Noticias de Migrantes Venezolanos En Colombia Y La Crisis De Los Raspachines De Coca En Tibu

Por: Sebastián Forero Rueda y María Camila Morales López

4 sep 2022 - 5:30 a. m.

Pacho cambia de esquina como si pararse en una acera diferente le fuera a cambiar su suerte. Es ya media mañana, no ha probado bocado desde ayer y, lo que es peor, no sabe si podrá comer en toda la semana. Lleva una camiseta sin mangas, un jean roído y lo persigue la angustia de no haber conseguido trabajo ayer, cuando los patrones pasaron recogiendo trabajadores para sus cultivos de coca. O raspachines, como les llaman a los recolectores de la hoja de coca, como él. Pacho no tuvo suerte. No logró engancharse con ninguno, porque estaban ofreciendo el pago fiado y él necesita la plata para ya, porque de ahí también comerán su esposa, sus dos hijos y una sobrina que están cuidando en casa. A él no le sirve el dinero prometido sino el que está en el bolsillo. “Si no nos sale trabajo hoy, ya todos los que estamos aquí en el pueblo nos vamos a quedar sin trabajo esta semana”, dice. Una semana sin trabajo es una semana sin comida.

Lo dice desde Cuatro Esquinas, que es como bautizó la comunidad a un cruce de caminos en La Gabarra, un corregimiento de Tibú, el municipio con más coca sembrada en Colombia, con algo más de 20.000 hectáreas, según la Unodc. Pacho es uno de los más de 13.000 migrantes venezolanos en este municipio, que han cruzado la frontera desde Venezuela para venirse a ganar la vida internados en los cultivos de coca. Es de los primeros que llegó, lleva ya siete años, pero nunca había aguantado tanta hambre como ahora. Las ojeras le consumen el rostro, está a medio afeitar y lleva el pelo sucio. Es la imagen de la necesidad.

No siempre fue así. Hasta el año pasado, de la plata que le dejaba la raspa de coca comían bien él, la familia que tiene acá y hasta le alcanzaba para enviarle remesa a sus allegados que viven del otro lado de la frontera. Los fines de semana, cuando salían en manada de las fincas cocaleras hasta el pueblo con la plata en los bolsillos, en las mesas de las cantinas se apilaban botellas de cerveza, whisky y ron, y los burdeles estaban a reventar. Una buena semana le dejaba a un raspachin hasta $600.000, que en un mes podría ser más del doble del salario mínimo colombiano. “Por aquí no podían pasar carros de lo llenas que estaban las calles y uno tenía que empujar a la gente para poder caminar”, cuenta Pacho. La vida del raspacho se le iba entre los cortes de coca durante la semana y el licor el fin de semana, aunque también de allí enviaban a sus hijos a la escuela. “Todos los fines de semana había para comprarse algo”, dice Olga, la esposa de Pacho.

La casa está hecha de tabla y lata, levantada sobre piso de tierra y cubierta con lona verde y más lata. Se pasaron aquí a principio de año, cuando la crisis arreció y ya no les alcanzó para pagar más la casa donde vivían, que era de piso y material. Adentro, el calor es insoportable y tratan de alivianarlo – sin éxito – con un viejo ventilador que suena más de lo que sopla. Solo hay una cama donde se aprieta la pareja y los hijos duermen en hamacas. Hoy, uno de ellos, que no supera los seis años, está decaído, somnoliento y no se levanta de la cama. Su madre dice que ha estado enfermo del estómago, apenas lógico porque sacan el agua de una manguera que atraviesa por el barrio y la recogen del agua lluvia. Para tomársela la pasan por un viejo filtro que alguna organización humanitaria les habrá dado. Aun así, están de suerte porque en las “invasiones” – como se denomina a los asentamientos que los venezolanos fundaron – las casas apenas pueden llamarse así: se limitan a ser una precaria construcción de lata y lona.

De la abundancia queda poco ya. Antes, a los raspachines los patrones les pagaban cada sábado, luego de toda una semana de raspa. Esos patrones, los dueños del cultivo, procesaban la hoja de coca y sacaban la pasta base por kilos, que vendían a $2.700.000 cada uno. Eso sí, solo a los compradores autorizados por las guerrillas de la región, que son las que regulan el mercado. Incluso los mercados perseguidos por la ley tienen sus propias regulaciones. El mercado manda a uno y otro lado de la ley. Y hoy no es favorable para gente como Pacho.

