En 22 años no hay una causa que los integrantes del colectivo de víctimas de la masacre del 16 de mayo, en Barrancabermeja, hayan atesorado más que la búsqueda por la verdad sobre los hechos que ocurrieron ese día. Hoy, pese a la cuarentena nacional, las víctimas reclaman justicia y conmemoran a las siete personas asesinadas y 25 más que fueron desaparecidas.
Jaime Peña es uno de los voceros más activos del colectivo. Hace 22 años, su hijo Jaime Yesid Peña Rodríguez, de 16 años, fue uno de los señalados por las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac) de ser un supuesto colaborador de la guerrilla del Eln. Fue el más joven de los desaparecidos por ese hecho.
Según el expediente del caso, aunque los autores materiales fueron las Ausac, se acusa a varios exmiembros de la fuerza pública (militares e integrantes del antiguo DAS), por haber omitido de manera concertada e intencional su deber de proteger a la población civil. Por estos hechos, se les acusó de cometer homicidio agravado en concurso homogéneo y de desaparición forzada en concurso heterogéneo.
Sobre este caso ha habido varios procesos: lo más reciente es que el 19 de marzo de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de tres oficiales retirados: Joaquín Correa López (quien entonces era comandante operativo especial de la Policía del Magdalena Medio), Oswaldo Prada Escobar (oficial de inspección adscrito al Batallón de Artillería Antiaérea N.° 2 Nueva Granada en ese tiempo) y Antonio Enrique Daza Camacho (era el comandante de la Base Militar de Pozo Siete).
Otras personas siguen siendo investigadas en la justicia ordinaria, como el exsubjefe de seguridad de Ecopetrol de Barrancabermeja de la época, José Eduardo González Sánchez, por presuntos nexos con los paramilitares y por ser señalado de cómplice de esa masacre y otra ocurrida el 28 de febrero de 1999, poco menos de un año después.
Óscar Pardo, abogado de Humanidad Vigente, dice que aunque consideran que el ingreso de algunos militares a la JEP es un avance para lograr conocer la verdad sobre lo ocurrido, también lo denominaron como un retroceso porque hasta el momento “en la JEP ellos no han hecho ningún aporte a la verdad, solo han recibido beneficios sin siquiera admitir los crímenes”, señala.
Además, explica que considera que para estos crímenes, perpetrados por paramilitares con complicidad de la fuerza pública, los casos deberían ser priorizados en un macrocaso nuevo de la JEP que trate las relaciones de los agentes estatales con grupos paramilitares.
Si se les pregunta sobre las preocupaciones por el caso, los abogados y el representante del colectivo de víctimas coinciden en algo: todavía no hay procesos judiciales en la Fiscalía contra diez comerciantes que fueron señalados por los paramilitares de haber financiado sus crímenes.
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“En las audiencias los paramilitares dijeron nombres de personas y de sus establecimientos que habrían financiado esta masacre. Se dice que cada uno pagaba entre $100 y $200 millones para financiar a los paramilitares, pero ni la Fiscalía los ha vinculado al proceso ni ellos se han vinculado a la JEP”, dice Jaime Peña.
Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —una de las tres entidades que lleva el caso—, dice que este es uno de los capítulos más atroces y de mayor impunidad en la masacre: según versiones de las audiencias, los comerciantes (que eran dueños de hoteles, panaderías y centros comerciales del municipio) se reunieron con los paramilitares después de la masacre para festejar la desaparición y el homicidio de esas personas. “Sobre esas personas nadie dice mucho, el aporte a la verdad es cero. Hemos hecho cerca de ocho solicitudes para que los vinculen al proceso, porque hay señalamientos contra ellos y obviamente no van a comparecer ante la JEP, porque no tienen procesos formales en contra todavía”, menciona Carreño.
Otra de las heridas que está abierta para las víctimas es no tener identificadas, a ciencia cierta, dónde están los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas por ese hecho.
Pardo explica que en octubre de 2019, según un informe que enviaron las organizaciones defensoras de las víctimas a la JEP, solicitaron que se ordenara una medida cautelar a una zona específica aledaña a Barrancabermeja donde, según un paramilitar, habrían enterrado los cuerpos de los 25 desaparecidos, pero hasta ahora, no se ha respondido a la solicitud.
“También le pedimos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que acompañe el proceso de búsqueda de las víctimas en esa zona, pero todavía no han respondido a la solicitud. Entonces las víctimas están haciendo este proceso solas con materiales que consiguieron para explorar el terreno, exponiéndose a peligros, porque se dice que todavía hay grupos al margen de la ley comandando en ese lugar”. El Espectador se comunicó con la UBPD para conocer en qué va el trámite, pero mencionaron que era información confidencial.
A pesar de los avances, las víctimas dicen que piden claridad en el proceso y verdad para su reparación: Según Peña, “no importa si les dan cinco, veinte o cincuenta años de cárcel. Queremos saber por qué lo hicieron, qué pasó ese día, a quién se le ocurrió. Hay muchas preguntas sin respuesta todavía”.
