JEP ordena pruebas para verificar si Iván Márquez está incumpliendo el Acuerdo de Paz

Como parte del proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para verificar si el exjefe guerrillero Iván Márquez está cumpliendo o no con los compromisos que adquirió ante esta justicia, después de firmar el Acuerdo de Paz, los magistrados de la Sala de Reconocimiento decidieron decretar la práctica de pruebas en su caso.

En plata blanca, la JEP les pidió a varias entidades del Gobierno, organismos internacionales y a la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de esta jurisdicción) recaudar pruebas que le permitan aclarar los motivos por los que Márquez no ha asistido a las citas que hasta ahora le han impuesto los magistrados.

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Márquez ha reiterado a través de su comunicado y de su cuenta de Twitter que no ha asistido a sus compromisos por inseguridad personal y jurídica, y citó el caso de Jesús Santrich. Además, advirtió que hay “nuevas y muy graves agresiones físicas y amenazas en contra de la vida e integridad física de distintos integrantes de su grupo familiar”.

Para corroborar estas denuncias, la JEP le solicitó a la UIA recopilar entrevistas y realizar otras actividades de investigación que den información sobre los últimos movimientos de Márquez, su lugar actual de residencia, su participación en el desarrollo de los proyectos productivos que adelantaba mientras estaba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, Caquetá, y recoger datos sobre un posible rearme.

Asimismo, le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) certificar si el excombatiente ha pedido ingresar a programas de prevención o protección, a parte de su esquema de seguridad. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación deberá verificar si Márquez ha presentado una denuncia formal sobre sus amenazas o si hay alguna denuncia en contra del excombatiente después del 1° de diciembre de 2016 con el objetivo de indagar si ha vuelto a delinquir.

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También le pidió al Ministerio de Defensa investigar si existen riesgos que puedan afectar la integridad física o personal del exguerrillero.  Y al Alto Comisionado para la Paz y a las Naciones Unidas los instó  de verificar posibles alteraciones de seguridad en el ETCR de Miravalle, donde estaba Márquez hasta hace un año, cuando decidió abandonar la zona. Desde entonces se desconoce su paradero.

La JEP le hizo un llamado a Migración Colombia para que en el término de cinco días certifique si Márquez salió del país. Esta fue una sugerencia de la Procuraduría, a propósito de las denuncias sobre su posible estadía en Venezuela. Y, por último, al Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar si hay alguna solicitud de extradición.

Márquez ha sido llamado en reiteradas ocasiones por la JEP por el caso 001, sobre retenciones ilegales por parte de las extintas, sin embargo, ha incumplido con las diligencias.  "No asistió a la versión programada para el 14 de marzo y la reprogramada el 2 de mayo, sin que haya aportado las pruebas que justifiquen ausencia", dijo la JEP a finales de mayo de este año.

Además, a través de su cuenta de Twitter, Márquez ha manifestado su frustración con el desarrollo del proceso de paz y ha dicho que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo”. Para los togados, con esta postura pareciese que Márquez no está interesado en continuar con su proceso en esta justicia.

Para la JEP, “estas pruebas son pertinentes en la medida en que efectivamente están encaminadas a probar un hecho relevante para el incidente: la existencia o no de una situación de inseguridad personal que justifique la inasistencia del incidentado a los espacios de comparecencia obligatoria de la JEP a los que ha sido convocado y que persiguen el cumplimiento de la obligación a aportar a la verdad”.

Una vez se cierre la práctica de pruebas, los magistrados de la Sala de Reconocimiento deberán agendar la audiencia de verificación de incumplimiento de Iván Márquez y tomar una decisión sobre de acuerdo con la información que hayan hallado.

