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La Alcaldía de Medellín ha tenido todas las herramientas para cambiar el uso del suelo en La Escombrera y La Arenera para que no siguieran echando escombros en estos lugares, que han sido señalados durante años por víctimas de la Comuna 13 y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como espacios donde fueron posiblemente arrojados cuerpos de personas que fueron desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado.
Esta fue una de las principales afirmaciones del magistrado Rubén Darío Pinilla, del tribunal de Justicia y Paz de Medellín, durante su intervención en el primer día de la audiencia pública que realiza este miércoles la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en el Palacio de Justicia de Medellín, para indagar por los restos de los desaparecidos de la Comuna 13.
(En video: Comienza audiencia de la JEP para indagar por los desaparecidos de la Comuna 13 en Medellín)
Pinilla detalló que la falta de voluntad del Estado y la Alcaldía en la protección de estos sitios se manifiesta en que desde 2013 el Tribunal de Justicia y Paz ordenó a la administración municipal que tenía el deber de proteger y hacer todas las tareas para el hallazgo de esos cuerpos posiblemente desaparecidos. Pero desde entonces no se ha adelantado ninguna actividad hasta que se emitió la condena contra el Bloque Cacique Nutibara en septiembre de 2015. Luego, se hizo una intervención en un polígono que calificó de “lenta y parsimoniosa” que no tuvo ningún hallazgo.
“Llevamos casi 6 años en que se hizo esa petición”, dijo Pinilla, quien además aseguró que tiene la certeza de que esa zona fue utilizada como un cementerio para la desaparición forzada, donde las víctimas eran inhumadas y cubiertas con escombros: “Yo no dudaría en decir que La Escombrera y La Arenera son el mayor cementerio de desaparición forzada no sólo en Colombia sino me atrevería decir que en el mundo”.
De hecho, mencionó que la Fiscalía ha establecido que esa práctica de desaparición forzada se intensificó en los años 2002 y 2003, durante la Operación Orión realizada por la Fuerza Pública y que según varios testimonios de desmovilizados contó con la participación de integrantes de paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las AUC.
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Pinilla enfatizó que el entorno ha cambiado desde el momento de estos crímenes y sobre estos posibles cuerpos se han depositado escombros que equivaldrían a un edificio de 25 pisos. También se refirió al universo de víctimas de desaparición forzada y señaló que son cerca de 300. De ahí que pidió que no se siguieran depositando escombros aquí porque hace cada vez más difícil la búsqueda y lesiona a los familiares de las víctimas que todos los días ven que arrojan desechos aquí.
Los cuerpos de la Escombrera y la Arenera
Se supone que, según la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, existen al menos 104 restos de personas sepultadas en más de 15.000 metros cúbicos de tierra que, se calcula, tiene el cementerio clandestino de la Comuna 13 de Medellín, donde grupos paramilitares y guerrilleros que se disputaban el control en los años más duros del conflicto armado torturaban, ejecutaban y enterraban a sus víctimas en esa zona semi rural de la capital de Antioquia.
Aunque son casos documentados desde 1978, la mayoría corresponden a la primera década del siglo XXI y algunos van incluso hasta agosto de 2017, es decir, cuando ya había concluido la primera etapa de búsqueda de desaparecidos, que se desarrolló entre junio y diciembre de 2015. Sin embargo, se calcula que la mayoría habrían sido llevados después de las operaciones militares Mariscal (mayo de 2002) y Orión (octubre de 2002 y diciembre de ese mismo año). Orión, que inició el 16 de octubre de 2002, es considerada la acción armada urbana más grande que ha habido en Colombia en el marco del conflicto.
En septiembre de 2018, luego de dos años y nueve meses de remover escombros en la Escombrera no se encontró ningún cuerpo o resto en el primer polígono definido por la Fiscalía. La búsqueda se detuvo desde entonces. Eso motivó la petición que hicieron cerca de 30 integrantes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos a la JEP para que declare medidas cautelares sobre este lugar.
*Enviada especial Medellín.