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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió en la noche del lunes un documento clave en el desarrollo del macrocaso 07, centrado en el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado colombiano, así como de violencia sexual intrafilas y aborto forzado.
Se trata de la respuesta formal de seis miembros del último secretariado de las extintas FARC —Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel— a la imputación hecha en noviembre de 2024 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra más de 18.000 niñas, niños y adolescentes.
El extenso documento, que supera las 400 páginas y que conoció Colombia+20, fue entregado por sus abogados -el último día de plazo para ese reconocimiento formal- ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, donde ya se encuentra en reparto. Allí el tribunal evaluará las observaciones de los seis excomandantes frente a los cargos formulados por la JEP, que incluyen reclutamiento forzado, homicidios, tortura, violencia sexual, abortos forzados y actos discriminatorios contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
Tanto en el documento como en el comunicado, que se dio a conocer también el lunes en la noche, los excomandantes aceptan la responsabilidad por la incorporación de menores a las filas de las antiguas FARC, y califican esa práctica como un error profundo e injustificable.
“En consecuencia, los comparecientes reconocen que, en distintos momentos y contextos del conflicto armado, se configuró una práctica de facto de reclutamiento de menores de 15 años al interior de las extintas FARC. Si bien dicha práctica no fue institucionalizada ni formalizada mediante reglamentos internos, su ocurrencia obedeció a la falta de control efectivo por parte de ciertos mandos, quienes incurrieron en omisiones frente a su deber”, dice el documento.
Y agregan: “Asimismo, los comparecientes reconocen que existió una política interna de reclutamiento dirigida a personas entre los 15 y 30 años, implementada conforme a las directrices y reglamentos de la organización”.
En sus palabras, se trató de una conducta que marcó vidas enteras y no puede volver a repetirse.
<b>En la vida intrafilas las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos</b>
JEP
En diálogo con Noticias Caracol, Pastor Alape, uno de los miembros del antiguo secretariado imputado en esos delitos, afirmó que aceptar esa verdad es en sí un acto reparador.
“Reiteramos en esta declaración el reconocimiento de los hechos más graves, no amnistiables, con plena conciencia del daño causado y con la convicción de que decir la verdad es un acto que en sí es reparador. Asumimos toda nuestra responsabilidad frente a este caso y estamos procediendo de manera efectiva con nuestro compromiso firmado en el Acuerdo de Paz”, aseguró.
Las críticas a la metodología de la JEP
Pero ese reconocimiento del antiguo secretario viene con una crítica aguda al enfoque de la JEP, una defensa del carácter político de la antigua insurgencia y una negación o relativización de los crímenes más graves que se les atribuyen. La Sala de Reconocimiento, según alegan, habría construido el caso a partir de una metodología deficiente, con serias falencias en la agrupación de hechos, la interpretación de fuentes y la formulación de patrones macrocriminales. En opinión de los firmantes, los análisis del tribunal carecen de sustento empírico suficiente, incurren en sesgos valorativos, y no respetan los principios de verdad dialógica ni de debido proceso.
“Una de las principales líneas de defensa consiste en rechazar que las antiguas FARC hayan constituido un aparato organizado de poder destinado a cometer crímenes internacionales. Nuestro propósito no es el descrito por la Sala, constituirnos como un aparato organizado de poder que pretendía cometer crímenes internacionales. Por el contrario, pertenecimos a una guerrilla alzada en armas contra el Estado que ejerció el derecho a la rebelión y el delito político”, dice el documento.
En ese sentido, si bien aceptan que hubo reclutamiento de menores, niegan que haya existido un plan sistemático o una política estructural orientada a cometer esos crímenes. Reclaman que los hechos deben entenderse en el contexto de una guerra prolongada, marcada por la ausencia histórica del Estado en vastas regiones del país, y por la complejidad de dinámicas sociales y territoriales que, a su juicio, no han sido adecuadamente analizadas por la JEP.
Las cifras recogidas en la investigación del alto tribunal muestran que entre 1971 y 2016 las extintas FARC reclutaron a 18.677 niños y niñas, y a la JEP llegaron 951 víctimas sobrevivientes y familiares de menores que siguen desaparecidos. De ese universo, la Jurisdicción esclareció que el 29 % de las niñas reclutadas sufrieron anticoncepción forzada y el 23 % fueron mujeres que sufrieron abortos forzados.
En contexto: Así fue la política de violencia sexual que la JEP le imputó a jefes de las FARC
Justamente el punto más controvertido del documento es, sin duda, el tratamiento que hacen de las imputaciones por violencia sexual, violencia reproductiva y violencias por prejuicio, delitos que la JEP les imputó en noviembre pasado, pero que las FARC han negado como parte de un patrón criminal.