Es un efecto dominó. Los campesinos no venden su mercancía, esta se queda represada y la plata no fluye. La última cosecha que los labriegos pudieron vender fue en enero, la de abril la recolectaron y la procesaron, pero se quedó en sus bodegas. Ahora la de julio se les está dañando porque los patrones no tienen para pagar a los raspachines y ellos no les trabajan fiado. Hay coca, pero no hay plata. Los cultivos siguen allí, con las cifras más altas en décadas, pero no fluye el efectivo.

Si no tienen plata los cultivadores, ni los raspadores, no tiene plata nadie, porque nadie compra, nadie consume. Los tenderos han subido el kilo de arroz de $3.500 a $5.000 y así con todos los productos. Así lo explica César Ruiz, líder comunal de la zona: “La coca es una pequeña empresa que le da empleo a muchas familias, y también le da la oportunidad a negocios porque desde el de la tienda, el carnicero, el del almacén de ropa, el de la farmacia, el del transporte, el de la moto, todos se ven beneficiados de esos recursos y los reparten en las necesidades de cada quien”.

El alcalde de Tibú, Nelson Leal, criado en la zona rural del municipio, explica bien parte de la crisis, además de que la mercancía no la estén comprando: “Hace 20 años, un kilo de pasta base valía $2.700.000, y los insumos eran baratos: la gasolina era regalada porque la traían de Venezuela, el cemento una bolsa valía $5.000, el ácido clorhídrico era económico. Todo el mundo tenía plata y en las mesas se apostaban camionetas Toyota. Hoy, el kilo sigue a $2.700.000, no ha subido, pero la gasolina ya es colombina a precios elevadísimos, el cemento está por las nubes, el ácido clorhídrico no se consigue… no es rentable para el campesino cultivar coca”.

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Vea a continuación el documental:

La noticia figuró en marzo de 2018 en los titulares de la prensa local: “Queman vivo a un venezolano en La Gabarra”, se leía. El hombre tenía 26 años, era oriundo de El Chivo (estado de Zulia) y se llamaba Yimi Arlinto Villasmil Torres. La comunidad del pueblo lo atacó luego de que el hombre asesinara minutos antes a un estilista muy querido en el corregimiento. La turba enfurecida decidió actuar por su cuenta, lo sacó de la vivienda de la víctima donde se escondía, lo amarró y le prendió fuego frente a la cancha de La Gabarra. Los lugareños querían que el macabro hecho fuera ejemplarizante para los migrantes que “venían a cometer delitos”. Así lo creían entonces los campesinos pobres de este lado de la frontera, que veían con sospecha cómo llegaban los pobres del otro lado. Creían que venían a disputarles las rentas de la hoja de coca.

Ese fue el año en que la población venezolana en Colombia se triplicó, según las cifras de Migración Colombia. Pasó de 403.000 a 1.170.000. En Tibú, los migrantes se volcaron a la única fuente de trabajo a la que podían ingresar: la raspa de coca. Hoy, este municipio, sin contar ciudades capitales, es el octavo en todo Colombia con mayor presencia de población venezolana, con cerca de 13.600 migrantes, según datos oficiales. Pero las cifras reales de venezolanos en Tibú puede significar entre el 30% y el 50% de toda la población del municipio. Es lógico, porque gran parte de su territorio es línea de frontera, tiene 37 trochas irregulares por donde cruzan los migrantes y una enorme: el poderoso río Catatumbo por donde llegan en barcazas los migrantes al puerto de La Gabarra.

La comunidad local resolvió “regular” por su cuenta a los recién llegados. En las juntas de acción comunal – figura en la que están organizados – crearon comités de obreros que recogieran los migrantes que venían a trabajar en las fincas de coca. “Lo hicimos a través de un carnet tipo cédula con la referencia de dónde viene de allá, quién lo recomienda, la familia, números de contacto; era una especia de hoja de vida para identificar a quién era que estábamos recibiendo porque se nos estaba saliendo de control el tema social”, explica César Ruiz. Ahora, para que a un venezolano lo contraten en una finca, debe presentar su carnet. Si un patrón contrata un venezolano sin carnet la junta le impone multas.

Jennifer* no sabía que la coca era una mata. “Yo pensé que la coca era otro sistema, pero me di cuenta de que era hoja”, dice, recargada encima de su costal, en medio de un corte de coca de unas cinco hectáreas. Son cerca de las nueve de la mañana y ya ajusta más de dos horas raspando. Está cansada. Ahora le rinde más, pero al principio, cuenta, no se hacía un sueldo. “Me regañaban porque dejaba la mata toda ‘chapuzeada’, o sea eso es cuando uno raspa y deja la mata peluda, con bastante hoja”, explica.

