“Nosotros seguimos haciendo patria en este rincón de Colombia, esta ha sido una zona cacaotera por tradición desde que llegaron nuestros papás, nosotros heredamos eso y continuamos”, asegura Hugo Castro, directivo del Comité Departamental de productores de Cacao en Arauca, también miembro de una de las cooperativas más antiguas del gremio en la región, la Coperativa de Productores Agropecuarios del Municipio de Arauquita (Comprocar).
Arauca, el segundo productor de este grano en el país con cerca de 20 mil hectáreas sembradas y un potencial de 80 mil, aspira a convertirse en el clúster del cacao en Colombia con un proyecto que los mismos cultivadores emprendieron en la década del noventa, cuando se propusieron una meta de 20 mil hectáreas en 20 años, que ahora están a punto de conseguir. En este proceso constituyeron también comités municipales de cultivadores en los municipios del pie de monte araucano: Tame, Fortul, Arauquita, Saravena y Arauca capital, trabajando, de acuerdo con Castro, en defensa de “los temas gremiales en medio de todas las dificultades que hay”.
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Estas dificultades incluyen el conflicto armado que, para nadie es un secreto, se ha ensañado con el departamento de Arauca. Como lo contamos en Colombia+20, este territorio es el último fortín del ELN y ahora escenario de una violenta disputa con grupos residuales de las extintas FARC, lo que ha disparado los homicidios en la región.
Por eso, Castro ratifica la opinión de otros cultivadores que hablaron con este diario y quienes creen que el fin del conflicto podría ser una oportunidad enorme para generar desarrollo y progreso en el departamento, de la mano del gremio cacaocultor: “Rogamos a Dios que haya un proceso de paz serio y los actores del conflicto cesen la violencia”, asegura Castro, pues es la única manera para “desarrollar el departamento de Arauca”.
Según la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), en Arauca la producción supera las 10.520 toneladas y le da empleo directo a cerca de 7.000 familias, siendo el departamento que aporta una cuarta parte de todo el cacao del país. Además, se trata de cacao fino, con una altísima demanda en el mercado internacional, aunque las exportaciones son marginales por problemas en la certificación de los productores, que aún no cuentan con el sello de la denominación de origen.
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En opinión de Castro, ha faltado “voluntad política” para que exista ese proceso de certificación, que les “garantizaría poder vender esos cacaos especiales” con los que han empezado a tener fama. El cacao araucano, recuerda, ha ganado premios en el salón del chocolate de París: “Ha habido una tradición, se habla de que hace varios siglos nuestros indígenas sembraban cacao y ya existía en las riveras del río Arauca”.
“Hemos visto que en Costa Rica o Perú el Estado certifica a los productores como orgánicos para poder vender en otros países, los europeos no consumen nuestros productos si no llevan una trazabilidad”, explica Castro. Y agrega: “Esa es otra pelea que hemos dado en Arauca, que la producción del departamento no se registra como de Arauca, porque son los industriales a quienes se les pide una factura única que da el origen de dónde va el producto”.
Justamente lo que reclama el gremio es que el Estado dirija su mirada hacia un sector que por su propia iniciativa ha generado dinámicas productivas legales, que son opción para los campesinos en uno de los departamentos más olvidados y abandonados del país. “El municipio de Arauquita no tiene una sola vía terciaria pavimentada, son trochas por las cuáles tenemos que sacar los productos”, se queja Castro, apuntando que los productores de Arauca pierde en promedio 1.000 pesos por cada kilo de grano producido, esto por culpa de los sobrecostos que incluyen los fletes y precios de insumos más elevados, debido a la pésima malla vial del departamento.
“Arauca ha sido muy abandonado”, concluye Castro y agrega: “ese es el caldo de cultivo para el conflicto armado”.
Urge más apoyo institucional
El respaldo oficial a veces ha sido errático, según el gremio. Por ejemplo, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se formuló un proyecto para apoyar a 194 familias productoras dispersas en varios municipios del departamento, con el cuál se dotó a los campesinos de marquesinas y cajas para fermentar el grano en sus fincas con una inversión total que superó los 3.325 millones de pesos.
No obstante, voces de los cacaoteros como Domingo Pérez opinan lo contrario: “No se debe hacer beneficio del cacao individualmente, porque eso impide estandarizar la calidad para los mercados de valor”. Además, explica que sería mejor concentrar esos recursos y esfuerzos en la construcción de “una central de beneficio”, en donde pueda procesarse el grano.
“El cacao fino es muy escaso a nivel mundial y el 95% del cacao de Colombia es catalogado como cacao fino, bien valorado en el extranjero (...) ¿se imagina lo que pasaría si el sector pudiera exportar unas 30.000 toneladas al año? Eso obligaría a nuevas siembras y a más absorción de mano de obra”, afirma.
La gran apuesta del sector ahora tiene que ver con la industrialización y eso implica conseguir que el procesamiento del grano se haga en el territorio, un reto no menor, teniendo en cuenta que los suministros y costos de la energía son elevados por el aislamiento en que se encuentra el departamento. Cooperativas como Comprocar venden más del 90% de su cacao a la Casa Luker y exportan un pequeño remanente, otro lo procesan en barras que deben ser maquiladas por Italo en Bogotá, pues no hay plantas procesadoras en el departamento.
Con apoyo de las petroleras como la Oxy, y ahora de SierraCol, que apoyan proyectos de responsabilidad social en la zona, lograron los planos y diseños para la construcción de una planta industrial, pues por ahora sólo cuentan con una modesta planta de beneficio del grano.
“No necesitamos mendigarle al Gobierno, porque trabajamos y producimos, aspiramos a hacer las chocolatinas aquí mismo. Que podamos generar empleo y tener la industria aquí mismo”, dice Hugo Castro, mientras sintetiza el anhelo de un sector que pide con urgencia apoyo institucional: “No hay una política clara para la producción de alimentos, que beneficie realmente al productor, que ayude a que los jóvenes se enamoren del campo y lo vean viable. Hoy nos da tristeza, pues nosotros los viejos que hemos trabajado toda la vida en las fincas seguimos haciendo lo mismo, pero ya nuestros hijos que fueron a la Universidad y estudiaron no ven garantías, sólo piensan en irse a la ciudad, eso nos preocupa, nos estamos quedando solos y envejecidos”.