Archivos hallados en el computador de Calarcá Córdoba —jefe de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF)—, que la Fiscalía tiene desde hace más un año y que fueron revelados este domingo por Noticias Caracol, destapan un entramado que salpica a oficiales de la Fuerza Pública y a un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El computador fue incautado en julio de 2024 en un retén militar en la vía Medellín–Anorí, a la altura de Puente Gabino. Allí fueron encontrados jefes de ese grupo armado que viajaban en al menos nueve camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El episodio desató la que hasta ese momento fue la mayor crisis en la mesa de negociación que el Gobierno de Gustavo Petro adelanta con el EMBF. Además, puso en duda la articulación entre el equipo de diálogos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las Fuerzas Militares.
Durante la requisa a los vehículos, los militares hallaron $60 millones en efectivo, memorias USB, un teléfono satelital, celulares, dos pistolas calibre 9 mm, un chaleco balístico y dos computadores portátiles.
Fue de ahí desde donde se infiltró la información que hoy se conoce y que incluye chats, cartas, fotos, correos, documentos internos y confidenciales de la Fuerza Pública, que habrían permitido al EMBF esquivar controles y emboscadas del Ejército.
Uno de los archivos en los que más hizo énfasis la investigación de Noticias Caracol es una propuesta del general (r) Juan Miguel Huertas a los disidentes para crear una empresa de seguridad como fachada que permitiría a ese grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permisos.
El otro hombre que aparece mencionado en los archivos encontrados en el computador de las disidencias es Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con Noticias Caracol, varios testimonios apuntan a que es el verdadero poder en la sombra en esa dirección.
Mejía aparece mencionado junto al general Huertas en la propuesta sobre cómo montar una empresa de seguridad fachada en Colombia.
Noticias Caracol entrevistó a uno de los disidentes de las FARC, quien habló desde el anonimato, dijo que a través de ambos hombres había obtenido información clasificada sobre operaciones y movimientos de la Fuerza Pública en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.
El escándalo de las camionetas que transportaban disidentes
Dentro de los vehículos de la UNP se desplazaban 11 integrantes de la disidencia, entre ellos Calarcá.
Camilo González, entonces jefe de la delegación del Gobierno en esa mesa, confirmó que en efecto la caravana detenida estaba en un reunión autorizada por el Gobierno tras el quinto ciclo de diálogos y que se dirigía a una reunión que ambas partes tenían prevista en el Yarí.
Aunque los miembros de la delegación en la mesa de diálogos con el Gobierno pueden transportarse en esas camionetas, la polémica se generó porque dentro de esos vehículos iban disidentes que tenían órdenes de captura vigentes.
“En los vehículos de los esquemas es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes, ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”, explicó en ese momento la UNP.
Cuatro de los disidentes quedaron capturados: Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como Firu y cabecilla de la estructura 36; Ómar Delgado Novoa, conocido como Boyaco o Hermes; Wenser Yosony Duque, conocido como Oliver González; y María Alejandra Ojeda Londoño, detenida por porte ilegal de armas.
Un mes más tarde, el 30 de agosto, el Gobierno los designó gestores de paz. La medida, sin embargo, no les quitó el proceso judicial y ellos permanecen detenidos.
En contexto: Caso UNP: Disidentes de FARC capturados en retén en Medellín serán gestores de paz
Otro episodio polémico de la DNI: el escándalo del Mocho Olmedo
En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia reveló que Willington Henao Gutiérrez, conocido Mocho Olmedo y segundo al mando del Frente 33 del EMBF, permaneció casi dos meses bajo custodia de la DNI en un apartamento en Chapinero, Bogotá, en lugar de cumplir su detención en la cárcel La Picota tras su captura del 12 de febrero.
Colombia+20 informó en ese momento que su captura generó suspicacias, pues apenas unos días antes —el 7 de febrero— el Gobierno lo había designado como negociador en la mesa con la disidencia de Calarcá.
Mientras tanto, algunos medios reportaron que Olmedo había muerto en medio de los recientes derivados de la crisis en el Catatumbo que se desató en enero, tras la violenta arremetida del ELN y los posteriores combates que con el EMBF. Otros aseguraron que se había entregado a las autoridades.
El nuevo episodio con la disidencia de Calarcá, sumado al caso de Olmedo, vuelve a poner a la Dirección Nacional de Inteligencia en el centro de la controversia de la negociación del Gobierno con el EMBF.
Hoy ese proceso queda en jaque, justo dos días después del cierre del séptimo ciclo de diálogos.
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