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El presidente Gustavo Petro denunció que el Congreso mantiene en el limbo legislativo el proyecto que daría vida a la Jurisdicción Agraria, a pesar de ser un compromiso expreso del Acuerdo de Paz firmado en 2016. La Jurisdicción Agraria, piedra angular para resolver la deuda histórica del Estado colombiano con el campo, continúa sin ver la luz.
“Los jueces no han tomado decisiones, sino guardado en los escritorios los procesos. Ese proyecto de ley sigue durmiendo el sueño de los justos”, declaró el mandatario, quien aseguró que esta omisión no es solo una falla política, sino un incumplimiento jurídico de la declaración unilateral de Estado que Colombia entregó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dicha declaración obliga a las tres ramas del poder público a implementar integralmente el Acuerdo Final.
La Jurisdicción Agraria, prevista en el Punto 1 del Acuerdo —Reforma Rural Integral—, busca crear una instancia judicial especializada para resolver con mayor agilidad y justicia los conflictos de tierras, especialmente en zonas rurales donde el acceso a la tierra y la seguridad jurídica siguen siendo precarios.
La falta de aprobación de la Jurisdicción Agraria no solo retrasa la reforma rural, sino que impide resolver uno de los factores estructurales del conflicto armado: el acceso desigual a la tierra. Sin una herramienta judicial robusta para tramitar y resolver disputas agrarias, la promesa de transformación del campo sigue siendo letra muerta.
Justamente la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, le dijo a El Espectador en entrevista este martes, que la jurisdicción está a punto de ser realidad.
“Estamos esperando que los presidentes de Cámara y Senado, los equipos coordinadores y ponentes presenten la ponencia de la ley ordinaria, agenden el debate y podamos acompañar ese debate legislativo que es lo que nos corresponde. Está hoy en manos del Congreso la decisión sobre la justicia agraria. Y esperamos decirle al país que en este periodo legislativo se aprobó la Jurisdicción Agraria, que el presidente Gustavo Petro la pueda sancionar y que comiencen a funcionar, como esperábamos en mayo de 2024, el primer tribunal y los primeros juzgados agrarios y rurales”, dijo la ministra.
El mandatario fue más allá al denunciar que el Gobierno está siendo “acorralado por una clase política que no quiere que se cumpla el proceso de paz”.
Ante las críticas que lo responsabilizan directamente por la falta de avances, respondió: “Me dicen, ‘usted es el gobierno, ¿por qué no lo hace?’ Porque la ley no la hace el gobierno, ni las decisiones judiciales las toma el Ejecutivo”.
No es la primera vez que el presidencia dice que denunciará ante el Consejo de Seguridad de la ONU el incumplimiento al Acuerdo de Paz. Lo hizo en julio de 2023, cuando presentó un plan para acelerar la ejecución. También lo hizo el pasado 22 de abril cuando dijo que la guerra de hoy se debía a no haber ejecutado el pacto.
“El Congreso está negando y negando el acuerdo. Yo iré al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como jefe de Estado y plantearé la verdad: que el Estado de Colombia, no el jefe de Estado, ha incumplido el Acuerdo de Paz con las FARC y le incumplió a la humanidad el compromiso que hizo en 2016”, aseguró el mandatario el martes.
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