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A pesar de haberse aprobado la sesión permanente para el debate de control político sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, convocado en la recién creada Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes, la sesión terminó aplazándose tras casi cinco horas de discusión.
La razón del aplazamiento fue una petición directa del representante Cristian Avendaño, citante de la discusión, quien afirmó que que las respuestas de las entidades citadas eran incompletas, contradictorias o, en algunos casos, simplemente evasivas.
“Yo lamento tener que hacer esto, de verdad, pero siento pena ajena de lo que está pasando con este debate yo puedo permitir que siga avanzando de esta forma”, dijo Avendaño durante su intervención.
Y agregó: “Puede que la implementación del Acuerdo políticamente ya no sea rentable, pero para mí es sagrado. Es sagrado por las personas que están en territorio, por las víctimas, no con carreta, como se utilizan muchas veces políticamente, sino de verdad. Yo esperaba aquí un debate serio y riguroso”.
El congresista centró algunas de sus críticas en Jaime Guzmán, coordinador del Equipo de Paz del Ministerio del Interior, al que señaló por limitarse a una exposición superficial.
“No puede ser que vengan a recitarnos unas respuestas y a hablarnos, por ejemplo, de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Eso qué tiene que ver acá? Yo pensé que aquí nos iban a hablar de mecanismos de resolución de conflictos en Zonas de Reserva Campesina, cruzados con Parques Nacionales, con algún mecanismo real de implementación del Acuerdo de Paz, y no a leernos aquí diez minutos un recital”, dijo Avendaño.
También cuestionó las cifras contradictorias que llegaron a la Comisión de Paz: “Las cifras de implementación que se expusieron aquí por parte del Ministerio de Hacienda versus las cifras de inversión de la Dirección Nacional de Planeación no son coincidentes con las que expone la Contraloría. ¿Cómo me explica usted eso? Mientras en catastro la ministra de Agricultura responde que van en un 25 %, la Procuraduría dice que van en un 12,6 %. Entonces, ¿a quién le creemos?”.
Entidades, defendiendo sus gestiones
Durante el debate, las entidades expusieron sus cifras, pero no respondieron preguntas de los citantes al debate.
En la intervención de Guzmán, del Ministerio del Interior, se concentró en presentar los avances de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización —con 132 acciones aprobadas y la campaña nacional “Paz sin estigma”—, así como en el desarrollo del Pacto Político Nacional y el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PES).
Sin embargo, su presentación no incluyó detalles del plan de choque de la implementación del Acuerdo de Paz, una de las herramientas anunciadas por el Gobierno para acelerar la ejecución en puntos clave como tierras, sustitución de cultivos o garantías de seguridad. Esa ausencia fue notada por los congresistas, que esperaban un informe más concreto sobre cómo se está aplicando ese plan en los territorios.
La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito afirmó que “el corazón de la paz es la desvinculación de los circuitos económicos ilegales y el inicio de unas economías legales que apuesten a la transformación del territorio”. Su directora, Gloria Miranda, sostuvo que el Gobierno recibió un panorama crítico: “Recibimos un cumplimiento en agosto de 2022 del 12 % en proyectos de ciclo corto y del 3 % en ciclo largo, y ese porcentaje ya lo hemos aumentado al 52 % y 53 % respectivamente”.
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La directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller, presentó el ya conocido balance de la reincorporación: “El 85 % de las personas que dejaron las armas en 2016 siguen vinculadas y comprometidas con su proceso de reincorporación”.
Sin embargo, sí dio a conocer un avance notorio en el acceso a tierras: “Cuando llegamos a la agencia hace dos años y medio encontramos que se habían entregado 800 hectáreas. De allí hemos pasado a casi 17.000 hectáreas en dos años y medio”.
Desde el sector defensa, la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad (E)Juliana Coronado, defendió la ofensiva militar: “En lo corrido del año se han realizado 422 combates, con 3.315 integrantes neutralizados, 2.383 capturados y 211 personas muertas en desarrollo de operaciones”.
Explicó además que la estrategia no se limita a operaciones militares, sino que busca articular la seguridad con la política de implementación: “Estamos acompañando los PDET, los programas de sustitución y los procesos de reincorporación, porque entendemos que no hay seguridad sostenible si no hay Estado en el territorio”.
