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Según datos de la Jurisdiscción Especial para la Paz (JEP), el departamento del Huila registra 274 casos de “falsos positivos” entre el 2002 y el 2008. Según la JEP, se presentó un incremento exponencial entre el año 2005 y el 2008 por los operativos llevados a cabo por la División V del Ejército, a través de su Batallón de Infantería No. 27 Magdalena y su Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza (Bipig).
Aunque autoridades del departamento han negado que en su territorio se hayan presentado casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas por la Fuerza Pública como bajas en combate, desde hace 19 años, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH) trabaja haciendo el registro, la investigación y el acompañamiento psicojuridico a las víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Huila y Caquetá.
Como parte de su trabajo, el próximo 30 de mayo a las 4 pm en el Centro Nacional de Memoria Histórica estrenarán un documental de 25 minutos llamado Tejiendo resiliencia, realizado en colaboración con la Red de Mujeres Tejedoras de Memoria y Resiliencia del Huila compuesta principalmente por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento.
El Observatorio nació en el año 2004 como una iniciativa de estudiantes y docentes de la Universidad Surcolombiana a favor de los derechos humanos en la región. Para el año 2010, obtuvieron la personería jurídica y se constituyeron legalmente. Desde entonces, no han parado de documentar casos de violación de derechos humanos en el Caquetá y Huila a través de la publicación anual de la revista Voces y Silencios que este año tendrá su edición No.16.
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“Contamos actualmente con 282 víctimas de falsos positivos en nuestros registros, sin embargo, somos conscientes del alto subregistro presente. Los municipios con mayor número de casos son aquellos ubicados cerca a los Batallones Cacique Pigoanza y Magdalena tales como Garzón y Pitalito. Esto es importante de mencionar porque aquí en el Huila, los políticos y las clases altas siempre han negado la existencia de falsos positivos como estrategia para limpiar el nombre del Ejercito. Nosotros partimos de no creerles a ellos, les creemos a las victimas y a sus familiares”, señala Andrea Jiménez, defensora de derechos humanos y directoria ejecutiva del Observatorio.
Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Huila
La Jurisdiscción Especial para la Paz (JEP) en su macrocaso 03 llamado asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, el departamento del Huila registra 274 casos de “falsos positivos” entre el 2002 y el 2008. “De 2005 a 2008 se da un periodo clave para nuestras investigaciones pues fue el periodo donde aumentaron considerablemente estos casos en la región en el marco de la exigencia de resultados y bajas por parte del gobierno del expresidente (Álvaro) Uribe. Los números de ejecutados extrajudicialmente bajo este periodo son escabrosos y ubican al departamento como el sexto a nivel nacional con mayor número de víctimas de falsos positivos. El Huila nunca fue ajeno a estos hechos y las familias de las víctimas fueron víctimas del Estado Colombiano”, menciona Jiménez.
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Entre las muchas víctimas de estos casos de “falsos positivos”, por parte de militares en el Huila, existen algunos con gran recordación dentro del departamento. Tal es el caso de Miller Andrés Blandón, un joven universitario de Artes de la Universidad Surcolombiana que trabajaba como estatua humana en el centro de Neiva y que fue reportado como “dado de baja” en la vereda Jerusalén (Isnos) el 18 de julio de 2008, por parte del Batallón Magdalena adscrito a la IX Brigada. También el caso de Giancarlo Rincón Cabrera, un joven técnico en publicidad que vivía en Pitalito con sus padres e hijos y que fue reportado como abatido en combate el 6 de enero de 2007 por el Ejército.
Finalmente se encuentra el doloroso caso de Juan Carlos Aguirre, a quien el Ejército Nacional no solo presentó como “baja”, incluso con el alias de “El Cura”, sino además, desapareció su cuerpo durante cuatro años – De 2008 a 2012-, hasta que finalmente logró ser ubicado en el cementerio central de Neiva como persona no identificada. Sin embargo, sobre este caso recae algo aun hoy que resulta indignante: Por falta de recursos los familiares de Juan Carlos no pudieron seguir pagando su tumba en el cementerio y su administración decidió trasladarlo al área donde reposan las personas no identificadas, conocida como Monumento 14. En pocas palabras, Juan Carlos Aguirre en este momento se encuentra nuevamente en situación de desaparición, esta vez por el mal manejo de su cuerpo en el cementerio central de Neiva.
¿Quiénes dieron las ordenes en el Huila?
“La impunidad siempre ha sido desbordante en el reconocimiento de responsabilidades por estos hechos de parte de la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Los castigos no han sido realmente contra quienes dieron las directrices de estos asesinatos: los comandantes. Solo se ha condenado a quienes ejecutaron las acciones, mas no a quienes las ordenaron”, comenta Andrea Jiménez, defensora de derechos humanos y directoria ejecutiva del Observatorio.
Para el caso del departamento del Huila, según datos del Observatorio, son 8 los comandantes militares que acumulan en sus responsabilidades de mando entre 2002 y 2009, crímenes de “falsos positivos” integrando en su gran mayoría para la época, la cúpula direccional de la IX Brigada en el departamento: El Coronel Juan Pablo Rodríguez (2004) con dos casos documentados de presuntas víctimas; el Coronel Miguel Pérez (2004-2006), con 21 presuntas víctimas; el Coronel Jaime Lasprilla (2006-2007) con 103 presuntas víctimas y el Brigadier general William Pérez (2007-2008) con 75 presuntas víctimas.