Ahora sabe que raspar coca es coger el arbusto y arrancarle todas las hojas desde la base hasta la punta. Para hacerlo, se protege los dedos de ambas manos envolviéndolos con tiras de tela y se pone al cinto un costal que va llenando de hoja. Hoy vino a raspar con su pareja, otro muchacho venezolano que apenas supera los 20 años. Los dos van recolectando cada uno en su costal, pero luego juntan en un solo bongo, que es el que irán a pesar en el “cambuche”, un laboratorio improvisado donde procesan la hoja y donde el “químico” que está a cargo anota en un cuaderno viejo cuántos kilos de hoja llevan.

El cultivo lo están raspando entre una decena de hombres y ella es la única mujer. A pocos metros de ella, otro trío de venezolanos raspa a toda velocidad. Es difícil encontrarles, porque los arbustos los tapan hasta el cuello. Es como que el cultivo se los traga. A lo lejos apenas se ven sus cabezas que sobresalen sobre los arbustos de coca. Casi en perfecta sincronía, clavan la cabeza en medio hasta llegar al fondo de la mata y en cuestión de segundos la dejan hecha un manojo de ramas secas. Y vuelve con la siguiente. Raspan con fuerza, como con rabia. Una brazada detrás de otra. No han terminado de arrojar la hoja al costal cuando ya mandaron la manotada para arrancar más. Tiene que rendirles. Alrededor solo se escucha el crujir de las ramas cuando se desprende la hoja y el movimiento de los costales cuando van avanzando. Ellos no lo escuchan, porque todos llevan puestos unos audífonos inalámbricos con reggaetón, o vallenato, o ranchera, o electrónica a todo volumen, para aislarse del resto y concentrarse en la mata.

- ¿En qué piensa uno cuando está raspando?

- En qué voy a pensar, en agarrar plata.

- ¿No habla con los demás?

- Yo cuando estoy raspando poco hablo.

Uno de ellos lleva el torso desnudo y la espalda le brilla del sudor bajo el rayo del sol. Todavía le quedan dos horas hasta la pausa del almuerzo, pero ya está exhausto, también de la espalda baja por tanto agacharse a recoger la hoja. Y eso que este cultivo está bueno, la mata es alta y está bien poblada. “La mata chiquita es la que mata al raspacho”, dice, porque tiene que estar todo el tiempo inclinado. A las once todos tendrán que parar obligatoriamente, cuando el sol está en lo más alto y se hace imposible seguir raspando, a riesgo de calcinarse bajo el sol, en medio del cultivo, sin una esquina de sombra. Volverán a la una y terminarán la jornada a las cuatro.

Cuando ya tienen el bongo lleno, que pesa unos 60 kilos – más que muchos de ellos – se lo echan al hombro y caminan unos 50 metros hasta descargarlo en el cambuche. Y vuelve y juega. Al final del día, los más avezados tendrán en sus cuentas más de 100 kilos, que en arrobas – la unidad de medida de la hoja de coca – son entre ocho y diez (una arroba son 12.5kg). La arroban se la pagan al raspachin entre $10.000 y $12.000 (en últimas el kilo sale a $1.000), lo que les garantiza un sueldo de entre $80.000 y $120.000 diarios. Un salario imposible de conseguir en Venezuela. “Aquí cada cual se pone su sueldo”, resumen ellos lo que es trabajar a destajo: si raspa 50 kilos, 50 le pagan; si raspa 20, eso es lo que se lleva.

“No hay ni un raspacho gordo, todos están flacos”, dice uno de ellos, que prefiere – como los demás – no revelar su nombre, para resumir lo que ese trabajo les deja en el cuerpo y en la salud. Ninguno quiere dar su identidad, porque además cargan con el estigma: sienten que si aparecen en un reportaje de prensa como raspachines, cuando vayan a sus ciudades en Venezuela los van a marginar. “Eso acaba”, reafirma Jennifer. “Al hombre lo pone flaco”. Al cabo del primer año de trabajo en los cultivos, la mayoría habrá perdido más de diez kilos producto de las inclementes jornadas de trabajo al sol y a más de 30 grados de temperatura. Lo más probable es que también los habrá “picado” la mata: les sale un sarpullido en todo el cuerpo que no los deja vivir de la piquiña y el ardor, que termina en ampollas en sus brazos y sus manos llenas de llagas. Eventualmente contraerán paludismo, que los pone a arder en fiebre y los lleva incluso a convulsionar en medio del cultivo de coca.

