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40 años del primer caso de desaparición forzada de estudiantes en la impunidad

Entre marzo y septiembre de 1982, 13 jóvenes fueron desaparecidos por miembros de la Fuerza Pública. Sus familias crearon la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y hoy, luego de 40 años de impunidad, piden que el caso sea declarado un crimen de lesa humanidad.

Carolina Ávila Cortés
04 de marzo de 2022 - 02:00 a. m.
40 años del primer caso de desaparición forzada de estudiantes en la impunidad

El caso del Colectivo 82 es un hito dentro de la historia de la desaparición forzada en Colombia. Mamás y hermanas de 13 personas torturadas, asesinadas y desaparecidas por agentes del F2, una estructura de inteligencia de la Policía en los ochenta, se unieron sin conocerse para buscarlos.

Fueron las primeras personas que salieron a marchar en Bogotá con las fotografías ampliadas de sus seres queridos exigiendo justicia y que se los devolvieran vivos.

Al principio se les conoció como Colectivo 82, luego se formalizaron en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la primera organización en Colombia que hasta el día de hoy reclama por el hallazgo de al menos 80.000 desaparecidos de manera forzada que ha dejado la violencia y el conflicto armado en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Es emblemático no solo por la creación de Asfaddes, sino también porque este es el primer caso colectivo de desaparición forzada documentado en el país. Empezó justamente hace 40 años, el 4 de marzo de 1982. Ese día, Orlando García Villamizar y Pedro Silva Bejarano fueron obligados a subir a una camioneta de placas HL6794. Los dos eran estudiantes de la Universidad Nacional, el primero de derecho y el segundo de medicina.

Galería: Familias buscadoras crearon constelaciones con los nombres de los desaparecidos

Cuatro días después, los hermanos Alfredo y Samuel Sanjuán Arévalo fueron retenidos y desaparecidos. Días antes venían siendo vigilados. Alfredo estudiaba arquitectura en la Nacional e ingeniería catastral en la Universidad Distrital, y Samuel estaba en cuarto semestre de antropología en la Nacional.

Las demás capturas y desapariciones las retomaron en agosto de 1982, con Édgar García, el día 18 de agosto. A los cinco días le ocurrió lo mismo a Gustavo Campos Guevara, estudiante de ingeniería. El 12 de septiembre desaparecieron a Rafael Prado Useche y el 13 a Edilbrando Joya Gómez. Todos habían ingresado a la Nacional.

Además de los ocho estudiantes, sobre cinco comerciantes y trabajadores ocurrió el mismo modus operandi para desaparecerlos: Rodolfo Rodríguez, quien trabajaba en la sastrería de su padre también fue desaparecido el 18 de agosto, cuando se iba a encontrar con Édgar García.

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El 11 de septiembre, dos hombres que se identificaron del F2 sacaron a Hernando Ospina de su taller de mecánica sin darle ninguna explicación; a Francisco Medina, quien era administrador de una finca lo desaparecieron el 15 de septiembre, y a los hermanos Bernardo Helí y Dario Acosta Rojas, campesinos de Gachalá, los capturaron ese mismo día en la plaza principal de este municipio y posteriormente fueron desaparecidos.

El único cuerpo que se encontró fue el de Bernardo Helí Acosta, con signos de tortura y asesinado en un simulacro de enfrentamiento el 7 de octubre. De los demás, a la fecha, no se sabe nada de su paradero ni qué pasó con ellos.

Estas desapariciones se dieron en el marco de las investigaciones de la Policía por el secuestro de los tres hijos, de 5, 6 y 7 años, el 6 de octubre de 1981; del narcotraficante José Jader Álvarez, extraditado a Estados Unidos en 1985. De acuerdo con las investigaciones, este hombre les habría proporcionado carros y helicópteros a los grupos de la Policía encargados de la búsqueda de sus hijos y para capturar a los responsables.

