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Carol Fernández tenía apenas 16 años. Ella y Diana Carolina Castro, su madre, fueron interceptadas en su casa en Pradera (Valle) y asesinadas por hombres armados que huyeron del lugar, según la oficina del Alto Comisionado de Derechos de Naciones Unidas en Colombia.
El homicidio doble, ocurrido en noviembre, no es un hecho aislado. Hace parte de una serie de denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo en dos municipios del Valle del Cauca, que llevaron a que este fin de semana la entidad emitiera una alerta temprana de inminencia.
La advertencia de la Defensoría señala que hay una vulneración evidente de derechos humanos en los cascos urbanos y zonas rurales de los municipios de Pradera y Florida, en el sur del departamento. Los municipios quedan a una hora de Cali.
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Las denuncias no son nuevas
La escalada violenta en la región ya había sido advertida hace algunas semanas por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), que a través de un comunicado denunció el asesinato de campesinos en las zonas rurales del departamento.
“Desde la firma del Acuerdo de Paz hemos venido trabajando en la implementación del mismo haciendo diferentes actividades como habitantes de las zonas donde otrora se presentó de forma álgida el conflicto armado. Sin embargo, no hemos tenido el acompañamiento necesario para esa implementación por parte del Estado”, se lee en el documento.
En diciembre, la organización denunció el asesinato de dos labriegos en el municipio de Pradera. Además, alertó sobre el riesgo de desplazamiento masivo de las comunidades de la zona alta del municipio, pues en menos de 10 días se había recibido el reporte de por lo menos cinco campesinos asesinados.
Al homicidio selectivo en el municipio de Pradera se suman los hostigamientos de los que fueron víctimas las tropas de la Fuerza Pública durante la primera mitad del año pasado. En este grupo de violaciones resalta el ataque con una granada a la estación de policía del municipio el 27 de junio, al parecer, perpetrado por hombres cercanos a Iván Mordisco, jefe de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC).
Por otro lado, entre los hechos de violencia más recientes en Florida está el atentado contra el secretario de Planeación hace menos de un mes cuando el funcionario se desplazaba en una camioneta y fue interceptado por dos hombres armados.
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En junio del año pasado también se reportó la muerte de un líder social en el municipio, presuntamente a manos de la disidencia de Mordisco.
La víctima fue identificada como Luis Fernando Rivera Noscué, quien era firmante del Acuerdo de Paz y se desempeñaba como consejero de paz del Partido Comunes en su municipio.
A través de un video compartido en sus redes sociales, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación por la alerta de la Defensoría en Pradera y Florida y advirtió que su departamento no puede convertirse en otro Catatumbo.
“La disputa que se está dando allí entre grupos de las disidencias de las FARC está generando asesinados, desplazamientos y amenazas que están afectando a las comunidades campesinas, indígenas, a nuestros niños y líderes sociales”, dijo Toro.
La gobernadora hizo un pedido especial al presidente Petro y al ministro de Defensa para que se desarrolle un plan de acción para combatir este flagelo.
La disputa por el control territorial
La Defensoría del Pueblo aseguró que la escalada de violencia en los dos municipios del Valle del Cauca se debe a la expansión y confrontación armada entre dos disidencias de las FARC. En el primer grupo están los Frentes Adán Izquierdo y el Bloque Central Isaías Pardo, ambos bajo el dominio de Iván Mordisco, mientras que la otra disidencia es un grupo independiente que se hace llamar Frente 57 Yair Bermúdez.
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En medio de los enfrentamientos, al menos tres barrios, 20 corregimientos, un resguardo y un cabildo indígena de Pradera se habrían visto afectados. Además, la Defensoría advierte sobre el riesgo en tres barrios, siete corregimientos, cuatro resguardos y dos cabildos indígenas en el municipio de Florida.
Según el ente de control, las poblaciones más afectadas por las violaciones a derechos humanos son las comunidades campesinas; pueblo indígena nasa; lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos; firmantes del Acuerdo de Paz, sus familias y organizaciones políticas; mujeres y niñas, niños y adolescentes que quedan en medio de las disputas por el control territorial.
Entre los hechos que denuncia la Defensoría también hay casos de desplazamiento y reclutamiento forzado. Los firmantes del Acuerdo de Paz también han sido “blanco de violentos ataques directos” que han sido materializados con amenazas y presiones para que se vinculen a las filas de ambos grupos armados.
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