- ¿No hay otra cosa en la que trabajar?

- Para el venezolano no, responde Jennifer.

“Para mí esto está bien porque me entra un sustento de dinero a la casa; desde mi punto de vista está bien. En otras partes es ilegal, pero aquí esto es legal, hay que ser realistas”, afirma. A ella y a su novio los esperan en la casa sus dos niñas, una que se trajo Jennifer desde Venezuela y otra que ya nació del lado colombiano. “Si estuviéramos en Venezuela, ellas no tendrían que ver con todo este medio, pero no tendríamos comida”, resume.

En una esquina del cultivo, más cerca del cambuche, está Estrella. Tiene 12 años y se ve diminuta al lado de hombres que cargan en la espalda bongos que son más grandes que ella. Lleva puesto un pantalón rosado que parece una pijama y también raspa a su ritmo. Apenas sabe ajustarse las tiras de tela en los dedos y la hoja que va arrancando la arroja en un sombrero de paja que luego vuelca sobre el costal. Usualmente solo viene al cultivo durante la jornada de la mañana y dice que alcanza a hacerse 10 kilos, por los que le pagan $10.000. Estrella vive y va a la escuela en Venezuela, pero ahora que está en vacaciones, se vino para donde sus hermanos mayores que están raspando de este lado de la frontera. Para no quedarse sola en casa se viene con ellos al cultivo, supuestamente a raspar, pero en realidad deja el costal por ahí y se pone a hablar con el que le ponga conversación.

Toda esa hoja de coca que recogen los raspachines luego en el cambuche la procesarán con cemento, cal, amonio, gasolina y ácido sulfúrico hasta que termine convertida en pasta base. De 100 arrobas de hoja de coca (más de una tonelada) saldrán tres kilos de pasta base. Esa es la que le venden los campesinos dueños de los cultivos a los compradores autorizados por las guerrillas en $2.700.000 el kilo. Y por eso la coca es más rentable en la región que cualquier otro producto: un kilo de pasta lo pueden echar en una mochila y llevarlo al punto de venta, donde se lo pagan de contado. En cambio, sacar una carga de yuca o de plátano de la finca al pueblo, que puede estar a tres, cuatro o cinco horas por caminos intransitables, le cuesta más de lo que le quedará al venderla. Siempre está el inconveniente de que el primer producto los puede llevar a la cárcel. Pero esa es otra cuestión.

Los compradores llevarán la pasta a los cristalizaderos, o “cocinas”, donde sucede la última etapa del procesamiento hasta quedar convertida en cocaína. A medida que va atravesando el proceso las rentas van aumentando y principalmente van a parar a las arcas de los dueños de las cocinas y los que la trafican, que se pavonean por La Gabarra en descomunales camionetas Ford F – 150 de más de $200 millones en un pueblo que no tiene calles pavimentadas. Poco queda en los dueños del cultivo y menos en los que raspan la hoja, en una economía que distribuye desigualmente las rentas y la violencia: más violencia sobre los que menos ganan y menos sobre los que más se lucran del negocio.

A bordo de una canoa en el puerto de La Gabarra, a punto de salir hacia Venezuela, una mujer venezolana llora porque ha perdido una bolsa de pan. Y dentro del pan: 150 dólares que había ocultado allí para que no se los quitara la guardia de su país cuando cruzara la frontera por el río Catatumbo. Era el dinero que hizo trabajando de este lado en las últimas semanas y que iba a llevarle a su familia del otro lado. La mujer se bajó del bote antes de que arrancara. Al cabo de más de una hora de trayecto, la canoa, o la línea – como le llaman – se detiene en la orilla del río, cerca de la frontera. Allí la esperaba una decena de hombres vestidos de camuflado. Uno de ellos, un hombre de barba espesa, sube a bordo y se presenta: es un comandante del frente 33 de las disidencias de las Farc. Van a buscar maleta por maleta esa bolsa con plata, porque aquí nadie se puede robar nada.

