Corte Constitucional le puso la lupa a rezagos en protección de ex-FARC

Entidades como la ARN, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz participaron en la audiencia sobre el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por el alto tribunal.

Juan Pablo Contreras Ríos
05 de febrero de 2025 - 11:15 a. m.
Protesta contra el asesinato de líderes sociales en Colombia.
Protesta contra el asesinato de líderes sociales en Colombia.
Foto: Julián Ríos Monroy
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Esta semana se adelantó en la Corte Constitucional una sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional declarado por las violaciones contra la población firmante del Acuerdo de Paz.

En la audiencia participaron entidades del Estado involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, como la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), que expuso ante los magistrados los retos, avances y propuestas para la protección de la vida de los más de 12.000 firmantes que siguen en el proceso.

Según Alejandra Miller, directora de la entidad, desde la ARN se están atendiendo 57 alertas tempranas que fueron remitidas con recomendaciones para salvaguardar la vida de los excombatientes de las FARC y sus familias.

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Los departamentos con más riesgos registrados son Antioquia, Bolívar, Cauca y Cundinamarca. Entre las propuestas presentadas por Miller ante la Corte está la necesidad de fortalecer el acompañamiento de los gobiernos locales a la implementación del Acuerdo de Paz, así como la priorización de las alertas tempranas para asegurar una oferta nacional en los territorios con mayores riesgos.

La funcionaria también se refirió a la situación del Catatumbo, Norte de Santander, y dijo que la crisis humanitaria combina factores estructurales, entre ellos la construcción de la paz y la estigmatización contra excombatientes de las FARC.

¿Qué dijeron las otras entidades?

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, también expuso ayer ante la Corte Constitucional las alertas tempranas que fueron usadas por la Comisión Nacional de Garantías para la priorización territorial del plan para el desmantelamiento de organizaciones criminales.

La oportunidad de diálogo que se nos presenta hoy nos invita a fortalecer la coordinación interinstitucional, optimizar el flujo de información en tiempo real y alinear esfuerzos hacia la consolidación de la paz”, aseguró Cuartas.

En la Corte Constitucional también estuvo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, quien expuso la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo para atender la “crisis de seguridad en los territorios” y garantizar la protección de los firmantes.

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“Proponemos reducir de 20 a 3 instancias y organizar el trabajo en 8 macro regiones priorizadas, donde más ocurren asesinatos y amenazas contra firmantes y líderes sociales. Ya avanzamos con planes piloto en el norte del Cauca y el sur de Bolívar”, comentó el jefe de cartera en su cuenta de X.

Cristo resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado en los territorios y responder con inmediatez a las alertas emitidas por la Defensoría.

Los rezagos en el Sisep

La crisis en temas de seguridad para excombatientes de las FARC y líderes sociales puede tener como una de sus causas los rezagos que deja la lenta implementación del Acuerdo de Paz y la falta de ejecución de algunas herramientas que fueron pensadas para el postconflicto.

El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), es por ejemplo uno de los mecanismos que fue creado con el objetivo de proteger a la población, pero que ha quedado como una de las grandes deudas de la implementación del Acuerdo de Paz.

Según un balance hecho por Del Capitolio al Territorio, en alianza con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Sisep ha avanzado en algunos logros normativos, pero cuenta con algunos rezagos que se han visto afectados en la afectación a las comunidades.

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En el informe se advierte sobre la expansión de grupos armados, siendo el Clan del Golfo la estructura con mayor crecimiento desde el 2022.

El documento también señala que persisten las situaciones de riesgo para la población firmante del Acuerdo de Paz y los liderazgos sociales. ”Durante el segundo año del gobierno Petro los homicidios de líderes aumentaron y en lo corrido entre enero y octubre de 2024 se registraron 150 casos”, se lee en el documento.

En diálogo con Colombia+20, Carolina Varela, coordinadora Del Capitolio al Territorio, aseguró que el Sisep es una herramienta con un gran potencial para ayudar a solucionar todos los problemas en materia de protección de líderes sociales y de firmantes del Acuerdo de Paz.

“El Sisep tiene que articularse con una estrategia de seguridad territorial porque eso no está en el Acuerdo de Paz, y precisamente no se discutió en las conversaciones con las FARC porque eso siempre será potestad del Gobierno nacional. Dicho esto, carecemos de una política de seguridad seria”, explicó Varela.

Según la experta, el Gobierno Nacional debe avanzar en hechos puntuales sobre las condiciones de vida de los líderes sociales y los firmantes de paz para que se pueda trabajar en la eliminación de bloqueos y violaciones contra sus derechos.

Gloria Cuartas también expuso ante la Corte Constitucional la necesidad de hacer efectivo el Sisep y reconocerlo como una estructura que garantice la seguridad de los firmantes.

Del cumplimiento de estas medidas depende, en buena medida, que se logre disminuir la violencia contra esta población, que en ocho años ha soportado el asesinato de más de 440 de sus miembros.

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Juan Pablo Contreras Ríos

Por Juan Pablo Contreras Ríos

Comunicador social- periodista de la Universidad Externado de Colombia. Se interesa por temas judiciales, políticos y de orden público.juanpablocr3006jcontreras@elespectador.com

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