Esa decisión puede incluir la pérdida de beneficios, como quitarle el beneficio de la libertad condicional, la renta mensual y la posibilidad de no ir a la cárcel. Incluso, si se comprueba que está delinquiendo, la expulsión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se creó después del Acuerdo Final y dentro del cual está la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Como parte del proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para verificar si el exjefe guerrillero Iván Márquez está cumpliendo o no con los compromisos que adquirió ante esta justicia, después de firmar el Acuerdo de Paz, los magistrados de la Sala de Reconocimiento decidieron decretar la práctica de pruebas en su caso.

En plata blanca, la JEP les pidió a varias entidades del Gobierno, organismos internacionales y a la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de esta jurisdicción) recaudar pruebas que le permitan aclarar los motivos por los que Márquez no ha asistido a las citas que hasta ahora le han impuesto los magistrados.

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Márquez ha reiterado a través de su comunicado y de su cuenta de Twitter que no ha asistido a sus compromisos por inseguridad personal y jurídica, y citó el caso de Jesús Santrich. Además, advirtió que hay “nuevas y muy graves agresiones físicas y amenazas en contra de la vida e integridad física de distintos integrantes de su grupo familiar”.

Para corroborar estas denuncias, la JEP le solicitó a la UIA recopilar entrevistas y realizar otras actividades de investigación que den información sobre los últimos movimientos de Márquez, su lugar actual de residencia, su participación en el desarrollo de los proyectos productivos que adelantaba mientras estaba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, Caquetá, y recoger datos sobre un posible rearme.

Asimismo, le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) certificar si el excombatiente ha pedido ingresar a programas de prevención o protección, a parte de su esquema de seguridad. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación deberá verificar si Márquez ha presentado una denuncia formal sobre sus amenazas o si hay alguna denuncia en contra del excombatiente después del 1° de diciembre de 2016 con el objetivo de indagar si ha vuelto a delinquir.

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También le pidió al Ministerio de Defensa investigar si existen riesgos que puedan afectar la integridad física o personal del exguerrillero.  Y al Alto Comisionado para la Paz y a las Naciones Unidas los instó  de verificar posibles alteraciones de seguridad en el ETCR de Miravalle, donde estaba Márquez hasta hace un año, cuando decidió abandonar la zona. Desde entonces se desconoce su paradero.

La JEP le hizo un llamado a Migración Colombia para que en el término de cinco días certifique si Márquez salió del país. Esta fue una sugerencia de la Procuraduría, a propósito de las denuncias sobre su posible estadía en Venezuela. Y, por último, al Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar si hay alguna solicitud de extradición.

Márquez ha sido llamado en reiteradas ocasiones por la JEP por el caso 001, sobre retenciones ilegales por parte de las extintas, sin embargo, ha incumplido con las diligencias.  "No asistió a la versión programada para el 14 de marzo y la reprogramada el 2 de mayo, sin que haya aportado las pruebas que justifiquen ausencia", dijo la JEP a finales de mayo de este año.

Además, a través de su cuenta de Twitter, Márquez ha manifestado su frustración con el desarrollo del proceso de paz y ha dicho que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo”. Para los togados, con esta postura pareciese que Márquez no está interesado en continuar con su proceso en esta justicia.

Para la JEP, “estas pruebas son pertinentes en la medida en que efectivamente están encaminadas a probar un hecho relevante para el incidente: la existencia o no de una situación de inseguridad personal que justifique la inasistencia del incidentado a los espacios de comparecencia obligatoria de la JEP a los que ha sido convocado y que persiguen el cumplimiento de la obligación a aportar a la verdad”.

Una vez se cierre la práctica de pruebas, los magistrados de la Sala de Reconocimiento deberán agendar la audiencia de verificación de incumplimiento de Iván Márquez y tomar una decisión sobre de acuerdo con la información que hayan hallado.

Esa decisión puede incluir la pérdida de beneficios, como quitarle el beneficio de la libertad condicional, la renta mensual y la posibilidad de no ir a la cárcel. Incluso, si se comprueba que está delinquiendo, la expulsión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se creó después del Acuerdo Final y dentro del cual está la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.