Mineros de Segovia, ad portas de ser el primer sindicato víctima ante la JEP

Entre Segovia y Remedios hay al menos 6.000 chatarreras que, ante la falta de reconocimiento por parte de la multinacional GCG, se asientan en las minas ancestrales que les permiten extraer de la basura el oro para subsistir.

Foto: Fredy Vargas

El sindicato de mineros ancestrales de Segovia (Sintramienergética), en Antioquia, intentó durante un año ser reconocido como víctima del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Caso 06, sobre la Victimización de Miembros de la Unión Patriótica. El pasado viernes 24 de septiembre, la justicia transicional les abrió las puertas y están ad portas de convertirse en el primer sindicato acreditado ante el Tribunal de Paz.

El único requisito que les falta es constatar su relación con el sindicato de la empresa Frontino Gold Mines (Sinfromines), que se acabó por discusiones internas y que sufrió las consecuencias de la guerra: entre 1990 y 2015, asesinaron a 47 miembros, que también pertenecieron a este partido político. Quienes sobrevivieron se unieron a otros grupos para crear Sintramienergética, que hoy reclama justicia y verdad.

En el nordeste antioqueño, la presencia de los grupos armados ha sido una constante. Primero llegaron las guerrillas, como las extintas Farc, durante la década de los ochenta. Diez años más tarde, con el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el municipio se convirtió en un lugar de disputa por la riqueza de su suelo minado de oro. Según sus habitantes, esa riqueza le ha pertenecido a los grupos armados y las multinacionales que, según han denunciado los sindicalistas, cometieron crímenes para quedarse con la mayor parte del territorio para explotar este mineral con títulos a perpetuidad.

Los orígenes de las disputas que tuvieron los habitantes de Segovia y las empresas fueron, principalmente, por la estigmatización al señalarlos como “mineros ilegales” y las malas condiciones laborales de los trabajadores. Por eso, desde 1986, los integrantes del antiguo sindicato se unieron a la Unión Patriótica, un partido de izquierda que tomaba fuerza en el país como una esperanza de los Acuerdos de La Uribe, entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc-EP. Sin embargo, los líderes, defensores de derechos humanos, trabajadores, jubilados y sindicalistas simpatizantes de la UP se tuvieron que enfrentar a decenas de atropellos contra la dignidad humana, como desplazamientos forzados, amenazas, atentados e intimidaciones.

A pesar de la desmovilización de los paramilitares, desde 2003 a 2006, la guerra continuó, esta vez a manos de las bandas criminales (Bacrim) que, desde entonces, reclaman poder sobre las tierras. Actualmente, los habitantes reconocen a Los Urabeños y Los Rastrojos, y dicen que están en constantes enfrentamientos entre sí por los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.

Las denuncias sobre lo que ocurría en el municipio están consignadas en por lo menos 8.000 folios judiciales que comenzaron su rumbo en la justicia ordinaria desde el 2001. Muchos de los casos de homicidios selectivos, desplazamientos y desapariciones no podían ser denunciados cuando ocurrían por el riesgo con los grupos armados.

Hoy, los directivos de este sindicato aseguran que tienen la esperanza en que la justicia transicional pueda frenar la violencia. Gustavo Adolfo Castrillón Restrepo, integrante de la secretaría técnica de Sintramienergética, en diálogo con El Espectador, contó las expectativas que tienen los sindicalistas para que los casos de sus compañeros asesinados, desaparecidos o despojados de sus tierras no queden en la impunidad.

Ustedes llevan desde agosto del 2020 intentando acreditarse como víctimas e la JEP, ¿en qué va el proceso?

