Nueva dirección de la UBPD y política de búsqueda de desaparecidos: retos en 2023

La Unidad tiene un mandato de 20 años para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, que hasta noviembre del 2022 se registran 99.235. / Cortesía UBPD.

Foto: Archivo

El próximo 19 de febrero se acaba el período de la directora Luz Marina Monzón en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad creada por el Acuerdo de Paz junto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Luego de cinco años, Monzón sale de esta entidad encargada de avanzar y apoyar acciones humanitarias de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. La selección de una nueva persona para la dirección de la entidad es una de las principales tareas del Sistema Integral para la Paz para este 2023. Las organizaciones de víctimas han solicitado que la nueva persona que dirija esta entidad sea un familiar buscador que cumpla con los requisitos para asumir el cargo.

“En coherencia con el discurso de la centralidad de las víctimas en el Acuerdo de Paz, el nivel máximo de participación debe ser la dirección de la Unidad de Búsqueda. Esta entidad no es otra institución del Estado, tiene un sentido y razón particular con un gran desafío que es dar cuenta de los desaparecidos, por eso puede ser marcada por el sentimiento, el amor y la pasión de la búsqueda de un familiar de una persona desaparecida que ha buscado a los suyos y a otros”, explicó Pablo Cala, defensor de derechos humanos y representante de la Fundación Hasta Encontrarlos.

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El proceso de selección está bajo el Comité de Escogencia e inició el pasado 28 de diciembre cuando el Ministerio de Justicia, a través del Decreto 2612 del 2022, convocó a las organizaciones que lo conforman a designar a sus delegados. Estas son la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría General de Naciones Unidas, la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Centro Internacional de Justicia Transicional.

Las personas que aspiran al cargo se podrán auto postular o ser postulados por organizaciones de familiares desaparecidos y buscadores. Ya existe una lista de nueve familiares, de los cuales seis son mujeres, que serán postulados por organizaciones nacionales e internacionales de familiares buscadores porque son considerados como idóneos para el cargo. Algunos de ellos hacen parte de la Fundación Hasta Encontrarlos y organizaciones regionales de búsqueda.

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Jacqueline Castillo, representante legal de Mafapo y hermana de Jaime Castillo desaparecido forzadamente y ejecutado extrajudicialmente en el 2008 en Ocaña (Norte de Santander) es otra de las candidatas junto a Pedro Loperena, familiar de varios indígenas wiwas desaparecidos forzadamente en la sierra, líder del pueblo Wiwa, concejal en Valledupar, responsable de DDHH de la Organización indígena Wiwa, Cesar.

Aparte de los familiares buscadores, en la lista se suman Jaime Perea y Pablo Cala. El primero, pariente de Mónica Molina, desaparecida en el Palacio de Justicia y docente de la Universidad del Valle. El segundo, ha contribuido desde 1996 a la búsqueda de personas desaparecidas en el país desde la Fundación Hasta Encontrarlos, la cual fundó y desde la que ha apoyado con el hallazgo de 25 personas desaparecidas.

Erik Arellana Bautista, hijo de la desaparecida Erika Bautista, declinó su postulación tras cuestionar los criterios de escogencia, asegurando en un pronunciamiento público que tras la creación de la UBPD las familias de desaparecidos “poco o casi nada hemos avanzado en la búsqueda en estos largos años”.

La búsqueda de desaparecidos en 2023

“Asumir una Paz Total sin desaparecidos” es una de las principales peticiones de las organizaciones de familiares buscadores para el gobierno de Gustavo Petro. Para ellas, no solo se requiere de voluntad política sino también de ajustes en el presupuesto que podrán entrar al Plan Nacional de Desarrollo. Esto a través de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda propuesto por la UBPD y las organizaciones de víctimas.

La UBPD, en respuesta a una solicitud enviada por Colombia+20, afirmó que el objetivo principal de este Sistema Nacional de Búsqueda es articular esfuerzos para agilizar las respuestas a las víctimas que satisfagan los derechos a la verdad y a la reparación. Esto se hará, principalmente, a través del acceso y creación de bancos de perfiles genéticos de desaparecidos, haciendo parte del Comité Interinstitucional de Genética Forense y creando laboratorios de antropología o genética en universidades o entidades privadas para agilizar el proceso de identificación de cadáveres.

