Finca donde habría desaparecidos está arrendada a sobrino de un exministro

A la audiencia acudieron decenas de víctimas de todo el departamento, para escuchar de primera mano las respuestas de las instituciones.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este viernes 20 de agosto, desde Sincelejo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia pública para hacerle seguimiento a la situación de los desaparecidos que el conflicto armado dejó en San Onofre (Sucre). En concreto, el Tribunal de Paz convocó la diligencia para evaluar el cumplimiento de las órdenes que emitió en una audiencia de noviembre de 2019, encaminadas a proteger cuatro lugares del municipio donde estarían inhumadas personas dadas por desaparecidas: el cementerio municipal, el de Rincón del Mar, y las fincas La Alemania y El Palmar.

Esta última, ubicada a las afueras de San Onofre, carga encima una historia de dolor. A principios de los años 2000, Rodrigo Mercado Peluffo, conocido como Cadena, la convirtió en base de operaciones del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia. A ese predio, además, los paramilitares llevaban a todo aquel que señalaban de guerrillero. Después de que las víctimas pasaban las puertas de la finca, nunca más las volvían a ver. Se dice que las personas eran torturadas, que las guindaban de un enorme árbol de caucho ubicado dentro del predio y hasta se ha mencionado un lago de caimanes al que habrían sido arrojados algunos de los cuerpos.

En la audiencia de noviembre de 2019 se supo que la finca, bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), había sido arrendada a un tercero con un canon de $500.000 pesos mensuales, un precio ínfimo para su extensión de 556 hectáreas. Eso sin contar que jamás se tuvo en cuenta que allí, como lo han denunciado las víctimas de la guerra y las organizaciones sociales, pueden estar inhumadas 500 personas dadas por desaparecidas.

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En la diligencia judicial de este viernes en Sincelejo, Gustavo Salazar, magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, preguntó sobre el nombre del actual arrendatario de El Palmar: Ricardo Martínez Mordecai.

Se trata del hijo de Cecilia Mordecai y Ricardo Martínez, este último (ya fallecido) hermano de Hernán Martínez, exministro de Minas y Energía durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según el contrato de arrendamiento, firmado el 01 de marzo de 2010, la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE) entregó en arriendo a Ricardo Enrique Martínez Mordecai la finca El Palmar con un canon de $500.000.

Hernán Martínez ejerció como ministro de Minas y Energía desde julio de 2006 hasta el 7 de agosto de 2010, cuando acabó la presidencia de Uribe. Ello implica que al momento en que el Estado entregó en arriendo la finca a Ricardo Martínez Mordecai (marzo de 2010), su tío era ministro. Al mes siguiente, abril de 2010, el hermano de Hernán Martínez y padre de Ricardo fue asesinado en Turbaco (Bolívar). En ese momento, desde el velorio, el presidente Uribe ofreció hasta $50 millones de recompensa por los autores del asesinato.

Pero en la audiencia de este viernes, el magistrado Salazar preguntó específicamente por qué el arrendatario de El Palmar era Ricardo Martínez Mordecai y por qué el canon de arrendamiento del predio era tan bajo. Sin embargo, la representante de la SAE en la diligencia explicó que esa entidad existe a partir de 2014, cuando heredó todo de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), incluyendo El Palmar y su contrato de arrendamiento. Por ello, no pudo dar cuenta de las condiciones en las que se hizo ese contrato 11 años atrás.

Lo preocupante es que hace dos años, en la audiencia de 2019, cuando la magistratura indagó por los funcionarios que tomaron esta decisión y por la fecha de finalización del contrato, la SAE dijo no tener respuesta en el momento y se comprometió a tener la información. Hasta ahora tampoco ha llegado esa documentación a la JEP.

A pesar de las peticiones de las víctimas de buscar a sus familiares y de las declaraciones de paramilitares en el tribunal de Justicia y Paz, hasta 2018, cuando empezó la JEP a estudiar si debía proteger el predio, el Estado había emprendido pocas acciones. El temor ahora es que esta finca, que es usada para ganadería, sufra afectaciones y se vean vulnerados los derechos de las víctimas.

La audiencia de San Onofre hace parte de las acciones que está tomando la JEP en el marco del estudio de medidas cautelares sobre 17 sitios en todo el país donde, según las organizaciones de víctimas, habría personas dadas por desaparecidas. Desde 2018, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitó su protección con el fin de salvaguardar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.