Por primera vez en la historia de la justicia transicional colombiana, el pueblo wayúu asistió y testimonió en una de sus audiencias. El camino para ellos ha sido largo y doloroso por el sinfín de violencias que padecieron durante la guerra. Su debut relatando historias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estuvo relacionada con las ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército, conocidas como “falsos positivos”, un tema que por años fue arbitrariamente un tabú para tribunales ordinarios que poco o ningún caso les hicieron a sus denuncias.
Sin embargo, la experiencia de este pueblo con este modelo de justicia no es del todo nula. Los días 11 y 13 de octubre de 2022, los wayúu asistieron a audiencias de la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción de paz para escuchar testimonios de comparecientes militares como Carlos Humberto Bedoya (con 17 pruebas en su contra por haber participado en “falsos positivos” que involucraron al pueblo wiwa y wayúu), Henry Tamayo y Claudio Verú Gómez. Escucharon, analizaron sus comentarios ante los togados, pero en esas oportunidades los micrófonos no se abrieron para ellos.
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El magistrado de la JEP Óscar Parra lidera el subcaso Caribe, un brazo del macrocaso 03 (Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate) en el que se analizan los hechos de ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron en esa zona del país entre 2002 y 2008.
Aquí los pueblos étnicos han sido grandes protagonistas de estas diligencias y núcleos familiares wiwa y kankuamo han elaborado una extensa hoja de ruta testimonial que ha permitido atar cabos, entender patrones y tratar de forma diferenciada estos crímenes atroces. Un camino que poco a poco se fue puliendo hasta abrirle paso a los wayúu.
Era justo y necesario escuchar todas las voces, pues este fenómeno criminal no es para pasar por alto. Tan sólo en los departamentos de La Guajira y Cesar, según datos de la JEP, el Ejército Nacional perpetró 127 ejecuciones extrajudiciales de indígenas, a quienes sin fundamento alguno y pesquisas elaboradas sin rigor asociaban con grupos guerrilleros.
La hora de los wayúu llegó
Las barbaries que cometieron contra las vidas de este pueblo indígena los militares del Grupo de Caballería Mecanizado No.2 “Coronel Juan José Rondón” ya entraron a los folios de la jurisdicción de paz y durante los días 9 y 10 de marzo de 2023, en medio de audiencias de observación, se pudieron dimensionar parte de las formas de proceder de estos uniformados para espiar, perseguir, amenazar y asesinar a personas que nada tenían que ver con el conflicto armado. El silencio para ellos fue una constante.
Hasta hace poco nos seguían persiguiendo y no saben lo doloroso que fue ir a denunciar. Los corazones estaban en mil pedazos y daba mucha impotencia saber que no contábamos para nadie.
La historia judicial colombiana reciente muestra que la primera vez que los wayúu hablaron públicamente y sin tapujos de “falsos positivos” dentro de sus rancherías y territorios sagrados fue en julio de 2011.
Por esas fechas, representantes indígenas llegaron hasta una sede del Gaula en Maicao (La Guajira) para denunciar que los soldados Bladimir Wilches, Eulises Yepes y los entonces sargentos del Ejército Alex Abello Molina y José Ramiro Alarcón asesinaron el 14 de noviembre de 2006 a Orlando Rafael Epieyú y Jorge Miguel Reinoso.
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“Por el caso de Jorge nunca nos dieron garantías para conocer la verdad. Nos trataron de mentirosos. Que por qué si esos homicidios habían sido en 2006 denunciábamos en 2011… nos persiguieron por eso. Hasta hace poco nos seguían persiguiendo y no saben lo doloroso que fue ir a denunciar. Los corazones estaban en mil pedazos y daba mucha impotencia saber que no contábamos para nadie. Ahora que sabemos que esto lo puede llegar a tratar la JEP sentimos alivio porque pueden limpiar el buen nombre de Jorgito cuando se lleve y estudie bien su caso. Él era una persona que no hizo más que trabajar y dedicarle su juventud a la familia”, le dijo a este diario un familiar de Jorge Reinoso que pidió reserva de identidad.
Por temas procesales no hubo ninguna condena contra estas cuatro personas. Esto a pesar de que un fiscal delegado demostró que en el marco del asesinato de estos civiles no hubo ningún combate a tiros como afirmaron los uniformados cuando fueron citados por las autoridades que tomaron el caso.
Sobre este hecho de los dos wayúu de Cuestecita (Maicao) hay pocos datos en los anaqueles de la Fiscalía y tan sólo algunos pormenores de este hecho están documentados en las páginas del informe Noche y Niebla de la Revista del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
El infierno después de Bahía Portete
Uno de los hechos que marcaron a la región fue la masacre de Bahía Portete. Los paramilitares llegaron a la Alta Guajira el 18 de abril de 2004 para arrasar con todo a su paso. La cifra oficial de asesinados recopilada por el Centro Nacional de Memoria Histórica fue de seis personas (entre ellas cuatro mujeres) y el desplazamiento forzado de 600 indígenas wayúu.
