“Nosotros como representantes de nuestros pueblos esperamos que la JEP escuche e investigue por qué nos exterminaron, por qué tanto atropello contra la población indígena”, reclama Sibelis Villazón Cáceres, lideresa de la organización indígena kankuama.
Sibelis Villazón asistió en Valledupar a una de las seis audiencias que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para recibir observaciones de las víctimas sobre los tres nuevos macrocasos que serán investigados durante seis años. La Sala de Reconocimiento de la JEP convocó a estas audiencias del 21 de febrero al 10 de marzo en Medellín, San José del Guaviare, Valledupar, Cali, Villavicencio y Bogotá.
Sin embargo, desde las organizaciones se cuestiona su participación real y la incidencia que de verdad tengan sus propuestas en el desarrollo de los tres macrocasos ya definidos por la JEP. Según un comunicado oficial de la Jurisdicción, la Sala de Reconocimiento analizó más de 458 informes para la consolidación y presentación de estos nuevos tres macrocasos.
El agridulce de las audiencias
Por el covid-19, el aforo de las audiencias se limitó a 40 personas. Aunque la Jurisdicción afirmó que más de 650 víctimas acreditadas asistieron virtualmente, la conectividad en muchos de los lugares donde residen estos colectivos no existe o es de mala calidad.
“Resulta que en los municipios de Vista Hermosa, Uribe, La Macarena y en otras partes del país el acceso a internet es limitadísimo o nulo, entonces obviamente ahí ya no se está garantizando la participación, ni siquiera escuchar las posiciones de la Jurisdicción. Además, realizar observaciones frente a algo que se conoce el mismo día es muy complejo, porque no se tiene claridad”, explicó Carolina Hoyos, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.
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Alberto Yepes, del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), manifestó que la participación “tiene que ser más sustancial, no puede ser cosmética porque daría la impresión de que los macrocasos estuvieran ya previamente decididos y que la invitación es simplemente a dar opiniones sobre los ya aprobados, y eso no es un ejercicio muy efectivo de participación”.
Por su parte, Alexander Vargas, víctima de reclutamiento por parte de las Farc y hoy director del Colectivo Mambrú, asistió a la audiencia en Medellín y mencionó que desde esta organización esperan que “las Farc acepten y reconozcan los crímenes que han negado, como reclutamiento forzado o abuso sexual, entre otros delitos, y ojalá digan la verdad y ayuden a reparar a las víctimas”. Uno de los nuevos macrocasos recoge crímenes no amnistiables cometidos por las Farc en todo el país como violencia sexual basada en género, masacres, desplazamiento y desaparición forzada, tomas a poblaciones, homicidios y uso de armamento indiscriminado.
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Para Luz Marina Hache, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), los nuevos macrocasos “no deben desconocer que el Estado colombiano ha cumplido un papel y ha trazado las directrices para que efectivamente esos delitos hayan sido cometidos”. Especialmente el que abordará los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.
Sobre el caso de afectaciones a los pueblos étnicos, Paknam Kɨma Pai, del resguardo inkalɨ Awá Katsa tɨ de Villagarzón (Putumayo), mencionó que respaldan esta decisión porque fue una de las solicitudes que hicieron en años anteriores a la JEP. “En estas instancias de verdad, justicia y reparación es muy importante para nosotros saber que existe un macrocaso para conocer exactamente qué fue lo que nos pasó, qué pasó con el territorio, con nuestras comunidades. Además, somos un pueblo originario binacional, es decir entre Colombia y Ecuador, y muchas de nuestras víctimas se fueron al extranjero, desconocemos dónde están y en qué condiciones”.
Macrocaso de desaparición forzada: la propuesta de las víctimas
La principal solicitud de las víctimas en las seis audiencias que realizó la JEP fue abrir un macrocaso específicamente sobre desaparición forzada. “El reclamo es que no se puede simplemente diluir la desaparición forzada como una conducta anexa al tema de los falsos positivos o simplemente como un crimen exclusivo de los paramilitares, sino que queremos que se investigue como una estrategia autónoma que llegó a miles de casos de desaparición forzada directamente desde agencias del Estado con organismos especializados en el interior de la Fuerza Pública”, expresó Yepes, del Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU.
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Sobre esa petición, la JEP manifestó que restricciones de tiempo y personal hacen inviable esta opción mencionada como prioritaria para las organizaciones de víctimas y derechos humanos. “La magistrada nos explicó que en la sala de reconocimiento solo hay tres magistrados, cada magistrado tiene seis auxiliares y que les queda muy difícil, a no ser que se amplíe ese número”, explicó Luz Marina Hache Contreras, víctima de desaparición forzada de su compañero desde hace 35 años y vocera del Movice.
“El crimen de la desaparición forzada debe reconocerse no solo en la lógica de la JEP, con la apertura del macrocaso, sino también el impacto que ha tenido en el país”, expresa la abogada del Fals Borda.