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El presidente Gustavo Petro reconoció este sábado en su cuenta de X varios errores en el enfoque de la política de paz total, en particular la manera como el Estado ha venido negociando con distintos grupos armados.
En el mensaje, el mandatario cuestiona que los negociadores estatales hayan tratado a estas estructuras como si fueran guerrillas insurgentes.
“El gran error de los procesos de paz es por parte de los negociadores del estado pensar que se tratan de grupos guerrilleros insurgentes y no lo son. Son organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas y por eso ellos controlan con armas los territorios donde se ubican esas economías”, dijo en su mensaje.
Petro plantea que sí es viable avanzar en acuerdos con los llamados Grupos Armados Organizados (GAO), pero bajo condiciones distintas a las aplicadas en procesos con actores políticos. Entre ellas, menciona el desmonte progresivo de las economías ilegales con plazos definidos y verificables.
“¿Puede hacerse la paz con ese tipo de organizaciones que la ley llama GAOs? Sí, pero implica dos condiciones: 1. Que desmantelen paulatinamente la economía ilícitas con fechas precisas. 2. Que la fiscalía participe en las negociaciones jurídicas. 3. El estado se compromete a la inclusión del territorio y la población del territorio a la justicia social y la prosperidad económica legal”, dice el mandatario.
No es menor la segunda de esas condiciones, si se tiene en cuenta la tensión que ha venido teniendo el gobierno con la Fiscalía. En un consejo de ministros, el presidente llegó a decir que ese ente acusador estaba “paralizado”.
Hace apenas dos semana la fiscal, Luz Adriana Camargo, lee puso un ultimátum al Gobierno para definir si se reactivan las órdenes de captura contra Calarcá Córdoba, jefe de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), un proceso que hoy está en vilo, pero que ha sido uno de los más sólidos de la paz total.
A eso se sumó la carta que le envió Camargo al presidente con varios puntos donde aclaraba las razones por las que pedía la reactivación de esas órdenes.
En contexto: Los cuatro casos por los que la Fiscalía busca reactivar órdenes de captura contra Calarcá
De acuerdo con el mandatario, este modelo podría aplicarse a bandas urbanas. En este momento las tres meses con esas estructuras criminales -Chocó, Buenaventura y Medellín- están caminando a paso lento y, particularmente la de la capital antioqueña pasa por su peor momento tras el escándalo por una fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí, organizada por algunos de los miembros de la delegación de las bandas en ese proceso.
“Creo que esto se puede hacer extensivo a bandas urbanas y es un mecanismo que solo en la parte jurídica es similar a los procedimientos de la justicia estadounidense. La negociación sociojurídica parte de reconocer que la economía ilícita surge por la exclusión de la población de muchas regiones“, dijo el mandatario.
El gobierno tiene cerca de 10 mesas de paz total abiertas, entre ellas algunas con disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las bandas criminales.
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