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De esta IX Brigada a su vez se desprenden dos batallones que merecen un análisis adicional porque los crímenes de sus comandantes integran más del 50% sobre el total histórico de víctimas reportadas en el departamento. Se trata del Batallón Cacique Pigoanza de Garzón (Huila), el cual bajo la comandancia del Coronel Jair Salamanca Robles (2006-2007) y luego bajo el mando del Teniente Coronel Ricardo López (2007-2009) esta señalado de haber perpetrado 64 presuntos crímenes contra civiles.
El Batallón Magdalena de Pitalito (Huila), bajo la comandancia del Coronel Marcos Evangelista Pinto (2007-2009) y Edgar Alberto Rodríguez (2006-2007) tienen reportados como presuntas víctimas a 82 civiles ejecutados extrajudicialmente. Este último, Edgar Alberto Rodríguez, hasta hace 9 meses asumía la dirección del Comando Conjunto No.3 del Suroriente, siendo visiblemente recordado por el presunto golpe a disidencias de las FARC el 28 de marzo del 2022 en Alto Remanso que dejó como saldo final 11 muertos, 4 de ellos civiles.
16 años sin Andrés Mauricio Duarte
Hilda Guzmán Perdomo tiene 61 años y vive en Gigante (Huila). Se reconoce como víctima del Estado colombiano pues el 12 de abril del 2007 su hijo Andrés Mauricio Duarte Guzmán fue asesinado por tropas militares adscritas al batallón Cacique Pigoanza de Garzón haciéndolo pasar como guerrillero.
Andrés Mauricio, radicado en Neiva, vendía frutas y verduras en las calles con una carreta los viernes, sábados y domingos para ahorrar y visitar entre semana a su mamá y ayudarle a arreglar su vivienda. El miércoles 11 de abril, mientras Hilda estaba en Neiva comprando materiales para las reparaciones, Andrés Mauricio se adelantó y se los llevó en una camioneta que iba para Zuluaga (Garzón), a 30 minutos de Gigante. Estando ya en su pueblo natal decidió salir y compartir con sus amigos en un billar cercano. Desde ese momento, jamás se volvió a saber de su paradero.
Al principio, Hilda pensó que quizás había salido a recoger café donde un amigo llamado Abelardo en la vereda Tres Esquinas (Gigante), como en ocasiones anteriores. Sin embargo, el mismo Abelardo alertó a Hilda sobre la noticia de cinco jóvenes abatidos en la vereda El Chonta (Gigante). De inmediato, Hilda salió hasta la morgue local del Hospital de Gigante y allí, con claros indicios de tortura y sevicia, reconoció a su hijo asesinado.
En medio de su desesperación, Hilda al ver la inoperancia investigativa de las autoridades frente al caso, decidió ella misma reconstruir los hechos apoyada en vecinos y testigos. De esta manera, recogió testimonios que señalaban que los militares adscritos al Batallón Cacique Pigoanza (Garzón) llegaron en un camión hasta el billar, hicieron una redada ilegal y ya en la vereda El Chonta, hacia la media noche, hicieron disparos al aire para desviar los gritos de auxilio que realizaban los jóvenes mientras estaban siendo asesinados.
El caso ante la JEP
El 20 de Diciembre de 2021, el coronel (r) Carlos Jair Salamanca, excomandante de la Brigada 29 del Ejército que tuvo a su cargo el Batallón Cacique Pigoanza fue citado por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el marco del proceso por ejecuciones extrajudiciales que bajo su comandancia se llevaron a cabo en el departamento del Huila, entre julio de 2006 y noviembre de 2007.
Durante la audiencia, señaló que fueron las quejas de algunos comerciantes y ganaderos de la zona por extorsión lo que motivaron la cacería de “delincuentes” en bares, billares y estaderos del municipio de Gigante. Señaló, además, que mientras un camión del Ejército subía, vio unos jóvenes en el billar y pensó que allí reposaban los “extorsionistas”, para posteriormente, asesinarlos a campo abierto. Incluso, mencionó que uno de los jóvenes corrió huyendo ante la persecución militar, Sin embargo, fue sacado y arrastrado a la fuerza de nuevo al camión por parte de los militares para ser traslado finalmente a la vereda El Chonta donde se llevó a cabo su ejecución.
Para la JEP, estos crímenes cometidos por militares contra civiles en el departamento del Huila son una prioridad dentro del macrocaso 03 conocido como el de “Asesinatos y desapariciones forzadas mostradas presentados como bajas en combate por Agentes del Estado” junto a los crímenes cometidos por otros militares en Antioquia, Casanare, Meta, Costa Caribe y Norte de Santander. Justamente, sobre estas dos ultimas regiones la JEP desde el año pasado avanza en audiencia de imputación de cargos a militares involucrados en más de 120 crímenes contra civiles.
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Mientras las ordenes de imputación empiezan a surtir efecto para los casos en el Huila, Hilda no solo espera condenas justas contra los autores del crimen de su hijo, sino además, un acto de desagravio por parte de los medios de comunicación locales y nacionales que tildaron a su hijo en más de una oportunidad en sus titulares como “delincuente”, “extorsionista” y “guerrillero”.