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El Gobierno y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) —la disidencia de las antiguas FARC comandado por Walter Mendoza— firmaron el lunes en Nariño un nuevo acuerdo que contempla una inversión inicial de $8.000 millones para implementar un plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca -que ya se había anunciado hace unos meses-.
El acuerdo se dio tras una reunión el domingo y el lunes festivo en Chajal y la Laguna de Chimbusa, que contó con la participación directa de comunidades campesinas y étnicas.
“Un valor de 8.000 millones de pesos para el proceso de sustitución de ingresos en 1.000 hectáreas de coca por 1.000 hectáreas de cacao en el año 2025, las cuales se adelantarán en los municipios de Tumaco y Roberto Payán, y que harán parte de las 7.500 hectáreas señaladas”, dice el documento. En total, las delegaciones se han comprometido con la sustitución de 15.000 hectáreas, algunas de las cuales están ubicadas en Putumayo.
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Así mismo, se acordó un valor entre 20 y 21 millones de pesos por hectárea por cada proyecto productivo de cacao para 1.000 hectáreas, “sin perjuicio de gestionar un apoyo económico relacionado con la protección ambiental, el cual se articulará con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, dice el documento.
La CNEB, que opera en regiones como la costa pacífica nariñense y el piedemonte andino, ha asumido compromisos expresos para contribuir a la superación de las economías ilegales, a cambio de garantías institucionales para promover economías lícitas, sostenibles y con arraigo territorial. Según el acuerdo, este proceso se articulará con programas sociales para garantizar que la sustitución no se dé en el vacío, como ocurrió en procesos anteriores.
Este compromiso comenzará su implementación el próximo 7 de julio. A partir de esa fecha, se pondrá en marcha una estrategia de intervención territorial que busca generar transformaciones estructurales en zonas priorizadas, de manera articulada y con participación activa de las comunidades.
Este compromiso se materializará a través de la ejecución de acciones concretas en los territorios, fundamentadas en los seis fases definidas previamente en el acuerdo. Esto empezará con la definición de polígonos, establecer hectáreas exactas, el compromiso de reducción de cultivos, sustitución de ingresos y de economías y el tránsito a economías ilícitas.
La tercera fase será la suscripción de acuerdos de sustitución; luego el inicio de la ejecución de esos acuerdos -que inicia con el primer pago y la entrega de kits productivos-. El cronograma se presentará en una reunión por la Dirección de Cultivos de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
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Otro de lo puntos será la georreferenciación y el censo. Este se desarrollará en los Consejos Comunitarios Agricultores Patía, Patía Viejo, Progreso, Catangueros, Unión del Río Chagüí, Río Mexicano; Integración Telembí y el territorio conocido como La Ensenada. Se hará entre el 7 de julio y el 7 de agosto. La disidencia se comprometió a respetar la autonomía de las comunidades durante la ejecución de los acuerdos.
Este proceso, dice el documento, funcionará como una hoja de ruta de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal, que se acordaron el pasado 26 de mayo.
El enfoque del acuerdo busca corregir errores pasados: evitar que los campesinos queden en el limbo tras erradicar sus cultivos sin recibir alternativas reales ni acompañamiento institucional. Por eso, la ejecución incluirá el fortalecimiento de la infraestructura rural, acceso a mercados, apoyo técnico y medidas de seguridad comunitaria.
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