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Casi al mismo tiempo de que la delegación del Gobierno y voceros de las bandas criminales de Medellín destacaban desde la cárcel de Itagüí los progresos en la construcción de un acuerdo condicionado, la fiscal Luz Adriana Camargo anunciaba la reactivación de órdenes de captura contra 16 jefes de esas estructuras armadas.
El movimiento marcó un nuevo punto de tensión en el proceso de paz urbana que se desarrolla en Medellín y el Valle de Aburrá, justo cuando la delegación de Gobierno, en cabeza de la senadora Isabel Zuleta, insiste en que las conversaciones han entrado en una fase más estructural. Desde la delegación oficial, la respuesta ha sido de defensa del proceso y de sus mecanismos jurídicos, en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad.
Zuleta sostuvo que la solicitud de garantías jurídicas no implica beneficios indebidos, sino que responde a la necesidad de proteger el diálogo. “La petición de garantías surge por la persecución judicial y mediática contra el proceso”, afirmó, al explicar el origen de las solicitudes elevadas ante las autoridades sobre 23 de estos jefes, siete de los cuales están en libertad porque ya cumplieron su condena.
Además señaló que no hay una posición única frente a estas medidas y que el proceso enfrenta situaciones “atípicas”. “No es lo más frecuente que a una persona privada de la libertad le den una orden de captura. Parece ilógico, parece falta de sentido común, pero son las realidades que se viven en este proceso”, explicó.
La semana pasada la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP) defendió la suspensión de las órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá y aseguró que hace parte de una estrategia orientada al desescalamiento de las violencias urbanas y a la construcción de paz territorial.
Según la Oficina, estas decisiones se sustentan en la Ley 2272 de 2022 y “responden exclusivamente a dinámicas propias de la construcción de paz”, dijo la OCCP.
Así mismo indicó que se busca facilitar el tránsito de integrantes de estructuras armadas hacia la ciudadanía plena, en medio de los diálogos sociojurídicos que se desarrollan en la región.
Habrá eventos con la mesa de paz en distintos territorios
La delegada también cuestionó algunas versiones sobre las víctimas y advirtió sobre su posible instrumentalización en el debate público. “Las víctimas no son en abstracto, son en concreto, en territorios específicos, con circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo, al insistir en que el proceso busca responder a esas realidades a través de los cinco puntos definidos.
El comunicado conjunto del Espacio de Conversación Socio Jurídico leído este martes plantea una hoja de ruta basada en cinco ejes: el desescalamiento de las violencias, la reparación de las víctimas, la transformación de los territorios, la sustitución de economías ilegales y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
En la rueda de prensa sostiene que el proceso “avanza de manera firme, sostenida y responsable” y que se encuentra en una etapa avanzada, resultado de más de una década de intentos por encontrar salidas negociadas a las violencias urbanas.
De acuerdo con el documento, estos temas serán discutidos en eventos y espacios de participación en los territorios, donde comunidades y organizaciones sociales tendrán un papel central en la construcción del acuerdo. La apuesta, según el Gobierno, es que la paz urbana no se limite a negociaciones entre actores armados, sino que se construya con legitimidad social.
Zuleta responde a Roy Barreras sobre uso de bandas para campañas
Esos eventos han generado críticas desde sectores políticos que advierten un posible uso electoral del proceso.
Entre ellos, el exsenador Roy Barreras ha expresado preocupaciones sobre una eventual incidencia de en campañas, especialmente de la de Iván Cepeda.
“¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquía tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno (Iván Cepeda)?, preguntó hace unos días el periodista Daniel Coronell a Barreras, quien respondió: “No, no solo en Antioquia”.
Frente a esto, Zuleta fue enfática: “Que muestren las pruebas. ¿Cuáles son las acciones de proselitismo político? Nosotros lo que hemos hecho es generar garantías para las elecciones, para que no haya coerción sobre la población”.
En esa línea, defendió que el proceso ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad electoral en los territorios. “En todos los municipios donde había alertas y donde hay procesos de paz se pudo desarrollar como nunca antes una jornada electoral en paz. Ahí están los datos”, afirmó, en referencia a los reportes de la Misión de Observación Electoral.✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.