Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Casi diez años después de que las FARC entregaran un inventario de bienes como parte del Acuerdo de Paz, el balance final muestra que, aunque una parte de esos activos sí se logró convertir en recursos para víctimas, la mayoría nunca se materializó o no pudo monetizarse por condiciones de seguridad, retrasos en la implementación, entre otras razones.
El informe de cierre de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) conocido por Colombia++20 y que consolida el proceso entre 2017 y 2026, permite por primera vez en una casi década ver en conjunto qué pasó con esos bienes: cuánto se entregó realmente, cuánto se logró vender y, sobre todo, cuáles fueron los límites del modelo.
“En las reuniones sostenidas el 9 de septiembre de 2025 y el 4 de febrero de 2026 se acordó suscribir el acta de cierre de la etapa de entrega material de bienes inventariados, toda vez que no existen más activos disponibles por entregar”, señala el informe de la SAE, elaborado el pasado 3 de marzo, pero presentando ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz el pasado 25 de marzo.
#EnResumen 🎬 | Se realizó la sesión ampliada de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del #AcuerdoDePaz CSIVI 🏛️, donde se abordó el cierre de entrega de bienes EX FARC-EP 📦, entre otros temas. #ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/YYloG8Qfv2
— Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (@UAcuerdoPaz) March 25, 2026
El informe de cierre se dio también en medio de otros de la Contraloría del pasado 20 de enero y que advertía de un fuerte desbalance financiero, retrasos en la entrega de dinero y bienes por parte de la antigua guerrilla para la reparación de las víctimas.
“Esta semana, a propósito de un informe sesgado de la Contraloría a inicios de este año, la SAE cerró, 10 años después, la entrega de bienes producto de la economía de guerra producto de las FARC-EP. Es un informe oficial que da cuenta del cumplimiento integral de sus compromisos lo que ha permitido que, producto de esos bienes, se haya reparado a 2.300 víctimas”, aseguró ante la Comisión Primera del Senado hace unos días el abogado Camilo Fagua, parte del sistema de defensa de las extintas FARC.
En contexto: Contraloría advierte incumplimientos del secretariado en sentencias de reparación a víctimas
Los problemas con el inventario
Desde el inicio, todo el proceso cargó con un problema de origen: la debilidad del inventario entregado en 2017. Lo que debía ser una hoja de ruta clara para la reparación de las víctimas terminó siendo un registro incompleto. “De la información consignada en el inventario, la SAE S.A.S. encontró que no era suficiente para determinar la existencia, estado, valor y ubicación y de esta forma individualizar los bienes declarados en el mismo”, dice el informe.
Esa falta de información obligó a un proceso largo de verificación en terreno, cruce de datos y reconstrucción que ralentizó toda la operación.
Algunos de esos bienes estaban ubicados en zonas apartadas y eso también sumaba para que el inventario no fuera preciso.
A esa debilidad técnica se sumaba otra dificultad y es que cuando comenzó el proceso de entrega, muchos de los bienes ya no se encontraban en poder de quienes los habían reportado. Según el documento, había casos en los que los activos habían sido “hurtados, llevados por la disidencia o incautados por el Ejército”. En otros, simplemente no existía claridad sobre su ubicación o condiciones o habían sido robadas las cosas que estaban dentro del inmueble.
Sin embargo, a pesar de esas dificultades, el informe muestra que sí hubo resultados concretos. El proceso diseñado tras el Acuerdo de Paz implicaba no solo recibir los bienes, sino administrarlos, sanearlos jurídicamente y venderlos para convertirlos en recursos líquidos. Ese camino, sin embargo, resultó más complejo de lo previsto.
La SAE resume ese recorrido en tres fases: “entrega material de bienes inventariados por las extintas FARC-EP; monetización y disposición final de activos; y transferencia de recursos al patrimonio autónomo para la reparación a las víctimas del conflicto armado” . Cada una de esas etapas enfrentó obstáculos distintos.
El resultado final es que una parte de los bienes sí logró convertirse en dinero. Más de $COP 45.978 millones fueron canalizados hacia el patrimonio autónomo y destinados a medidas de reparación, lo que permitió atender a miles de víctimas en distintas regiones del país.
El informe insiste en que estos recursos cumplieron su propósito dentro del sistema: “garantizar la reparación a las víctimas (…) mediante el patrimonio autónomo” .
Sin embargo, el gran lunar fue la monetización de los recursos -que debían hacerla entidades del Estado- y que fue parcial y mucho más lenta de lo esperado. Entre la entrega de los bienes y su conversión en recursos pasaron años, y en muchos casos ese proceso nunca llegó a completarse.
Los bienes que nunca llegaron (y otros que no podían venderse)
Otro de los hallazgos del informe es la cantidad de bienes que nunca se materializaron en entregas efectivas. En varias categorías, la brecha entre lo reportado y lo recibido es amplia.
