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Desde 2018, año en el que la Defensoría del Pueblo emitió Alertas Tempranas enfocadas en el potencial riesgo de firmantes de paz ubicados en el espacio territorial Urías Rondón, en El Yarí (Meta), la tranquilidad no ha llegado a estas familias.
La violencia armada que quiere acabar con sus vidas y cuyas amenazas recientes comenzaron el 18 de noviembre de 2021, los obligó el pasado 17 de diciembre a desplazarse desde su asentamiento en el Meta rumbo al predio San José, un espacio asignado por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en el municipio de El Doncello (Caquetá). En ese proceso de salida del territorio, la caravana de excombatientes fue atacada con ráfagas de fusil por grupos armados identificados como disidencias de las Farc, y uno de los camiones dispuestos para la carga de sus enseres fue incinerado.
Este hecho los volvió a poner en el centro de atención de las entidades competentes que a nivel nacional deben velar por su seguridad y su vida. Luego de llamados a la Consejería de Estabilización y Normalización, a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este tribunal citó este martes una audiencia virtual y reservada para estudiar los trámites oficiosos de medidas cautelares de protección para estos 106 excombatientes afectados en el espacio Urías Rondón y sus respectivos núcleos familiares.
La diligencia, citada por la magistrada Reinere Jaramillo, además de justificarse en las Alertas Tempranas de la Defensoría, responde a llamados hechos desde la Misión de Verificación de Naciones Unidas, entidad que desde el 24 de septiembre de 2021 advirtió sobre la urgencia de trasladar firmantes de paz del ETCR en La Macarena por peligros inminentes a causa de estructuras armadas.
Todo esto, sumado a las denuncias constantes de los firmantes de paz, que recopilaron la Unidad de Investigación y Acusación y la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, instancias que documentaron que en estas poblaciones afectadas advirtieron el 10 de diciembre que se veían obligados a salir de su territorio sin garantías de seguridad.
Lo que sucedió en la audiencia
Desde antes de la diligencia había un número estipulado de voceros del espacio territorial que iban a hablar ante la magistrada Jaramillo. Sin embargo, por la delicada condición de seguridad, personas cercanas al Urías Rondón le dijeron a Colombia+20 que los que acudieron fueron menos, por temor a represalias, cuestión que “evidencia cómo está de grave el tema”.
Ya en la audiencia, los voceros presentes denunciaron que lo que ellos vivieron el 17 de diciembre no fue un traslado concertado, sino un desplazamiento forzado colectivo, motivo por el cual pidieron un plan de reubicación interinstitucional integral que incluya mejores condiciones de vida digna para ellos, estabilización socioeconómica y reconocimiento de carácter de víctimas de desplazamiento.
Con miras al año entrante, los ex-Farc pidieron una mayor aceleración en las competencias de entidades como la ARN, alegando que desde allí se “ha dilatado una respuesta urgente y muchos profesionales destinados para ellos han manifestado que por razones de fin de año es imposible brindar las medidas concertadas con la misma comunidad y el gobierno nacional”.
Hubo una manifestación unánime por seguir apostándole a la paz, pero con el mensaje reiterativo de exigir garantías plenas de vida digna para ellos y sus familias, quienes llevan cinco años habitando viviendas en placa de fibrocemento y a sus espaldas con proyectos productivos locales, que los han afianzado dentro de la vida civil que se comprometieron tras firmar el Acuerdo de Paz.
La audiencia, si bien fue convocada por la magistrada Reinere Jaramillo, también contó con la presencia de la magistrada María del Pilar Valencia y el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quienes analizaron las fallas estructurales frente a la inexistencia de una ruta integral de emergencia ante: situaciones de desplazamiento de personas en proceso de reincorporación, medidas de seguridad para esta población, garantías económicas, medidas para asegurar el acceso a derechos sociales, políticas de prevención de la estigmatización y una estrategia comunitaria integral.
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