El caso de entrampamiento que se habría dado contra el exjefe de las antiguas FARC Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, estuvo enmarcado en un contexto en el que hubo un “uso abusivo de la persecución judicial”.
Además, dijo que la Fiscalía sí obstaculizó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en ese caso porque el excomandante de las FARC duró un año privado de la libertad sin que se aportaran pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad en el delito. “Si ven el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que es un tema que causó una demora excesiva y afectó el debido proceso”, dijo.
Además, la Corte Suprema de Justicia, en 2019, aclaró que la Fiscalía no tenía competencia para investigarlo, dado que en esa época ostentaba el cargo de congresista.
Ese es una de las observaciones preliminares de la investigación que presentó este jueves en Bogotá, Antonia Urrejola, experta internacional sobre los Derechos Humanos de la ONU, quien también indaga sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
El caso de Santrich fue revelado en 2020 por el periodista Edinson Bolaños, de Colombia+20, en una investigación que despertó una dura controversia y llegó a los estrados judiciales.
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Santrich fue señalado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez como parte de una estructura que enviaba drogas a Estados Unidos. Luego de ser vinculado a un proceso por narcotráfico, abandonó el Acuerdo de Paz y formó la disidencia de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez.
En el marco de ese hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presento una denuncia contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación de la administración de Martínez, quienes habrían ocultado información a la jurisdicción en el proceso que terminó frenando la extradición del Santrich.
La investigación de este entrampamiento fue solicitada por el canciller Álvaro Leyva el pasado 14 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Álvaro Levya le pidió a ese organismo la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de ONU para Colombia para que investigara los obstáculos que estaban afectando el proceso de paz “mediante el entrampamiento realizado por extraños”.
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Urrejola, quien fue designada por el Consejo de Derechos Humano de la ONU en julio de este año, señaló en rueda de prensa que se reunió con diferentes miembros del Estado, incluyendo el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien además “nos entregó mucha información” sobre el caso de Santrich.
Sobre el hecho de que la misma Fiscalía General de la Nación sea quien investigue los hechos y funcionarios de la administración de Martínez Neira que habrían obstaculizado el proceder de la JEP en este caso, Urrejola señaló que todavía falta ahondar en los detalles y que las conclusiones serán presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU en marzo del próximo año.
“Yo confío en que la Fiscalía pueda investigar estos hechos porque me parece fundamental aclarar el manto de duda que existe en un hecho que es fundamental respecto a uno de los firmantes del Acuerdo, de uno de los negociadores del Acuerdo. Y Colombia requiere que estos hechos sean esclarecidos por el bien de la independencia de los distintos organismos judiciales, como lo es la propia fiscalía”, agregó.
La investigación de la experta no tiene carácter criminal, pero sí pueda dar luces de lo que realmente ocurrió con Santrich. “No se trata de una investigación criminal, que pudiera determinar eventuales responsabilidades penales en este caso particular y a la luz de la denuncia de la JEP”, enfatizó e informó que, los hechos ocurridos en torno al asunto de “Jesús Santrich”, y el contexto en que se dieron, serán parte del informe que presentará en marzo de 2024.
Según Urrejola, ese caso “creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”. Además, como lo señaló, pudo acelerar el rearme de varios firmantes del Acuerdo.
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Otros casos
Pero ese no es el único caso de “uso abusivo de la persecución judicial” que mencionó Urrejola. Para mencionar otro, está la investigación en contra de funcionarios que otorgaron un permiso de salida a firmantes del Acuerdo de Paz.
“Es el caso de integrantes de la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial, Marta Lucía Zamora, quien era la Secretaria Ejecutiva encargada, July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, que dieron permisos de salida a los firmantes de Paz 2016.
La JEP, quien autoriza la salida de los firmantes del Acuerdo de Paz, y estas personas fueron acusadas (no recuerdo exactamente por qué delitos) pero básicamente que estaban coludidas con los firmantes del acuerdo y que no tenían la idoneidad ni la imparcialidad. Esas personas no pudieron postularse a la JEP porque fueron objeto de una persecución y una judicialización que demoró tres años y medio y hasta el año pasado las tres personas fueron absueltas”, indicó.
¿Qué denunció la JEP?
El tribunal de justicia transicional presentó la denuncia contra varios funcionarios de la Fiscalía de Martínez luego de adelantar una investigación propia acompañada con un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados inglesa, que halló múltiples irregularidades.
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Según la JEP, el ente acusador le habría ocultado información en momentos en los que estaba estudiando si frenaba la extradición de “Jesús Santrich”, en mayo de 2018.
Una de las exfuncionarias denunciadas es Ana Fabiola Castro Rivera, exdirectora de asuntos internacionales de la Fiscalía, quien le habría negado el acceso a pruebas claves a la JEP.
Según la denuncia, esos documentos habrían podido incidir en la decisión que terminó frenando la extradición del jefe guerrillero, quien en ese momento estaba preso por delitos de narcotráfico.