Para Yadivis Ovalle, hermana de José Aníbal Ovalle -civil asesinado el 8 de junio de 2008 por el Grupo de Caballería Mecanizado No.2-, la masacre fue el abrebocas de una ola de violencia con la que el Ejército y los paramilitares, principalmente, se ensañarían contra el pueblo wayúu, otras etnias y poblaciones campesinas en el Caribe colombiano.
Si bien ella y su familia son de Villanueva, en La Guajira, asevera que en todo su departamento se replicaron esas conductas criminales que terminaron con la vida de su familiar y de cientos de indígenas y labriegos más en la región. Esa matanza paramilitar abrió un camino de guerra que no tuvo escapatoria para nadie. Ser wayúu, guajiro en general o tan sólo habitar allí, ya representaba peligro. Un estigma que está saliendo poco a poco de la región a pinta de resiliencia.
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“De 2004 en adelante fue un ensañamiento terrible. Nos montaron una persecución en 2008, incluso el día del sepelio de José Aníbal. Decían que él era un reclutador de la guerrilla. ¿Será que el señor Enrique Perea (militar del Grupo de caballería Mecanizado) tiene la conciencia limpia? Debería darles vergüenza todo lo que hicieron. Los perdonaré cuando digan la verdad, limpien el buen nombre de mi hermano y la gente del Grupo “Rondón” diga por qué mataron a tanto indígena y campesino guajiro. Qué dolor, a mi hermano le colocaron un panfleto un fusil y unas botas que ni siquiera le quedaban buenas”, dijo en audiencia ante la JEP en la jornada del 10 de marzo.
Además, comentó que el exsargento Claudio Verú Gómez (condenado y compareciente ante la JEP) “aún debe muchas verdades al no decir las maneras en las que llegaba a La Guajira para llevarse y matar personas arbitrariamente”.
El sufrimiento de los Ovalle, como se vio en audiencia, es un dolor compartido por personas como Ana Bolaños, hermana de Jorge Armando Bolaños, civil asesinado por el Ejército el 16 de enero de 2006.
A pesar de que Ana Bolaños no es wayúu, dice que la violencia que vivieron no eximió a casi nadie en La Guajira y caló más a profundidad en las comunidades que han sido históricamente rechazadas por los centros de poder político en el país, incluyendo a ese pueblo indígena.
“Esos militares, comenzando por el señor Jorge Navarrete Jadeth tienen que saber que cada medalla que tienen en sus casas es por cada muerto al que le ordenaron su muerte. Recordar a mi hermano es también mirar hacia el pasado y ver que cuando estábamos todos juntos no teníamos nada; ni comida ni ropa en Navidad. Ahora tenemos ropa, pero no lo tenemos a él. Es un vacío enorme. La justicia está llegando para nosotros y por suerte ahora los hermanos wayúu sortearán con lo mismo”, aseveró.
El valor de la justicia propia
Las salas de la JEP se han dado a conocer a nivel territorial como espacios que en el último año, particularmente, le han abierto las puertas al diálogo interjusticias.
Las jurisdicciones ancestrales afro y las justicias propias indígenas han servido como puentes para entender de primera mano las atrocidades que vivieron miles de familias étnicas en el Urabá, en Cauca y ahora en la costa Caribe. Sus relatos le han permitido a la justicia transicional dimensionar el contexto de los flagelos que vivieron para que las sanciones que se les impongan a sus victimarios sean verdaderamente restaurativas y acorde a sus modos de vida.
Para líderes indígenas como Eder Uriana, por eso es fundamental que ahora los wayúu tengan un espacio en la JEP. Según su análisis es una oportunidad sin precedentes para poner puestas en común para la resolución de los escenarios de violencia de los que fueron blanco recurrente.
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“Nuestro modelo de justicia propio es compatible con la JEP y eso lo saben los fiscales ante la justicia transicional que han venido acá. El sistema normativo wayúu tiene sus bases en el respeto a la vida, en el tratamiento diferencial a víctimas, la reconciliación, la palabra como instrumento sanador y la sanación más allá de los castigos punitivos”, asegurarón desde colectivos de defensa indígena que concuerdan con Uriana, quienes han denunciado amenazas en su contra por su liderazgo.
Este camino apenas comienza y serán los relatos de verdad y las intenciones de reparación genuina los que definan cómo el pueblo wayúu puede sanar luego de tantas adversidades ocasionadas por la guerra. Sus testimonios irán llegando y seguramente muchos de ellos estarán recopilados en el caso de afectaciones étnicas de la JEP, el naciente caso 09.