Jaime Peña murió por COVID-19 sin ninguna respuesta sobre su hijo desaparecido

Foto: (C)2014 {su nombre},...

“No vivimos una vida plena si no estamos dispuestos a morir por lo que amamos”, fue la última frase que anotó Jaime Peña en uno de los tantos cuadernos en el que dejaba sus reflexiones y tareas pendientes. Su nieta mayor, Geraldine Peña, la leyó al recoger sus pertenencias y confirmó que la vida de lucha de su abuelo se basó en el amor profundo que tenía hacia su familia: su esposa Marlen Rodríguez, sus cuatro hijos varones y tres nietas.

Ese amor fue su fortaleza luego la desaparición de su hijo menor, Jaime Yesid Peña Rodríguez, el 16 de mayo de 1998. A sus 16 años fue una las 32 víctimas que dejó la masacre cometida por las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), según este grupo armado, por los supuestos vínculos de la población con la guerrilla del Eln.

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Ese sábado por la noche, camionetas con paramilitares cruzaron los barrios del suroriente de Barrancabermeja, amenazaron a sus habitantes, secuestraron a varios jóvenes y asesinaron a otros más. Siete personas fueron asesinadas en el sitio y a 25 las desaparecieron. Las llevaron a la base que tenía en San Rafael de Lebrija y las mataron.

La orden de esta masacre la dio Guillermo Cristancho Acosta o Camilo Morantes, jefe máximo de las Ausac, y la incursión la lideró Mario Jaimes Mejía o El panadero. En Justicia y Paz, el tribunal en el que fueron juzgados los paramilitares, El panadero aseguró que el crimen fue cometido con apoyo de policías, militares e integrantes del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Jaime Peña y Marlen fueron los primeros en dar aviso en la estación de Policía y en ir al Batallón de Artillería Nueva Granada para pedir ayuda. La última vez que vio a su hijo, lo subían a una camioneta a la fuerza, apuntándole con un fusil por la espalda. Hasta el pasado jueves 24 de junio, cuando murió por covid-19, Jaime no descansó en la búsqueda de su hijo.

“En la tierra no pudo encontrar a Jaime, pero ya en el reino de los cielos sí estará con él”, dice Rocío Campos, amiga y compañera de Jaime Peña en el Colectivo 16, integrado por las familias de las 32 víctimas de la masacre. “Desde el colectivo hemos dicho que seguiremos con nuestra bandera en alto porque ese era su propósito. Él era un empoderado y convencido de que íbamos a poder demostrar la responsabilidad del Estado en este crimen y las desapariciones forzadas”.

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Jaime iba a cumplir 80 años el 10 de octubre. Era hipertenso y solo le habían aplicado una dosis de la vacuna. Fue hospitalizado el martes 22 por complicaciones respiratorios a raíz del covid-19 y familiares y amigos pidieron en redes sociales y desde Barrancabermeja que le dieran una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El jueves en la noche falleció.

Nació en Puerto Berrío (Antioquia) y a mediados de los años sesenta llegó a Barrancabermeja. Estudió hasta quinto de primaria y lo demás lo aprendió de la vida. “Él era la cabeza del hogar y muy sabio. Se sentaba con nosotros ante cada decisión que teníamos que tomar para no cometer un error. Desde pequeña me llevaba a los talleres de memoria y sabía que en mí dejaría su legado”, cuenta su nieta Geraldine, de 26 años y funcionaria de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una de las tres entidades que nacieron del Acuerdo de Paz con las Farc.

Jaime estuvo dos años en el Ejército, trabajó en labores de campo, en petroleras. También fue barman, carpintero y, en los últimos años, asesor de seguros. Sin embargo, fue la defensa de los derechos humanos lo que lo llevó a destacarse en todo el país.

En agosto de 2014, hizo parte de la primera delegación de 12 víctimas del conflicto armado que viajó a La Habana (Cuba) para reunirse con los negociadores del Gobierno y las Farc, en un proceso de paz que apenas tomaba fuerza. Allá insistió en la importancia de la búsqueda de los desaparecidos como forma de reparación y fue uno de los pocos hombres buscadores de los más de 120.000 desaparecidos por el conflicto que hay en Colombia. Esta labor ha sido asumida en su gran mayoría por madres, hermanas, esposas e hijas.

Lo que ocurrió con Jaime es usual con muchas familias víctimas de desaparición forzada en Colombia: fallecen antes de encontrar a sus parientes por falta de atención o demoras de las instituciones encargadas de la búsqueda.

