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“Desde el exilio, y por este medio, le exigimos contar verdad, esa que usted conoce muy bien y que durante años se ha negado a revelar al país y a otras familias víctimas de crímenes que también están relacionados con actuaciones que usted lideró desde el cargo que desempeñaba”, le escribe la familia del activista y defensor de derechos humanos Ángel Quintero al general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, en una carta fechada del 6 de octubre.
En esa misma fecha, 21 años atrás, ocurrió la desaparición forzada en Medellín de Quintero y Claudia Monsalve, defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (Asfaddes), por parte de agentes estatales. Ambos fueron abordados la noche de ese viernes por hombres armados en motocicleta que los obligaron a subirse a una camioneta. Un mes atrás Ángel Quintero había recibido amenazas. Los dos defensores realizaban labores de búsqueda de sus familiares desaparecidos por agentes estatales.
En 2013 se vinculó a Santoyo a la investigación del caso, ya que para la época comandó el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de Medellín. Aún no ha aportado información sobre el hecho y tampoco se sabe del paradero de ambos defensores.
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De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, en el momento de la desaparición forzada de los dos activistas, la línea telefónica fija de Asfaddes estaba interceptada ilegalmente por una orden falsa de un fiscal adscrito al Gaula Urbano de Medellín, “actividad delictiva que se inició con, el hoy general, Mauricio Santoyo Velasco”.
En esos años, Asfaddes ya había recibido amenazas por parte de los paramilitares. Santoyo realizó un acuerdo con la justicia estadounidense y aceptó responsabilidad en proveer información y personal del Gaula para facilitar tareas del paramilitarismo, a cambio de que no lo condenaran por narcotráfico. Por esa razón fue condenado a 13 años, sin embargo, por su colaboración con la justicia de ese país solo cumplió 6 años y 8 meses. Esta “colaboración” fue ratificada por diferentes comandantes paramilitares en sus versiones de Justicia y Paz. Fue el caso de Carlos Mario Jiménez, conocido en la guerra como Macaco; Salvatore Mancuso; Juan Carlos “el Tuso” Sierra y Diego Fernando Murillo o Don Berna.
“Usted, por el cargo en el Gaula que ocupaba en esa época, por las declaraciones que sobre el tema han hecho varios paramilitares, y por el proceso que se le siguió y la condena que se le impuso en Estados Unidos, debe tener respuesta a estas preguntas”, asegura la familia en la carta.
La familia le increpa en la carta por el “momento histórico” que está viviendo el país y las víctimas del conflicto armado a través del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este tribunal aceptó el sometimiento de Santoyo el 28 de febrero de 2020, por su presunta participación en la desaparición de los dos defensores y su presunta relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, hechos por los que se encontraba privado de la libertad en el país. Tras aceptar su sometimiento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le otorgó el beneficio de la privación de la libertad en una unidad policial en vez de la cárcel.
“Su impresionante carrera en la Policía, que incluyó ser jefe de seguridad de Álvaro Uribe, presidente de la República de ese entonces, ha sido puesta en entredicho ante los diversos excesos y abusos que al parecer cometió durante el ejercicio de sus funciones: más de 1500 interceptaciones ilegales, los casos de Jaime Garzón, Jesús María Valle y una condena en los Estados Unidos por proveer información y apoyo a la oficina de Envigado y a grupos paramilitares (…) Nos preguntamos entonces: ¿Cuándo aportará a la justicia colombiana? ¿Por qué se niega a decirle la verdad a su propio país?”, se extrae de la carta.
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El exalto oficial llegó deportado de los Estados Unidos en abril de 2019. Luego, en mayo de ese año durante una diligencia de indagatoria en el búnker de la Fiscalía, se declaró inocente por su presunta participación en la desaparición forzada de los dos defensores de derechos humanos en el 2000 y el asesinato del abogado Jesús María Valle en 1998.
Ante esto la familia se pregunta por qué no ha revelado la verdad ahora que está en Colombia: “¿Está protegiendo a alguien con su silencio? ¿Qué le impide contar la verdad, contribuir a la justicia y a la reparación de las víctimas?”
Finalmente le envían un mensaje claro: “Recuerde bien que la impunidad y los remordimientos son compañeros de viaje nocivos para el resto de la vida, mientras que la verdad y la justicia son caminos hacia la paz, la reconciliación y la no repetición. La sociedad colombiana y las familias de las víctimas tenemos derecho a saber lo que pasó, y usted tiene la obligación de contarlo, por su propio bien y el del país. Confiamos en que, si todavía queda algo de humanidad en usted, sabrá que ha llegado el momento de rendirle cuentas a la justicia, a las víctimas y a la sociedad colombiana”.
Santoyo también fue investigado por el asesinato del humorista Jaime Garzón, cometido por agentes del extinto DAS y paramilitares. Sobre este caso fue indagado en junio de 2019. Una fiscal le indicó a Santoyo en ese momento: ”Sírvase informar si usted conoció al humorista Jaime Garzón Forero. En caso afirmativo, indique las circunstancias y relación con él”, preguntó la funcionaria, a lo que Santoyo respondió que “nunca” lo conoció y que simplemente sabía de él porque lo había visto en televisión.
A partir del 17 de septiembre, fecha en la que la JEP dio a conocer la decisión de aceptar a Santoyo, el general retirado tiene tiene 20 días para presentar de manera concreta y clara un programa de verdad plena que vaya más allá de la conocida por la justicia ordinaria.
Aquí puede ver la carta completa: