Un día antes de que se llevara a cabo la audiencia nacional de medidas cautelares de protección para los ex-Farc, fue asesinada cerca de Quibdó la excombatiente Paola Andrea Osorio, que se convirtió según las cuentas de la antigua guerrilla en el homicidio número 243 contra los firmantes de la paz. Con ese preámbulo, la senadora Victoria Sandino y Pastor Alape comenzaron sus intervenciones este miércoles en la diligencia judicial en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá.
La audiencia fue citada para analizar los resultados de las acciones que entidades como el Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, la Consejería para la Estabilización y la Unidad Nacional de Protección han tenido para mitigar la ola violenta contra los excombatientes.
Antes de que intervinieran los funcionarios de Gobierno, Giovanny Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (la Fiscalía de la JEP), presentó el informe Silenciando la verdad: Un diagnóstico de los patrones de violencia letal que afectan a los excombatientes de las Farc-EP en Colombia, un documento que reveló que, contrariando algunas versiones que ha presentado el Gobierno, los asesinatos de los exFarc no se explican sólo por el narcotráfico, las rencillas personales o las disidencias.
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La acción de la Fiscalía
Una de las primeras en sentarse frente a los magistrados de la JEP fue Martha Mancera, vicefiscal general de la Nación, a quien los magistrados pidieron los resultados en las investigaciones de los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas a los excombatientes y sobre el desmantelamiento de grupos armados irregulares que podrían estar tras los ataques a esa población.
La funcionaria aseguró que de 280 denuncias por afectaciones a exFarc y a sus familiares, la Fiscalía “ha avanzado en 135”. Habló también de 33 sentencias condenatorias, “además de 20 casos en juicio”. Sobre el delito de amenazas, uno de los que más preocupa a la Jurisdicción por tratarse de hechos que pueden prevenir futuros homicidios, la vicefiscal dijo que “históricamente este delito no tenía un resultado en Colombia” y que, hasta ahora, han proferido 12 sentencias condenatorias a responsables de amenazas.
Durante la discusión se dijo que del total de homicidios que se han registrado, 29 de ellos habían interpuesto denuncias previas por amenazas, como el caso de Benjamín Banguera Rosales, quien denunció amenaza contra su vida el 28 de diciembre de 2017 y fue asesinado el 1 de enero de 2020, o el caso de Carlos Conde, amenazado el 18 de julio de 2018 y asesinado el 25 de septiembre de 2019. “¿Si ya hay una amenaza previa uno o dos años previos al homicidio, por qué el nivel de esclarecimiento sobre este delito no es mayor?”, increpó el magistrado Raúl Sánchez.
La vicefiscal respondió que como apenas hasta este año están construyendo el censo de denuncias por amenaza, en los casos de excombatientes que asesinaron y habían denunciado peligros contra su vida no sabían quién los había amenazado previamente.
Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar preguntó directamente sobre los indicadores en materia de prevención de la Fiscalía para evitar que se continúen perpetrando los atentados contra los firmantes de la paz y se garantice la no repetición, a lo que la funcionaria respondió que “en Colombia, desafortunadamente, en lo que tiene que ver con las funciones de la Fiscalía no son preventivas; son única y exclusivamente de reacción a la investigación”.
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En este punto, la vicefiscal denunció que han entregado información de denuncias de amenazas a la Unidad Nacional de Protección, pero “los resultados de protección inmediata o de esquemas de seguridad de la dirección especializada no son muy rápidos”. Añadió que “en algunos casos hemos tenido que enviar más de 10 oficios donde les decimos que esto es un riesgo extremo”.
El funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
El Alto Comisionado Miguel Ceballos respondió ante los magistrados por la efectividad de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), de la que ejerce la secretaría técnica. “La CNGS no está hecha para la protección y la seguridad de miembros del Partido FARC sino para el desmantelamiento de grupos armados, incluido el Eln”, fue la primera aclaración que hizo.
Además, aseguró que aunque la ley habla de que los grupos sucesores del paramilitarismo pueden afectar a los defensores de derechos humanos “no hay una estructura jurídica que nos diga cuáles son esos grupos sucesores del paramilitarismo”. Ante esta afirmación, el magistrado Salazar aseveró que “no hay que hacer disquisiciones muy profundas para saber quiénes son los sucesores del paramilitarismo”. Para ejemplificarlo, habló de Otoniel y aseguró que es producto del proceso de paz del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que “fue altamente incompleto y dejó unas estructuras armadas que siguieron sembrando violencia”.
Los magistrados también llamaron la atención del alto comisionado por no tener, hasta ahora, los lineamientos del plan de acción de la CNGS después de cuatro años de entrar en funcionamiento, y aún luego de que la Jurisdicción, en varios autos, pidiera que se remitieran estas actividades concretas. El magistrado Salazar cuestionó además las pocas sesiones de la CNGS que ha tenido el Alto Comisionado con los representantes de las plataformas de derechos humanos. “Ellos dicen que solo han tenido tres reuniones con ustedes este año, dos el año pasado y una en 2018, sorprende un poco la poca periodicidad de estas reuniones dada la grave situación en materia de derechos humanos”, reclamó el magistrado.