“Él fue una persona totalmente activa en este proceso desde el principio. Siempre estuvo al frente de la búsqueda de justicia, verdad y reparación de todas las víctimas de la masacre. Iba a las audiencias de Justicia y Paz, estuvo en las entregas dignas de algunas de las víctimas desaparecidas y fue uno de los promotores del Colectivo 16”, describe Eduardo Carreño, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar) que lleva el caso.

De acuerdo con el portal Rutas del Conflicto, Jaime Peña conservaba intacto el cuarto de su hijo y colgó en su casa varios de los cuadros que pintó. A Jaime Yesid le gustaba dibujar y hacía parte del grupo de teatro de la iglesia cristiana a la que iba con su mamá.

A la espera de justicia y verdad

El 11 de octubre de 2019, las familias y organizaciones defensoras de las víctimas le entregaron al Sistema Integral para la Paz el informe Telarañas de la impunidad: voces de la resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio (1998-2000), que documenta tres masacres ocurridas en Barrancabermeja.

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En el documento le pedían a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abra un caso sobre la participación de agentes del Estado en masacres cometidas por paramilitares y que ordene medidas cautelares de protección sobre lugares donde podrían estar las personas que siguen desaparecidas. A la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) también le solicitaron avanzar en la localización de los desaparecidos en conjunto con las familias.

Hasta el momento, diez cuerpos han sido hallados y ocho de ellos fueron entregados de manera digna a sus familias desde 2013. Tanto las víctimas como las organizaciones sostienen que en el lugar donde se hallaron estos cuerpos podrían estar los demás. “El bosque que había en esa vereda lo tumbaron y ahora lo tienen dedicado a cultivos de palma. Los paramilitares no siguen colaborando y la Fiscalía no volvió a citar diligencias. Eso está paralizado. La JEP ni la UBPD se han pronunciado al respecto”, sostiene el abogado Carreño.

Lo mismo dice Rocío Campos, hermana de Daniel Campos, otro de los desaparecidos de la masacre. Hoy recuerda que junto a Jaime visitaron el sitio en 2019 , cuyo nombre no revelamos por seguridad, para recoger toda la información geográfica que iría en el informe. Ese día le confesó que para él era muy importante estar en el lugar donde pudo haber sido enterrado su hijo porque no sabía si tendría la oportunidad de volver.

“Él siempre conservó la esperanza, al igual que nosotros, de que la UBPD nos iba a dar la gran noticia de que encontró a nuestros familiares con la información que aportamos, pero no nos han dicho nada desde 2019. ¿Por qué tanto silencio? Si con Jaime hablamos con ellos y les pedimos que fueran a los sitios ya localizados”, agrega.

La UBPD le respondió a este medio que desde la información triangulada a partir del informe se reactivó con la Fiscalía y Medicina Legal la identificación de los dos cuerpos hallados en 2007 y 2012 que faltan por entregar. También señaló que están trabajando en el análisis de cuatro lugares señalados donde podrían estar los demás cuerpos y que están avanzando con el Colectivo 16 en la construcción de los perfiles genéticos y el recaudo de más información.

Desde la JEP no hubo respuesta al momento de la publicación de este artículo, pero se sabe que el 19 de marzo de 2020 aceptó el sometimiento de tres oficiales retirados: Joaquín Correa López, entonces comandante operativo especial de la Policía del Magdalena Medio; Oswaldo Prada Escobar, oficial de inspección adscrito al Batallón de Artillería Antiaérea N.° 2 Nueva Granada en ese tiempo, y Antonio Enrique Daza Camacho, comandante de la Base Militar de Pozo Siete. Correa, a quien le negaron la libertad condicionada, murió hace 20 días.

Según Eduardo Carreño, ya pasó un año y todavía no conocen los planes de aporte y verdad de los otros dos integrantes de la Fuerza Pública. “No se justifica que los dejen en libertad con un simple compromiso de acogerse. Lo que se había ganado en la justicia ordinaria, donde ya estábamos en juicio, en la práctica se retrocedió y casi que volvimos a empezar”.

Rocío y Eduardo hacen un llamado para que se agilice el trámite de estos procesos, pues la víctimas depositaron toda su esperanza en la justicia transicional. Allí esperan hallar la verdad y encontrar a sus seres queridos. “Es fuerte que haya muerto sin respuestas”, señala Geraldine, “pero me reconforta saber que él me enseñó que esto podía venir. Me estaba preparando. Hoy me siento con la responsabilidad y el honor de seguir con su búsqueda”. El próximo miércoles 30 de julio, la familia, amigos e integrantes del Colectivo 16 le harán una conmemoración en el barrio El Campín a las 5:30 p.m.