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Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en el proceso con la disidencia de Walter Mendoza, le pidió al presidente Petro que se aceleren las decisiones para concretar “un acuerdo definitivo” antes de que termine el gobierno.
“Señor Presidente, disponemos de poco tiempo y entramos en la fase decisoria para dejar sentadas las bases de un acuerdo definitivo en los próximos 2 meses. El reto es lograr la más eficaz coordinación institucional. Su apoyo decidido será determinante”, dice uno de los 13 trinos que publicó en su cuenta de X.
La declaración apareció como respuesta a un pronunciamiento reciente de Petro, quien aseguró que “el gran error” de los procesos de paz ha sido asumir que varios de los grupos armados actuales son guerrillas insurgentes, cuando en realidad —según dijo— funcionan como “organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas”.
El presidente planteó que las negociaciones con los llamados Grupos Armados Organizados (GAO) deben tener un carácter “sociojurídico”, con participación de la Fiscalía y compromisos graduales de desmontar economías ilegales.
Sin confrontar directamente al mandatario, Novoa defendió el carácter político de la mesa con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y sostuvo que el proceso se desarrolla dentro del marco jurídico definido por la Ley 2272 de 2022.
“El marco de nuestra actividad está en la Ley 2272/22. Allí se diferencian los diálogos políticos de los acercamientos socio-jurídicos. En los primeros se pueden pactar acuerdos de paz; los segundos buscan el sometimiento a la justicia”, escribió.
También recordó que la resolución que creó la delegación del Gobierno establece que el diálogo debe adelantarse para “obtener soluciones al conflicto armado” y “lograr acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del grupo armado”.
“Por tanto, los diálogos que adelantamos son en principio de carácter político. No creemos haber incurrido en error”, agregó.
Sin embargo, el propio negociador reconoció que la situación en los territorios bajo influencia de esa disidencia es más compleja que una discusión puramente política o jurídica y sostuvo que esto ocurre en regiones atravesadas históricamente por la ausencia estatal, especialmente en zonas del Pacífico nariñense y Putumayo. “No es que, como señalan algunos, se esté entregando el control territorial. En esos territorios existe una ausencia histórica del Estado y elevados niveles de pobreza”, escribió.
El jefe negociador también buscó defender resultados concretos de la mesa como la destrucción de cerca de 15 toneladas de material explosivo realizada en noviembre pasado en Putumayo y aseguró que los diálogos han contribuido a reducir homicidios violentos en Nariño y Putumayo.
En contexto: Terminó la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de disidencia de Mendoza; ¿qué sigue?
Sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito, un punto que llevó a un punto de tensión en la mesa el mes pasado, explicó que con el grupo armado se acordó contribuir “a su desmantelamiento y a no interferir en los acuerdos del Programa RENHACEMOS con las comunidades”.
En abril pasado, el tema de la erradicación de coca provocó además que no se terminara el séptimo ciclo -que al fin se cerró unas semanas después-. El punto de discordia, tal como lo contó este diario, fue una propuesta de la delegación de Gobierno de exigir que la disidencia financiara esa erradicación.
“Así como ellos siembran coca, que ellos mismos la arranquen. Así como ellos han contribuido a llenar de coca el país, que contribuyan a limpiar a esas regiones de coca. Para eso no le han pedido permiso a nadie. Lo han hecho motu proprio. Ahora nosotros les pedimos que sabiendo que estamos en una situación compleja, difícil para el país, que entonces, en ese orden de ideas puedan motu proprio, por su propia cuenta e iniciativa, contribuir a que esos territorios se separen de las economías ilícitas”, dijo entonces Novoa a este diario.
El negociador también hizo referencia a la creación de las dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT), una en Nariño y otra en Putumayo, que se tienen planeadas desde hace meses con el grupo armado y que aún no ha iniciado su construcción. Aún así, el delegado afirmó que “por estos días se adecúa el predio en el Valle de Guamuez”.
Según ese acuerdo, a esas ZUT ingresarían 200 integrantes de esa disidencia.
El Gobierno Petro está entrando en la recta final de su gobierno con varios pendientes dentro de esta y otras mesas de paz.
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