Uno de los llamados de atención más fuertes fue sobre la falta de reglamento de dicha comisión que todavía no existe. “Un ejemplo, la JEP tuvo un reglamento en 50 días, pero preocupa que ustedes estén funcionando sin un reglamento cuatro años después”, dijo Salazar, quien continuó enumerando: “No hay lineamientos, no hay reglamento y no hay plan de acción”.
Ante los cuestionamientos por el reglamento, Ceballos respondió que “el Gobierno pasado estuvo 20 meses y no lo terminó (…) Yo no soy la Comisión, soy el secretario técnico” y explicó que el reglamento no existe porque no ha habido consenso entre los integrantes.
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Los desplazamientos colectivos de excombatientes
Uno de los asuntos por los que los magistrados interpelaron al consejero para la Estabilización, Emilio Archila, es que se hayan tenido que desplazar colectivos completos de excombatientes ante la incapacidad del Estado de protegerlos en los territorios donde están asentados.
Entre los casos referidos por los magistrados está el desplazamiento de los firmantes del Acuerdo asentados en la población de El Diamante, en Uribe (Meta), que tuvieron que salir de allí y abandonar sus proyectos productivos en junio pasado. Hoy ese colectivo está disperso en distintos municipios del oriente del país y a la espera de reubicación. Igualmente, el caso del antiguo espacio de reincorporación de Ituango (Antioquia), que fue trasladado el pasado mes de julio, con el acompañamiento del Gobierno, hacia Mutatá.
En su intervención, el consejero Archila fue enfático en resaltar que “no puede haber ninguna duda de que la seguridad de los excombatientes une a todos los poderes públicos: a esta jurisdicción, al Congreso y definitivamente es una prioridad para el Gobierno y el presidente”. Sobre los traslados, aseguró que cuando se firmó el Acuerdo de Paz el país sabía que quedaban otros grupos armados en los territorios y que cuando se hizo el análisis de la permanencia de algunos espacios territoriales el Gobierno Nacional consideró que algunos debían trasladarse, entre otras razones, por seguridad. “El traslado de Ituango lo hicimos con todas las garantías y el acompañamiento de la Fuerza Pública”.
Además, destacó que han apoyado la “reubicación fuera de la zona de riesgo en 191 casos. Es decir, 191 personas amenazas que logramos sacar (del territorio donde son amenazadas)”. Igualmente, recordó el caso en que la Fuerza Pública frustró un ataque contra Rodrigo Londoño o la efectiva acción de la justicia en el caso de Dimar Torres, el excombatiente asesinado en el Catatumbo por miembros del Ejército, que ya no están en la institución y que ya han sido condenados.
Sin embargo, el magistrado Gustavo Salazar cuestionó que los 191 casos en que las personas en riesgo fueron extraídas de sus territorios sean un logro en materia de protección. “Cuando menciona que 190 personas fueron sacadas: lo que diría es que el término es desplazadas. Porque son desplazados forzados, personas que tienen que abandonar su lugar de residencia o trabajo de manera obligada, no porque quieren. Esas medidas deben ser excepcionales. Además de acompañar el desplazamiento forzado cuál es el paso a seguir para que vuelvan, si así lo quisieran, al territorio donde quieren vivir. Eso no es un logro, es la aceptación de las deficiencias de prestar seguridad en los territorios. El Estado tiene que decir en qué territorios parece que no puede prestar seguridad a los excombatientes y a otros pobladores”, enfatizó el magistrado.
El colapso en la Unidad Nacional de Protección (UNP)
Alfonso Campo, director de la UNP, explicó ante los magistrados las medidas ejecutadas por esa entidad en respuesta a las órdenes que ha emitido esa jurisdicción en meses anteriores. Anunció que ingresarán 52 nuevos analistas a fortalecer el proceso para proteger a los exFarc, 40 de los cuales serán contratados antes del próximo 31 de diciembre.
“También venimos adelantando la contratación de 686 hombres y mujeres de protección con la finalidad de ser implementados en esquemas de protección que requiera la subdirección especializada (encargada de seguridad a exguerrilleros)”. Para eso, dijo, ya fueron girados por el ministerio de Hacienda los $13.500 millones necesarios. Para 2021, por su parte, está proyectada la necesidad de $228 mil millones para cubrir toda la atención a los exintegrantes de las Farc.
Sin embargo, en la magistratura cuestionaron que la UNP solo hubiera tomado medidas como esas luego de que interviniera la JEP. “¿En qué momento la UNP determina que la planta que tiene es insuficiente? porque lo que era claro para julio de 2020 cuando se expide la orden por parte de la magistratura es que la situación de los desmovilizados era grave, que la solicitud de medidas de protección era amplísima y que eso no estaba fluyendo. La pregunta es ¿por qué la UNP no tramitó una modificación a la planta o buscó recursos adicionales para hacer una contratación por fuera, entendiendo que ya estaba claramente desbordada, que las cifras de homicidio mostraban que se seguía perpetuando una victimización y que los esquemas de protección eran insuficientes? ¿por qué tuvo que intervenir la magistratura para que hubiera una solicitud de ampliación de personal?”, increpó el magistrado Gustavo Salazar.