Las mismas manos callosas y ásperas que durante décadas han trabajado la tierra firmaron este lunes un legajo de papeles que inicia formalmente un nuevo episodio de la lucha campesina en Colombia. Este lunes, al menos 1.000 campesinos pertenecientes a 800 plataformas y colectivos se reunieron en Bogotá para radicar ante la Registraduría una consulta popular en la que pretenden mejorar sus condiciones de vida, lograr acceso a la justicia, tierras y forzar que el Estado oriente sus esfuerzos hacia el campo.
La radicación de la consulta es una apuesta de avanzada para el movimiento campesino, que por décadas ha convivido con el desplazamiento, la desprotección a sus líderes sociales o la desigualdad para acceder a tierras, pero también con muchos reclamos aislados que no llegan a consolidarse. Su malestar reposa, dicen sus voceros, en que es gracias a su esfuerzo que Colombia accede a alimentos a diario, sin embargo, quienes cosechan los alimentos han tenido que resistir a la guerra, el abandono del Estado en los territorios o pelear durante todas sus vidas para acceder a una parcela productiva para mantener a sus familias.
Diferentes estudios han demostrado con cifras este problema. El portal de investigación Mongabay reveló en 2018 que una sola cabeza de ganado podía llegar a tener más tierras para pastar que al menos 1.000.000 de campesinos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por su parte, alerta que casi el 50 % de los predios del territorio colombiano estaban en manos de poco más del 1 % de los habitantes; lo que se traduce en que mientras millones de campesinos no tienen tierras para labrar, hay un selecto grupo que posee casi la mitad de las fincas y haciendas productivas del país.
José William Orozco, líder campesino que estuvo a cargo de la radicación de la consulta, aseguró a El Espectador que este proyecto se trata de un hito “histórico” para más de 10 millones de campesinos que hay en el país. “Durante muchos años hemos sido excluidos del acceso a derechos, organización y defensa. Hoy nos unimos como movimiento campesino para presentar una apuesta de resistencia ante el despojo, marginación y exterminio; porque la consulta es por los derechos del campesinado y por toda Colombia”, explicó el líder de Pupsoc, una plataforma en el suroccidente del país.
La consulta popular constará de cinco preguntas relacionadas al acceso a la justicia, predios, créditos para sus parcelas o derechos en los territorios. En algunos puntos, por ejemplo, se interroga si el Estado debería cambiar su normativa y entregar sin proceso judicial todos aquellos predios que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) decomisa a la ilegalidad a miles de familias campesinas.
Otro de los puntos versa sobre si las autoridades deberían permitir que colectivos campesinos puedan habitar áreas ambientalmente protegidas y, además, participar en su cuidado y ordenamiento espacial. Esas zonas en particular han desatado durante años polémicas en el seno del Estado y en estrados judiciales, pues los reclamos campesinos por acceder a tierras o ser restituidos se chocan con normas constitucionales que indican que esos lugares no pueden pertenecer ni ser explotados por nadie diferente al Estado.
La quinta pregunta cuestiona sobre si se está de acuerdo, o no, en que existan medidas especiales de protección para los campesinos en el país, aunque no se explica qué entidad podría ser la responsable, quiénes deben ser protegidos ni de qué manera llegaría, en el papel, esa protección a las veredas.
“Nuestro principal reto es hacerle entender al país entero que esta consulta no solo es por los derechos de los campesinos, sino por la soberanía alimentaria de toda Colombia. Casi un millón de hogares hoy registran insuficiencia alimentaria; nosotros podemos garantizar esos alimentos”, dijo Jenniffer Chavarro, lideresa de Huila que luchó por 15 años para poder volver a tener las tierras que la hidroeléctrica de El Quimbo le quitó.
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El proyecto es ambicioso incluso para un movimiento que llegó a Bogotá la última semana de agosto y estuvo reunido durante dos días en Corferias debatiendo sobre qué debería ir en las preguntas de la consulta popular. Al centro de eventos arribaron personas de casi todo el país, desde caciques y indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, mayores de comunidades en el Putumayo, hasta mujeres que hoy encabezan procesos unitarios para que otras mujeres puedan acceder a tierras, ser protegidas en sus territorios y garantizar la soberanía alimentaria para sus comunidades y el resto del país.
Pero por más ambicioso que sea, tiene respaldo del Gobierno de Gustavo Petro. Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, asistió el pasado fin de semana a una de las mesas de diálogo a manifestar su apoyo y aplaudir la iniciativa de participación democrática. Felipe Harman es otro alfil que los campesinos suman a su tablero de ajedrez: el actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) destacó la importancia de que el pueblo campesinos, que hoy está presente en casi cada uno de los 1.103 municipios del país produciendo alimentos, logre unirse y exigir cambios para su futuro. “Es valioso el proceso de unidad, diversidad de visiones y prácticas asociadas al tejido campesino. Es la mejor garantía para que termine consolidándose como un escenario de incidencia nacional que continúe la Reforma Agraria que desde la ANT venimos haciendo con entregas y recuperaciones de miles de hectáreas de tierra”, explicó Harman.
A partir de este lunes la Registraduría tendrá 24 días hábiles para darle luz verde a la consulta y entregar los formularios en los que miles de campesinos deberán recorrer las trochas y caminos de Colombia recogiendo las firmas necesarias. Luego de eso, las plataformas de productores en el campo deberán iniciar una carrera contrarreloj para hacer pedagogía, lograr incidencia en las ciudades y las veredas y en tan solo seis meses recoger cinco millones de firmas, que es poco menos de la mitad de votos que Gustavo Petro logró en su campaña para llegar a la Casa de Nariño en 2022.
“Que hoy ya estemos muchas de las expresiones campesinas del país es un gran avance, pero claro que hay retos: estas firmas se van a recoger en toda la Nación, pero tenemos regiones donde aún persiste el conflicto armado y resultará siendo desafiante en cómo recorrer los territorios y recoger las firmas. La consulta es un gran avance al que todos le apuntamos y organizados podremos incidir mejor para lograrla”, concluyó José William Orozco, campesino del suroccidente que se posiciona como uno de los líderes de la iniciativa.
Desde 1991, año en que se creó la consulta popular en Colombia, tan solo ha habido una iniciativa de este tipo: la consulta anticorrupción de 2018 que tenía siete preguntas para endurecer castigos y prevenir los desfalcos al erario. Sin embargo, nisiquiera esta apuesta llegó a reunir las firmas necesarias para poder surtir los próximos pasos y lograr algún cambio real en la legislación y el modus operandi del Estado.
El futuro campesino ahora está en las mismas manos de quienes por décadas sostuvieron el azadón y la carretilla para cosechar los alimentos. Antes de que se termine el 2025, aseguran que millones de campesinos ya sabrán si el Estado y la ciudadanía escuchó su pedido de un mejor futuro o si, por el contrario, chocarán nuevamente con las rupturas internas, diálogos interminables y un campo que continúa sobreviviendo a décadas de reclamos inconclusos para garantizar alimentos para todo el país.
“No somos únicamente un eslabón en la cadena de producción; hacemos parte de todos los procesos sociales, de conservación, ambientales y políticos en el país. La consulta logrará mostrar que en el campo colombiano hay millones de personas que seguimos luchando por las tierras y por la suficiencia alimentaria”, concluyó Luis Hernando Escobar, uno de los líderes del departamento del Cesar.
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