Vamos en la recta final. Nos están pidiendo que les expliquemos la fusión entre Sinfromines y Sintramienergética, que se dio el 31 de mayo del 2001. Pero una vez esté eso listo, seríamos el primer sindicato acreditado como víctima en el marco del Caso 06 de la JEP. Esta es una lucha que hemos llevado con esfuerzo, porque no podemos pasar por alto lo que ocurrió con nuestros líderes sindicalistas, que desde hace tantos años vienen luchando para que este sea un municipio con equidad minera para todos, no sólo para unos pocos empresarios. Nosotros tenemos documentados 47 homicidios de exlíderes segovianos que pertenecían en su momento a la Unión Patriótica. Hay otros casos de algunos que sufrieron atentados o fueron despojados de sus tierras, por eso nuestra intención con la JEP no es solamente que se investigue el exterminio, sino también se tenga en cuenta la situación de las víctimas sobrevivientes que fueron desplazadas.

(Lea: Informes sobre violencia antisindical fueron entregados a la Comisión de la Verdad)

¿Por qué decidieron unir ambos sindicatos?

La fusión del sindicato se dio porque necesitábamos fortalecernos, estábamos muy debilitados porque entre ambos movimientos sociales había mucha división política. En 2001, cuando logramos la fusión, quisimos cambiar la junta directiva para que defendiera los derechos de los trabajadores de todas las empresas y los mineros. Pero en ese momento, la junta directiva nombrada se prestó para que vendieran la empresa Frontino Gold Mines a la hoy multinacional Gran Colombia Gold. Eso fue un golpe muy duro para nosotros y el momento coincidió con el comienzo del exterminio de grandes líderes de la UP.

¿Cuál fue la reacción de los habitantes del municipio tras los homicidios de los líderes sindicales, el recrudecimiento de la violencia y el surgimiento minero por las multinacionales?

Al principio fue muy confuso para todos porque no estaban claros esos asesinatos. Después se supo que había sido a manos de miembros del Estado y los paramilitares, en la época en que Luis Alfredo Ramos fue gobernador de Antioquia. Cuando él llegó a la gobernación, le vendieron la empresa a la multinacional canadiense Zandor Capital y comenzó a administrarla María Consuelo Araújo, quien fue ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Álvaro Uribe. Su condena por parapolítica nos reafirma en que hay verdades pendientes que no sabemos todavía entre la relación del paramilitarismo con las empresas, en especial las mineras.

Pero en el tema de la UP, el caso más icónico y que más miedo provocó en el pueblo fue el de la alcaldesa de Segovia, Rita Ivonne Tobón Areiza. Era vecino de ella cuando estaba de alcaldesa y recuerdo la persecución de los grupos armados que vivió por su labor política a favor de la minería ancestral. De ahí en adelante ocurrieron asesinatos, desplazamientos y amenazas contra Andrés Castro, Pedro Tangarife, Gilbero Gallego Copelán, Gabriel Ignacio Zapata, Clemente Zapata, Carlos Enrique Restrepo, Mario Alonso Piedrahita, Jael Cano, Hugo Zapata, Gustavo Alonso Londoño, Juan de la Cruz Mazo, Hugo Soto, Orlando Atehortúa, Aurelio Peláez, Alonso Patiño, Reinaldo Londoño, Luis Alfonso Aguirre, Horario de Jesús Gaviria, Mario Monroy, Iván Rey, Hernán García, Alfonso Orozco, Jesús Octavio Vásquez, Oscar Estrada, Luis Eduardo Sierra, Guillermo Antonio Arboleda, Marcos Duque, Rafael Tobón, Carlos Arturo Vásquez, Jorge Andrés Castro, Leonel Carpalo y Alberto Fernández. Por esos casos es que la JEP nos está reconociendo.

¿Cuál fue el episodio qué más recuerda en medio del pico de violencia?