En Tibú no se mueve un alfiler sin que lo autorice ese grupo guerrillero, o el Eln, la otra guerrilla que tiene igual presencia y control en la región. En las últimas semanas, ambos grupos se exhibieron en plena luz del día por las calles del casco urbano. El 4 de julio, hombres del Eln patrullaron las calles del municipio y soltaron al aire bombas rojas y negras en conmemoración de su 58 aniversario. Un par de semanas después, el 14, hombres del frente 33 de las disidencias grabaron un video fuertemente armados en frente de la alcaldía que luego difundieron por redes sociales.

Dentro de ese edificio, el día anterior, el alcalde Nelson Leal había atendido a este equipo periodístico. Hacía días que esos grupos le habían robado su camioneta de protección, tenía a su familia por fuera de la región (y del país) por seguridad y en su mano cargaba con su pasaporte. El mandatario, en realidad, está atado de manos para actuar.

Como también lo está frente a los migrantes venezolanos que habitan los asentamientos irregulares de su municipio. “Desde la alcaldía directamente no podemos atenderlos; no podemos nosotros hacerles vías, alcantarillados, acueductos, ni nada por el estilo, porque la ley impide que nosotros hagamos eso en un predio que sea privado. Esos predios tienen dueño, han puesto sus quejas, han pedido desalojos, pero pues no podemos realizar ese tipo de desalojos. Ahí viven los migrantes, en precarias condiciones, en casas hechas rudimentariamente, con cuatro palitos y un plástico por encima”, explica. Entonces, la atención que reciben queda prácticamente en organismos de cooperación internacional, como Primera Urgencia Internacional o Acnur.

Carlos Ruiz es el coordinador en el Catatumbo de Primera Urgencia Internacional, una organización francesa de ayuda humanitaria que llegó a Tibú hace un año, en agosto de 2021. Es una de las pocas organizaciones que tiene información de primera mano sobre la situación de los migrantes en esta zona y es la que actualmente está prestando los servicios de salud en el casco urbano del municipio y en el corregimiento de La Gabarra. Las cuentas suyas son mucho más elevadas que las de la oficialidad: unos 30.000 migrantes venezolanos que se mueven entre Tibú y Venezuela en lo que llama una migración pendular. “Al estar Tibú tan cerca de la frontera, hay personas que viven en ambos lados de la frontera, probablemente viven acá por periodos a lo largo del año, asociados a lo que son los tiempos de las siembras y las cosechas”.

Explica que los casos que atiende son derivados principalmente de malas condiciones de vida de los migrantes: casas levantadas sobre piso de tierra, en tabla y cubiertas con lona, con pozos improvisados para recoger el agua lluvia, que muchas veces están junto a fosas sépticas de desechos y aguas negras. “Hemos visto de manera alarmante que hay bastantes infecciones respiratorias en niños, que no han sido tratadas y con temperaturas de fiebre bastante altas, esto en un niño menor de cinco años puede significar tener convulsiones, e incluso casos de deshidratación; y sobre todo la situación es bastante compleja en términos de diarreas, infecciones digestivas, casos bastante preocupantes de parasitosis, estos casos son sorprendentes porque yo los he visto en África, casos en que el gusano ya tiene que salir por las fosas, por la boca, lo que denota una presencia muy grande del parásito, genera diarreas infecciosas, bacterianas, con moco, con sangre y con peligro de deshidratación”.

¿Todo eso a cambio de qué? De las migajas de las rentas que dejan caer los que más se lucran del negocio. Mientras las autoridades, todavía atadas al discurso de “guerra contra la droga”, condenan a los campesinos que viven de la coca y les llaman “narco-cocaleros” o “narco-campesinos”, en el territorio esos recursos les han servido para hacer vías, levantar sus casas, crear poblados, comprar comida, medicamentos y mandar a sus hijos a la escuela. Recientemente lo dijo la Comisión de la Verdad en su Informe Final: “muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico”. En Tibú, además, la coca les ha dado una opción de vida a miles de venezolanos que cruzan la frontera y que si no fuera por esa mata acabarían engrosando los cinturones de miseria en las ciudades.

En su discurso de posesión, el 7 de agosto, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció que irá de frente por un cambio en la política de drogas, porque “la guerra contra las drogas” fracasó estrepitosamente y “ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años”, dijo el mandatario. Con la marihuana ya dio luces: “¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias, como sembrar maíz, como sembrar papa, y vemos si se exporta eso y nos ganamos unos dólares? ¿O va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis, o van a ser los campesinos del Cauca? ¿Por qué no pueden?”. Ahí detrás viene la coca.

Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre drogas de la Fundación Gabo.