r) Rubén Darío Castro y encargarle un dato que ha estado buscando. Castro llegó a comandar en Bogotá el Batallón de Policía Militar número 13 en noviembre de 2004, y hombres de esa unidad militar serían los responsables del asesinato de su hijo y su sobrino, meses antes, en junio de ese año. Quería preguntarle quiénes estaban en ese batallón antes de que él llegara, quién estaba al mando, y así poder acercarse un poco más a la verdad en el caso de sus familiares.

La escena se repetía en cada receso de la audiencia de reconocimiento de responsabilidades que convocó la Jurisdicción Especial para la Paz en la que diez militares y un civil debían responder ante las familias de las víctimas por el asesinato de 120 jóvenes que luego hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate.

Durante los dos días que duró la diligencia, las madres presentes aprovecharon para acercarse a alguno de los militares e indagar por el dato que les hace falta en el rompecabezas del caso de su familiar: una fecha, un nombre, un lugar. No todas las víctimas que fueron a la audiencia habían participado en los encuentros previos con ellos y sabían que era el momento de buscar respuestas. Otras aprovecharon para intercambiar números de celular con ellos y comprometerlos a encuentros o llamadas futuras. Ellos escuchaban a quienes se les acercaban y trataban de dar alguna respuesta.

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Ese ha sido el camino que han seguido las familias durante décadas. Indagar, tocar puertas, convertirse en investigadores que levantan información y denuncian, gritan, increpan. Si no fuera por ese trabajo, liderado en su mayoría por mujeres, estos casos no se habrían conocido. Así lo destacó la magistrada Catalina Díaz, relatora del subcaso Catatumbo dentro del macrocaso falsos positivos.

En otra de las pausas, encontré a Flor Hilda Hernández en una de las aulas del segundo piso, procesando el reconocimiento que acababa de escuchar de uno de los responsables directos en el asesinato de su hijo Elkin Gustavo Verano. El sargento (r) Sandro Pérez se había parado minutos antes frente a ella en la audiencia y había sostenido la flor que ella misma le entregó la primera vez que se encontraron, como símbolo del caso de su hijo.

“Yo entendí que aquí está reflejado su dolor y que aquí está reflejada la responsabilidad que yo tengo: le quité la vida a su hijo”.

“Puede ser que esta flor no valga mucho para muchas personas que nos están viendo; pero para usted, señora Flor, yo entendí que aquí está reflejado su dolor y que aquí está reflejada la responsabilidad que yo tengo: le quité la vida a su hijo. Gracias por hacerme entender el valor de la vida”, afirmó el sargento Pérez en su intervención. Mientras él hablaba y decía cada uno de los nombres de sus víctimas, las presentes en el auditorio se deshacían en lágrimas y un puñado de ellas tuvo que salir acompañada de los expertos psicosociales que acompañaron el espacio.

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“Él me sorprendió, porque yo hallaba esas flores en la basura”, me dijo Hernández. También me aseguró —y lo aclaró después cuando habló en la audiencia— que el gesto de tocarse varias veces el pecho mientras el sargento Pérez intervenía no era en respaldo de lo que decía, sino para que sintiera el dolor que ella ha sentido.

En esa intervención, ella resaltó —quizá sin quererlo— el valor de la audiencia que se estaba desarrollando. “En la (justicia) ordinaria ¿Cierto que nos miraban como por sí o por no? ¿Cómo se sienten aquí hoy?” y se refería a varios de ellos con nombre propio.

Como ella, varias víctimas que participaron en ese espacio —la mayoría habitantes de zonas marginadas— les hablaron duro y fuerte a quienes fueron generales y coroneles. No se cansaron de decir que faltó verdad.

Cuando finalizaba la intervención del general (r) Paulino Coronado, quien aseguró no tener conocimiento como comandante de la Brigada 30 de lo que estaban haciendo hombres bajo su mando, las víctimas se pusieron en pie y ondearon carteles que mostraron su inconformidad. “Aquí faltó verdad”, “faltan máximos responsables”, “quiero a Montoya ya”, se leyó. Esto último en referencia al general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército.

Aunque Coronado se atuvo a la imputación que le hizo la jurisdicción, por omisión, sostuvo que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus subalternos en la región. La misma magistrada Catalina Díaz le indicó en la audiencia que una reunión con campesinos del Catatumbo en 2007 contradice esa versión. Ahora, esa justicia debe valorar el reconocimiento de él, que, en el fondo, no alcanzó a empañar los otros testimonios, duros y esclarecedores de varios de los militares que participaron.

Zoraida Navarro fue otra de las víctimas que se acercaron a los comparecientes en medio de los recesos. En su caso, quería unas palabras del coronel Álvaro Diego Tamayo, comandante del Batallón Francisco de Paula Santander en la época. Al padre de ella, Jesús Emilio Navarro, después de asesinarlo en una vereda de El Carmen (Norte de Santander), lo subieron a un helicóptero y su familia nunca volvió a verlo. Hasta hoy no lo han encontrado. Quería preguntarle a él por qué nunca les permitieron ver el cadáver y tratar de esclarecer lo que ocurrió después, de acercarse un poco más al paradero del cuerpo de su padre.

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“Jesús Emilio Navarro no era una persona mala, no fue una persona que ocasionara daños ni perteneció a ninguna estructura criminal”

El valor de la audiencia era tan significativo para ella que no permitió que se acabara la diligencia hasta que se pronunciara de forma correcta el nombre completo de su padre. El coronel Gabriel Rincón Amado había errado en el apellido. “Y si por esto continuamos hasta las diez de la noche, nos quedamos. Pero yo quiero que hoy se mencione el nombre de mi padre como debe ser. Señor Amado, usted lo mencionó Medina, pero él es Navarro (…) Si no es hoy, no es nunca”. En seguida, el coronel Rincón rectificó: “Reconozco el buen nombre de Jesús Emilio Navarro, porque no era una persona mala, no perteneció a ningún grupo subversivo, no fue una persona que ocasionara daños ni perteneció a ninguna estructura criminal”.

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