En el caso de muebles y enseres, por ejemplo, de los más de 51.000 ítems incluidos en el inventario, apenas 1.830 fueron entregados. El resto quedó en el camino por razones diversas: deterioro, pérdida, inexistencia o imposibilidad de acceso.
Las condiciones de seguridad fueron determinantes. El informe recoge que, en múltiples zonas, el Estado no pudo ingresar a recuperar bienes. “Por temas de seguridad no era posible el acceso a esos campamentos. Esta situación continúa con las mismas condiciones”, se señala . Es decir, incluso años después del Acuerdo de Paz, el control territorial siguió siendo un obstáculo real para la implementación.
Episodios como el asesinato de Mario Morales, el último comandante del frente 37 y tras el Acuerdo de Paz quien se convirtió en coordinador del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, es muestra de ello.
Morales fue asesinado en 2020 luego de que le encargaran la tarea de buscar unos predios. “Le habíamos recomendado que buscara las coordenadas de unos predios que están en el inventario para la reparación de las víctimas y él andaba con un GPS recogiendo esa información para entregarla a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, dijo entonces Pastor Alape a este diario.
Su muerte evidenció los riesgos que enfrentaban quienes intentaban materializar ese compromiso en zonas donde la violencia no había desaparecido.
A eso se suma que en varios de los territorios donde se encontraban los bienes, la salida de las FARC dio paso a una rápida reconfiguración de actores armados. Disidencias, grupos criminales y otras estructuras ocuparon esos espacios y, en muchos casos, terminaron controlando también los activos que habían sido reportados en el inventario.
La transición hacia la paz no implicó una recuperación efectiva del territorio por parte del Estado, y eso tuvo consecuencias directas sobre la posibilidad de ubicar y recuperar los bienes.
Pero incluso cuando los bienes sí fueron entregados, no siempre podían convertirse en dinero. Problemas de titulación, falta de mercado, ubicación remota o condiciones físicas adversas limitaron su comercialización. “No se contó con un informe de avalúo que determinara técnicamente los precios” y que las valoraciones iniciales “no atendieron la realidad de mercado”, dice la SAE.
En la práctica, esto significó que muchos activos tenían un valor nominal que no se traducía en ingresos reales.
El otro tema es que una parte importante del inventario correspondía a activos que, por su naturaleza, no podían venderse.
Las antiguas FARC pusieron en el inventario las “inversiones” en infraestructura que hicieron en varias zonas -carreteras, placa huellas, entre otros-, bienes de uso comunitario y el armamento que no eran susceptibles de monetización. De hecho, el documento señala que estas categorías representaban el 43 % del valor total reportado y “no tenían potencial de monetización” .
Precisiones al informe de la Contraloría
El informe de la SAE también corrige el informe que la Contraloría presentó el pasado 20 de enero en el que alertaba de incumplimientos del secretariado de las antiguas FARC en las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reparar a las víctimas.
El informe del ente de control puso el foco en el déficit para cumplir las sentencias de la JEP —que, según sus cifras, supera el 80 %— y lo vinculó con los incumplimientos en la entrega de bienes por parte de las FARC . Pero ese cruce no es del todo exacto porque la Contraloría mezcló dos cosas.
Por un lado, la insuficiencia de recursos para garantizar el cumplimiento de las primeras dos sentencias de la JEP, que se hace principalmente con recursos del Estado. Esto se da través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que paga indemnizaciones administrativas, atención psicosocial, medidas de rehabilitación y restitución. También con el Fondo para la Reparación a víctimas que se nutre de bienes entregados por las antiguas FARC o de bienes de la SAE y con recursos de cooperación internacional. En el otro lado, están los retrasos en la entrega de bienes que pertenecían a esa guerrilla.
En contexto: “Nosotros cumplimos con la entrega de estos bienes”: Ex-FARC sobre informe de la Contraloría
Y por el otro lado, los recursos para las indemnizaciones administrativas previstas en la Ley de Víctimas que se pagan a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. También con el Fondo para la Reparación a víctimas que se nutre de bienes entregados por las antiguas FARC o de bienes de la SAE y con recursos de cooperación internacional. En estos últimos es que entran los recursos provenientes de la monetización de los bienes entregados por las antiguas Farc.
El informe de la SAE es claro en ese punto: estos activos están destinados a “la transferencia de recursos al patrimonio autónomo para la reparación a las víctimas del conflicto armado”, no a financiar las sanciones de la justicia transicional. En ese sentido, usar el déficit de la JEP como medida directa del incumplimiento en la entrega de bienes termina desdibujando el problema. El dinero para las sanciones de la JEP vienen de otras fuentes.
El cierre del proceso deja una imagen menos idealizada que la que acompañó el anuncio inicial del inventario en 2017. Sí hubo recursos que llegaron a las víctimas y que permitieron materializar parte del compromiso de reparación. Pero también hubo bienes que nunca aparecieron, activos que no pudieron venderse y una sobreestimación del valor real de lo entregado.
Aquí el informe completo:
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