Esto respondería a las quejas de las víctimas por la saturación en Medicina Legal que no ha permitido la identificación de más de 10.000 cuerpos. “No tenemos avances significativos en la identificación porque no hay dinero, Medicina Legal está colapsada, no hay personal ni voluntad política para brindar los recursos y las garantías para que se pueda avanzar en esos procesos de identificación”, explicó el pasado 30 de agosto a este diario Adriana Arboleda, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

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En las bases del PND publicadas el pasado 15 de noviembre en la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el apartado de “Justicia para el cambio social, democratización del Estado y garantía de derechos y libertades” uno de los puntos abordados fue la Justicia transicional e implementación de las sanciones y medidas de reparación para la reconciliación social. Dentro de los mecanismos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el documento se plantean los siguientes ajustes por realizar: “i) articular los procesos de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Policía Nacional, y ii) aumentar las capacidades técnicas e investigativas de las entidades competentes”.

El próximo 11 de enero se reunirán nuevamente organizaciones y UBPD con el Ministerio de Justicia para revisar los avances y pendientes de la propuesta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el cual se radicará en el Congreso el 7 de febrero.

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Para Pablo Cala, representante de la Fundación Hasta Encontrarlos, la creación de laboratorios y un banco de perfiles genéticos deben estar dirigidos exclusivamente a la búsqueda de los desaparecidos para descongestionar los de Medicina Legal que reciben día a día “la violencia cotidiana del país”. Además, señaló que es importante involucrar más a los familiares en cada etapa de los procesos de búsqueda, a través de protocolos de acción.

Desde la organización forense Equitas también hacen un llamado a articular y priorizar la búsqueda de desaparecidos en el marco de la Paz Total del gobierno Petro. “El tema de la desaparición debe ser central dentro de las negociaciones con el Eln y las futuras con otros grupos armados para que estas personas que fueron responsables de estos hechos o tiene información relacionadas la entreguen para conocer la suerte y paradero de los desaparecidos del país”, afirmó Diana Arango, directora de Equitas.

Según registros de la UBPD, aún continúan desaparecidas 90.088 personas en el país de las 99.235 registradas en bases de datos del Sistema Integral para la Paz.

La Unidad de Búsqueda también quiere en 2023 dar respuesta a las 22 mil solicitudes que han recibido hasta el momento, ampliando las acciones de los Planes Regionales de Búsqueda de 23 a 34, incorporando cerca de 109 municipios ubicados en 18 regiones como Catatumbo, Bajo Putumayo, Urabá, Oriente Antioqueño, Eje Cafetero, Magdalena Medio, entre otras. Y a su vez, buscarán articularse con otras entidades para obtener información que aporte a los procesos de búsqueda, entregada por exFarc, Fuerza Pública y exAuc; comparecientes de JEP; y del Archivo General de la Nación.

Medidas cautelares, formación y otros esfuerzos para la búsqueda de desaparecidos

Para el 2023 continuarán los procesos de búsqueda en cementerios y lugares preservados con medidas cautelares emitidas por la JEP. La organización colombiana Equitas seguirá apoyando como asesor forense de las víctimas la búsqueda de desaparecidos en los 19 lugares, ubicados en 5 departamentos, que cuentan con medidas cautelares luego de la petición del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en 2018.

Equitas es una organización forense colombiana que ha sido catalogada como una de las pioneras en la búsqueda de personas desaparecidas en contextos acuáticos como ríos, diques, canales, lagunas, entre otros. Esto los ha llevado a apoyar acciones en el Canal del Dique, en el estero de Buenaventura y en Hidroituango, caso que aún está a la espera de que la JEP determine si iniciarán o no las labores de búsqueda en este megaproyecto antioqueño.

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Estas acciones están articuladas con las labores que seguirá adelantado la UBPD para fortalecer la información del Registro Nacional de Fosas, Cementerios ilegales y Sepulturas para identificar y descartar lugares con posible interés forense.

La preocupación por la baja oferta de programas de formación como diplomados, cursos, talleres y posgrados en ciencias forenses en el país y la alta demanda que se tiene, a que organizaciones como Equitas brinde estas alternativas académicas para el próximo año que tengan alianzas con universidades en el exterior.

“Otro de los focos del próximo año es que Equitas quiere consolidarse como un centro que produzca programas de formación de alto nivel y calidad en ciencias forenses porque hay un déficit muy grande en el país. Esperamos el próximo año poder dar una buena noticia sobre el lanzamiento de una especialización en ciencias forenses que pueda convertirse en maestría con apoyo de universidades en Estados Unidos”, comentó la directora de Equitas en entrevista con Colombia+20.

La Fundación Hasta Encontrarlos le afirmó a esta redacción que seguirá apostándole en 2023 a la construcción de guías metodológicas sobre la participación y apoyo a familiares y buscadores de desaparecidos en los procesos forenses.