JEP abre incidente de incumplimiento contra Iván Márquez

Para los magistrados de la Sala de Reconocimiento, con las reiteradas inasistencias del exjefe guerrillero a los llamados de la JEP y su afirmación de que “fue un error haber entregado las armas” se infiere que rechaza su compromiso con el Acuerdo Final.

El paradero de Márquez es desconocido desde antes de la posesión del Congreso del 20 de julio de 2018.AFP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un nuevo incidente de incumplimiento, en este caso contra Luciano Marín Arango, conocido en la guerra como Iván Márquez. Para los magistrados de la Sala de Reconocimiento, las reiteradas inasistencias de Márquez a los llamados de la JEP y su afirmación de que “fue un error haber entregado las armas”, les permite “inferir que rechaza su compromiso con el Acuerdo Final y con el proceso de reincorporación y transición de las armas a la vida ciudadana”.

Con esta decisión, esta jurisdicción evaluará la gravedad de su incumplimiento con los compromisos adquiridos en el proceso de paz y decidirá, de acuerdo con las reglas y los principios de gradualidad de la JEP, qué beneficios podría quitarle al exjefe guerrillero, cuyo paradero se desconoce desde hace casi un año.

Los magistrados agregaron que al abrir este nuevo proceso se espera “establecer su compromiso de aportar a la verdad, la reparación de las víctimas y atender los llamados de la justicia, entre otros”. 

Márquez ha sido llamado en reiteradas ocasiones por la JEP por el caso 001, sobre retenciones ilegales por parte de las extintas Farc. Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento, explicó que el excombatiente "no asistió a la versión programada para el 14 de marzo y la reprogramada el 2 de mayo, sin que haya aportado las pruebas que justifiquen ausencia".

Además, dijo Parra, a través de su cuenta de Twitter, Márquez ha manifestado su frustración con el desarrollo del proceso de paz y ha dicho que “fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo”. Para los togados, con esta postura pareciese que Márquez no está interesado en continuar con su proceso en esta justicia.

La JEP insistió que no es excusable su inasistencia y que, posiblemente, “el mencionado compareciente incumple las condiciones que el sistema jurídico le impone para mantener los beneficios, derechos y garantías tras la firma del Acuerdo de Paz”.

Por su parte, Iván Márquez alegó, mediante un escrito presentado por su defensa en las dos citas, “falta de garantías en materia de seguridad” y diversos argumentos sobre “nuevas y muy graves agresiones físicas y amenazas en contra de la vida e integridad física de distintos integrantes de su grupo familiar”. El exjefe guerrillero dijo que no iba a asistir personalmente a la citación que estaba prevista para esas fechas, aunque manifestó su intención de comparecer ante esa jurisdicción. .

Las versiones voluntarias a las que debía asistir Márquez son claves para el desarrollo de los casos que adelanta esta justicia. Los 31 miembros del Estado Mayor Central de la exguerrilla deben contar su participación en las retenciones ilegales, secuestros extorsivos, desapariciones e incluso homicidios en el marco del conflicto armado. El objetivo de esta diligencia es que los ahora dirigentes del Partido Farc presenten su versión sobre los casos, para ofrecer verdad plena, es decir, detallada y exhaustiva, que les permita a los magistrados establecer responsabilidades. En este caso, se trata de la verdad individual, que es personal e indelegable. No asistir, para la JEP, es incumplirles a las víctimas y vulnerar su derecho a saber la verdad y ser reparadas. 

Por esta misma razón, esta jurisdicción también abrió un incidente de verificación de cumplimiento a José Manuel Sierra Sabogal, conocido en la antigua guerrilla de las FARC como 'Aldinever' y quién también está vinculado al caso 001.

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“La Sala tomó esta determinación ya que Sierra Sabogal ha postergado en una ocasión y ha incumplido en otra, las citas que le ha fijado la JEP, esto es, la versión programada para el 1 de abril y la reprogramada el 15 de mayo de 2019, sin que hasta la fecha haya aportado las pruebas que justifiquen su desacato a las órdenes judiciales ni haya permitido hacer el estudio de riesgo que comprobaría su situación de seguridad”, agregó Parra.

Dentro del incidente de verificación de cumplimiento, la Sala de Reconocimiento ordenará la práctica de pruebas, que consiste en solicitar ante varias entidades material probatorio que les ayude a determinar si los exjefes guerrilleros están cumpliendo o no con sus compromisos. Además, citará la audiencia en la que tomará una decisión sobre los casos de los dos exguerrilleros.

Esta decisión se toma tan solo un mes después de que la JEP haya sancionado a Hernán Darío Velásquez, conocido como 'El Paisa' y quien es muy cercano a Márquez, por sus incumplimientos que afectan el derecho de las víctimas a saber la verdad y ser reparadas. Por no asistir a las citas solicitadas por los magistrados ni entregar informes, a 'El Paisa' le emitieron orden de captura, le quitaron el beneficio de la renta de reincorporación y la posibilidad de tener una setencia propia, es decir, sin carcel. Los magistrados no lo expulsaron de la JEP porque no se pudo comprobar que haya vuelto a cometer delitos. 

Si Márquez y Sierra Sabogal no pueden demostrar que tienen problemas de seguridad, como sostienen, la Sala de Reconocimiento podría quitarles los mismos beneficios que a 'El Paisa'. Y si se comprueba que volvieron a empuñar un arma, serían expulsados del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual está la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. 

Cabe recordar que, después de la posesión del Gobierno del presidente Iván Duque, ocho excomandantes de las Farc abandonaron sus espacios de reincorporación aduciendo falta de garantías de seguridad e incumplimientos con lo pactado en La Habana (Cuba). Iván Márquez, Oscar Montero (El Paisa), Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez, entre otros, han asegurado que la falta de garantías se evidencian en casos, como de los excombatientes asesinados y el proceso en contra de Jesús Santrich por un presunto envío de cocaína a Estados Unidos.

 

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