La funcionaria insistió en que la acción militar se concentra en frenar la expansión de las economías ilegales que siguen afectando la vida de las comunidades rurales. “El desafío no es solo neutralizar estructuras armadas, sino garantizar que esos territorios tengan condiciones para que los proyectos del Acuerdo realmente se materialicen”, concluyó.
Por su parte, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, Gloria Cuartas, insistió en que el Acuerdo de Paz “no ha perdido legitimidad” y que la gestión del actual Gobierno ha permitido corregir rezagos de años anteriores.
“Durante ocho años no se había realizado la actualización del Plan Marco de Implementación. Hemos avanzado en la gestión de 662.583 hectáreas entregadas al Fondo de Tierras y en la formalización de 1,7 millones de hectáreas. Solo en este gobierno hemos logrado integrar la magnitud de lo que implica la implementación del Acuerdo”, aseguró.
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Comisionado Patiño asistió y se refirió a la Paz Total de Petro
El comisionado para la Paz, Otty Patiño, reapareció este martes en el Congreso tras ausentarse a dos debates anteriores por motivos de salud, y entregó un balance amplio sobre los retos y deudas de la política de paz total.
Patiño subrayó que la estrategia de paz enfrenta “deudas viejas y nuevos desafíos”, entre ellos la situación crítica de Arauca, que describió como “un dolor de todos”, y donde recalcó la necesidad de identificar con claridad a los responsables de la violencia.
Patiño remarcó que la protección de la niñez es una línea roja en cualquier negociación. Recordó que el artículo 44 de la Constitución consagra la prevalencia de los derechos de los niños y niñas, y advirtió que ningún grupo armado podrá sentarse a dialogar si no respeta ese principio. “Ese artículo lo hemos venido poniendo al frente de todos los procesos como una obligación sin la cual no puede sentarse ningún grupo armado a hacer un proceso de paz. Esperamos que sea un artículo vivo frente a las nuevas realidades que tenga este país”, concluyó.
El funcionario aseguró que el Gobierno adelanta actualmente 10 procesos con distintos actores armados y reconoció que persisten asuntos inconclusos de procesos anteriores, como el de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Justamente ayer este diario dio a conocer la resolución con la que el gobierno Petro revivió esa mesa al volver a nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.
En contexto: Petro revive mesa con exparamilitares y vuelve a nombrar a 16 ex-AUC como gestores de paz
En cuanto al proceso con las AUC, el comisionado explicó que la decisión de reactivar una mesa técnica con exjefes paramilitares respondió a un reclamo de los propios excombatientes, quienes consideran que muchos de los compromisos asumidos en su desmovilización —como la devolución de tierras, la entrega de testimonios y el cumplimiento de obligaciones de verdad— quedaron truncos por la falta de continuidad de los sucesivos gobiernos.
“Nos pidieron cerrar estos procesos, porque todas las obligaciones que adquirieron en ese tiempo han sido privadas por los sucesivos gobiernos. Por eso abrimos este nuevo proceso, encabezado por el Ministerio del Interior, con nuestro acompañamiento y con una decisión administrativa presidencial”, afirmó.
“Yo dejé unas preguntas y no las respondieron.”
Pero para Avendaño, nada de eso resolvió las dudas planteadas en las citaciones. “La dirección de sustitución vino, hizo una exposición, yo dejé unas preguntas y no las respondieron. Y se fueron. ¿Qué pasa con lo que está pasando en Nariño? ¿Qué pasa con la descertificación? Nada”, reclamó.
Ante esa situación, el representante anunció que radicará nuevamente las inquietudes y pedirá que se agende otro debate: “Con el mayor respeto, podamos tener una sesión en la cual se muestre un poquito más de respeto hacia esta Comisión y podamos adelantar las respuestas. Vamos a radicar nuevamente todas estas inquietudes y agendar otra citación porque la verdad esto es una falta de respeto”.
La suspensión de la discusión se da en un momento clave: están por cumplirse los nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, mientras la JEP avanza en la imposición de sanciones propias -la semana pasada impuso las dos primeras, una por secuestro contra las FARC y otra por falsos positivos contra militares- y tras casi 20 años de no haber sucedido, Estados Unidos descertificó a Colombia en materia de lucha antidrogas.
La Comisión Legal de Paz nació con la promesa de convertirse en el espacio parlamentario encargado de darle un seguimiento sistemático al cumplimiento del Acuerdo y a las nuevas apuestas de negociación.
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