Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en cuenta regresiva hacia uno de los momentos más trascendentales desde su creación: en agosto emitirá su primera sentencia, una decisión que marcará un precedente jurídico en Colombia y en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Según conoció Colombia+20, el tribunal está ahora en una fase de alistamiento con distintas entidades. El fallo será proferido por la magistrada Ana Manuela Ochoa, mujer indígena, quien asumió la relatoría del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, el cual investiga uno de los crímenes más atroces del conflicto: los llamados falsos positivos.
Este diario conoció el documento judicial más reciente —el Auto 007 de 2025— que establece la convocatoria oficial a la audiencia pública de verificación, los días 23, 24 y 25 de julio en Valledupar. En esa diligencia, la magistratura verificará si los condenados han cumplido con los requisitos de verdad, reparación y no repetición.
Esta audiencia, además de evaluar aportes individuales, será el escenario previo a la imposición de la primera sanción propia en el sistema transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016.
¿De dónde van a salir los recursos?
Pero el desafío de la JEP no es solo judicial. La sentencia impondrá medidas restaurativas que deben ser implementadas con participación de al menos 12 entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Justicia, Defensa, Cultura, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas, la Agencia de Reincorporación y Normalización, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, entre otros.
Según conoció Colombia+20, esta semana cada una deberá declarar cuántos recursos y qué tipo de apoyo pondrá sobre la mesa para garantizar que los proyectos restaurativos no se queden en el papel. La JEP no solo juzga, sino que debe convocar a otras instancias del Estado para que dé algo a manera apoyen una especie de corrección a seis décadas de omisión institucional en los territorios.
Lea también: Los 720 osarios que ex-FARC y Fuerza Pública construyeron en Palmira para desaparecidos
La decisión de la JEP será histórica por varios motivos: será la primera desde que se creó el tribunal desde hace ocho años y es la primera vez que un tribunal transicional condena a miembros del Estado por homicidios sistemáticos bajo una política nacional, con enfoque restaurativo y en diálogo con las víctimas. Además, que esta decisión sea liderada por una mujer indígena como la magistrada Ochoa representa también un viraje simbólico en la justicia colombiana, que ha sido históricamente patriarcal y centralista.
Un patrón reiterado y extendido
Los militares serán sentenciados por su responsabilidad en al menos 135 homicidios y desapariciones forzadas ocurridas entre 2002 y 2005, crímenes que fueron ocultados bajo la figura de “bajas en combate” y que hoy se reconocen como parte de una práctica criminal estructurada para mostrar resultados operacionales en el marco del conflicto armado. Las víctimas eran civiles inocentes.
El patrón fue tan reiterado, tan extendido, que según fuentes cercanas, la JEP considera que no pudo haber sido aleatorio, y que se puede atribuir responsabilidad al más alto mando de la época, el general (r) Mario Montoya, quien también comparece en el tribunal de paz. Asimismo, el coronel retirado Publio Hernán Mejía también fue sometido a juicio por ejecuciones extrajudiciales de la menos 75 inocentes presentados como bajas en combate por el Batallón La Popa con sede en Valledupar.
Antes de agosto, se realizarán dos espacios preparatorios con víctimas y comparecientes (14 y 18 de julio), en los que se definirá la forma en que se presentarán los proyectos de reparación y se ajustará la metodología restaurativa de la audiencia.
La JEP ha ordenado acompañamiento psicosocial, traducción al idioma Damana para los pueblos Wiwa, y transmisión en vivo de todas las sesiones.
Lo que se decidirá en agosto no es solo la suerte de 12 militares. Es la primera gran verdad judicial sobre uno de los crímenes más oscuros del Estado colombiano, con consecuencias reales para las víctimas y para el aparato institucional que los permitió y encubrió.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.