Esa imputación, hecha por primera vez en más de 50 años de guerra, constituyó un avance sin precedentes para la investigación sobre la política de reclutamiento de menores de edad que desarrolló la guerrilla de las FARC y que se tradujo, además de ese crimen de guerra, en un escenario de violencias sexuales sistemáticas en contra de las niñas, mujeres y menores reclutados con orientación sexual o identidad de género diversa.
“En la vida intrafilas las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos, y en algunos casos el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias impidiendo el ejercicio de la crianza”, explicó la JEP entonces.
En su respuesta, los firmantes niegan tajantemente que haya existido una política formal o tácita que promoviera o tolerara la violencia sexual, abortos forzados o políticas anticonceptivas impuestas en las filas de la insurgencia. Sostienen que los casos registrados fueron excepcionales, que no obedecieron a una directriz institucional y que incluso algunos de ellos fueron investigados y sancionados en el interior de la organización.
“Los excomandantes rechazan que existiera una política institucional para prohibir embarazos o forzar interrupciones, y afirman que muchas de esas decisiones fueron personales, contextuales o sanitarias”, dice el documento.
Cuestionan que la JEP haya agrupado bajo un mismo patrón conductas tan disímiles como violación, esclavitud sexual, unión forzada o desnudez forzada, sin diferenciar su naturaleza ni analizar si fueron sistemáticas, ordenadas o consentidas por la comandancia. En la lectura de la defensa de los firmantes, la Sala de Reconocimiento incurre en una interpretación forzada de los testimonios, y llega a conclusiones no suficientemente sustentadas en evidencia directa.
Algo similar ocurre con las acusaciones sobre abortos forzados o políticas anticonceptivas impuestas. Los firmantes rechazan que existiera una política institucional sobre esos delitos.
“No existió un plan común ni una política formal respecto de las interrupciones del embarazo, por el contrario esta fue una práctica que se desarrolló a lo largo del tiempo y fue implementada de forma diferencial en los diferentes Bloques y frentes en razón a la multiplicidad de interpretaciones y autorizaciones que daban los comandantes y el antiguo Secretariado.
En cuanto a la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, los firmantes insisten en que no existió una política de exclusión ni de castigo sistemático.
Estas respuestas han generado reacciones divididas. Por un lado, organizaciones defensoras del Acuerdo de Paz valoran que se haya producido un reconocimiento formal del reclutamiento de menores, un hecho históricamente negado o minimizado.
Defensores de víctimas han expresado su inconformidad con lo que consideran una forma de negacionismo encubierto. Denuncian que el secretariado se limita a aceptar responsabilidades ya inocultables, mientras evade otras más graves.
Juan Manuel Martínez, abogado líder del equipo de representación de víctimas en la JEP de la COALICO (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia), han expresado su inconformidad con lo que consideran una forma de negacionismo encubierto. Denuncian que el Secretariado se limita a aceptar responsabilidades ya inocultables, mientras evade otras más graves y revictimiza al relativizar testimonios sobre violencia sexual y de género.
“Inicialmente lo que vemos es una falta de aporte pleno a la verdad, y esto se traduce en un reconocimiento de responsabilidad precario. Es decir, uno no podría decir que hay una negación absoluta de esos hechos y esas conductas que le endilga la Sala al antiguo secretario, pero es cierto que ese reconocimiento que se hace no es coherente con las expectativas que tenían las víctimas en ese sentido. Pareciera inicialmente que los comparecientes llegan a este momento del proceso con una actitud equivocada”, afirma Martínez.
El abogado resalta que, si bien las FARC hace algunos reconocimientos importantes, se hace corto para las responsabilidad individuales.
“Hay elementos importantes que, por supuesto, hay que resaltar. Por ejemplo, dicen que el reclutamiento fue injustificable y que no debería volver a suceder. Eso está bien, pero ya al momento de explicar cuál fue su participación o cuál es su responsabilidad en la comisión del crimen de reclutamiento, no como un hecho del contexto de violencia que vivió Colombia, sino su participación individual en el crimen, allí es cuando empiezan a aparecer discursos justificatorios, discursos que, de alguna manera, acusan a la JEP de no tener un rol objetivo al momento de formular los hechos o de determinar los crímenes por los que se debe responder”, explica.
La JEP, por su parte, deberá evaluar la suficiencia de estas observaciones. Si las considera completas, podrá avanzar hacia una resolución de conclusiones; si no, podrá requerir aclaraciones, adoptar medidas adicionales o incluso remitir el caso a otras instancias del sistema para cumplir con los requisitos de verdad plena, detallada y consistente, y si contribuye efectivamente a los fines restaurativos del sistema.
Si es así, la JEP deberá decidir si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad. Con ello, los excomandantes podrían acceder a sanciones propias (no privativas de la libertad), enfocadas en reparación que van de los cinco a los ocho años, pero no son privativas de la libertad. De lo contrario, se enfrentarían a sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
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