Pero luego de 40 años, ninguno de los integrantes del F2 a cargo de esos operativos ha sido investigado o condenado. Se han vinculado a 22 agentes a este proceso, e incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 1991 determinó que el Estado es responsable por el secuestro y la desaparición de los 13 hombres.

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Entre los agentes implicados está el exteniente coronel Nacín Yanine Díaz, quien era el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía en esa época. También el mayor Ernesto Condía Garzón, el mayor Jorge Alipio Vanegas, el capitán Jairo Otálora Durán, entre otros. Sin embargo, a pesar de que han sido llamados a indagatoria no han asistido y la justicia tampoco ha avanzado ni en la investigación ni en la búsqueda de estos estudiantes.

Por eso las mujeres que siguen dándole vida al Colectivo 82 y fuerza a la búsqueda de sus familiares le piden a la Fiscalía que declare este crimen como delito de lesa humanidad para que sigan las investigaciones.

Los padres y madres de los desaparecidos se han muerto sin saber nada de sus hijos. Hoy, la búsqueda la heredaron sus familiares. Están Teresa Sanjuán, hermana de Alfredo y Samuel; Rosalba Campos, hermana de Gustavo, y Nancy García, hermana de Orlando.

Las tres anunciaron que este año el Colectivo 82 hará una serie de actividades para conmemorar los 40 años de este caso y no dejar en el olvido las vidas de sus hermanos. La primera actividad será hoy, a partir de las 3:00 p.m., en la Universidad Distrital. En el Auditorio Mayor Hermanos Sanjuán se hará un foro para recordar la vida y desaparición de Orlando García y Pedro Bejarano.

El 18 de marzo, en esta misma universidad y a las 2:00 p.m., las familias harán la construcción de un jardín por la memoria de los 13 jóvenes y estarán en la ceremonia de graduación póstuma de Alfredo Sanjuán. En cada una de las fechas de desaparición, las familias harán charlas sobre ellos y construirán más jardines en Bogotá y Gachalá. Están intentando que sus nombres y rostros salgan en la Torre Colpatria y que haya más ceremonias de grado póstumas para los demás estudiantes.

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Flavio(nrv85)20 de abril de 2024 - 04:55 p. m.
“El único preso político soy yo” Palabras del narcotraficante expresidente Julio César Turbay Ayala.
Álamo(88990)06 de marzo de 2022 - 01:20 p. m.
Gracias, Carolina, por ese trabajo de la memoria, tan necesaria como depreciada en nuestro país.
Tanatos(39449)05 de marzo de 2022 - 05:00 p. m.
Y todavía se duda que esto es un narco estado... puede que hayan participado en el secuestro pero para eso está la ley y los organismos del estado. Los tombos no pueden ser sicarios de la mafia
Rafegovi(bsj1v)04 de marzo de 2022 - 04:41 a. m.
A propósito del tema, es de recordar el primer caso de desaparición forzada documentado en el país: Omaira Montoya Henao, bacterióloga y activista política, detenida-desaparecida por el F-2 de la Policía el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla mientras participaba en las actividades preparatorias del Paro Cívico Nacional programado para el día 14 de ese mes. Daba inicio el terrorismo de Estado.
  • Rafegovi(bsj1v)04 de marzo de 2022 - 05:05 a. m.
    No es coincidencia que el Teniente Coronel Nacín Yanine Díaz aparezca implicado en este crimen de Estado. Posteriormente, un hermano suyo, el fallecido General Farouk Yanine Díaz, ganaría notoriedad nacional como organizador de bandas narco-paramilitares basadas en el Magdalena Medio y entrenadas por el mercenario israelí Yair Klein. Gonzalo Rodríguez Gacha -entre otros- financiaba la operación.
Fabio(78069)04 de marzo de 2022 - 03:30 a. m.
Desde hace 40añosel estado asesinando y desapareciendo ciudadanos que horror. Somos democráticos para el crimen y el robo. Chuchombianos de mierda
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