En Segovia siempre ha habido presencia de grupos armados por la minería de oro que hay en nuestro suelo. Este es un territorio que al año puede producir casi 300.000 onzas de oro puras, entonces siempre hemos tenido grupos armados ilegales buscando explotar ilegalmente el territorio. Las olas de violencia han sido varias, pero en especial fue hasta el 11 de noviembre de 1988, en la masacre de Segovia, cuando nos dimos cuenta que la disputa entre los paramilitares y la guerrilla estaba mucho más fuerte. Esa vez asesinaron a 46 personas y dejaron a 50 más heridas. Eso fue liderado por Fidel Castaño. Fue un ataque por el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste y en esa época el control de las Farc-EP y el Eln era casi absoluto, pero ahí las cosas comenzaron a cambiar.

Entonces lo que se supo después fue que la masacre buscaba eliminar a los militantes de la UP que ganaron las elecciones en 1988. Según la Procuraduría, fue apoyada por la empresa Frontino Gold Mines y estuvieron investigados un tiempo, pero eso precluyó. Nosotros supimos luego, y esas pruebas se las entregamos a la JEP el año pasado, que varios panfletos intimidantes contra los sindicalistas fueron impresos dentro de las instalaciones de la multinacional. Aunque esa empresa ya no existe, para nosotros es importante que investiguen a los empresarios que estaban al mando en esa época, porque además ellos estigmatizaban a nuestros compañeros por estar en la UP, les decían que no fueran más militantes.

(Vea: Mineros de Segovia denunciaron persecución sindical y homicidios ante la JEP)

¿Cuál era el contexto de violencia cuando ocurrió esa masacre?

Históricamente acá siempre habían explotado la tierra el Eln y las Farc. Para el Gobierno y sobre todo la Fuerza Pública, todo el mundo era guerrillero precisamente por eso, porque no había gran disputa hasta ese momento. Después llegan los paramilitares, el Bloque Metro, y comienzan a pelear el territorio y se asentaron primero en la zona rural. Ya después, como en 2003, cuando el salario mínimo en Colombia apenas sobrepasaba los $300.000, el entonces bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia exigía el pago de vacuna a todos los trabajadores de la empresa Frontino Gold Mines y sabíamos que parte del dinero era para financiarse.

En esa época, cuando ya se hablaba del riesgo de ser integrante de la UP y cuando a todos los segovianos nos tildaban de guerrilleros, los sindicalistas se unen y comienzan a consolidarse como miembros de ese partido político para exigir mejores condiciones laborales para los mineros, para detener el monopolio de la empresa y para que la gente se volcara a mirar a Segovia y Remedios por todo lo que pasaba con silencio y complicidad del Estado. Pero desde ahí empezó para nosotros la victimización.

Antes de intentar entrar a la JEP, ¿cómo fueron los intentos de ustedes por hacer justicia?

Ha sido difícil porque en ese momento exacto no pudimos denunciar nada. Nosotros comenzamos a documentar todo después del 2000, porque acá si uno ponía alguna denuncia, se enteraban los paramilitares y al otro día uno no amanecía. Por eso para nosotros es tan importante que la JEP nos tenga en cuenta, porque queremos estar en la historia. Ojalá también se indague sobre el despojo que generó la Frontino Gold Mines. Además, ahí hubo muchos nexos de parapolítica, empezando porque el fenómeno fue más fuerte en el período del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el exalcalde Alberth José Rodríguez Luján, que fue militante del Grupo Metro de las Auc.

Esperamos que en algún momento, ahora que se habla tanto del exgobernador Ramos, él nos responda por qué entregó la empresa a la multinacional que dirigió el uribismo por tantos años. ¿Por qué la vendieron justo cuando se destapó el escándalo de la parapolítica y cuando se comenzó a saber de los nexos entre la minera y las Auc? Eso esperamos que lo respondan algun día.

¿Qué esperan que suceda en la justicia transicional?

Nos gustaría que reconocieran que lo que pasó con los sindicalistas de Sintramienergética no fue individual, sino sistemático. Y ojalá pidan perdón público por lo que pasó con los compañeros exterminados y que más adelante podamos hacer conmemoraciones con toda la verdad que tenemos pendiente por saber, no a medias.