Comunidades piden consulta previa en proyecto del Canal del Dique

La Constitución dice que las comunidades étnicas deben ser consultadas cuando se realicen proyectos que impacten su territorio.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

“Tenemos un sinsabor, no entendemos cómo un proyecto de esa magnitud no tuvo en cuenta a una comunidad ancestral”, se queja Rosiris Montes en Sincerín, un corregimiento de Arjona (Bolívar) bañado por las aguas del Canal del Dique. Rosiris señala con la mano en dirección al canal, por el que ella vio bajar cuerpos desmembrados en los años de la guerra, y se lamenta que ahora el Gobierno no reconozca la permanencia de sus antepasados allí.

“Nos estamos viendo excluidos”, insiste Rosiris Montes: “No ha sido posible que seamos incluidos en la consulta previa”, dice refiriéndose al macroproyecto del Canal del Dique, un contrato de alianza pública-privada que busca, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la restauración de los ecosistemas de la subregión, así como el mejoramiento de la navegabilidad por el canal, que conecta al río Magdalena con la bahía de Cartagena.

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Rosiris Montes lidera un consejo comunitario local constituido en marzo de 2017, que representa los intereses de un centenar de familias afrocolombianas asentadas allí desde tiempos coloniales. No obstante, aunque serán impactados directamente por el proyecto, no fueron tenidos en cuenta para las debidas compensaciones, ni se realizó con esta comunidad una consulta previa, como ha establecido la Constitución que debe ocurrir cuando una obra o proyecto tenga influencia en territorios con presencia étnica. Su última esperanza es que el nuevo gobierno replantee el proceso, aprovechando que se detuvo la adjudicación del contrato.

La Agencia Nacional de Infraestructura ha realizado consultas previas con 16 comunidades étnicas de la región, tres son parcialidades indígenas y el resto consejos comunitarios afrocolombianos, como consta en un apéndice técnico del proyecto que conoció Colombia+20. No en todos los casos se ha llegado a acuerdos. Por ejemplo, el consejo comunitario de Gambotes no aceptó las compensaciones que el proyecto ofrecía y varios de sus líderes aseguran que jamás firmaron las actas de protocolización. Sin embargo, en el apéndice técnico de la ANI se asegura que la consulta con esa comunidad fue “protocolizada con acuerdos parciales”. Tanto Delia Ávila, lideresa del consejo, como Moisés Pérez, abogado y asesor, insisten en lo contrario.

Además, hay medio centenar de comunidades que denuncian serán impactadas por las obras, pero no fueron tenidas en cuenta.

Para discutir esto se organizó un foro en Cartagena el pasado martes 23 de agosto, con participación de Marco Romero, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y Leyner Palacios, excomisionado de la Verdad, quien aseguró que aunque los grupos armados que azotaron la región se retiraron, “los intereses sobre el Canal del Dique no se han desmovilizado”.

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De acuerdo con Jasmar Pájaro, historiador y miembro del Colectivo Abogados del Karibe (Abokar), 45 consejos comunitarios en la zona de influencia del proyecto no fueron consultados.

Estos consejos comunitarios se han constituido formalmente y tienen reconocimiento de las alcaldías, como sucede con el consejo comunitario de Sincerín, pero no han obtenido un certificado del Ministerio del Interior, pues no tienen tierras tituladas. Y este, según ellos, ha sido el argumento para no incluirlos en las consultas.

Pero la Corte Constitucional, en la Sentencia 576 de 2014, estableció en un caso similar que aquel no es un requisito para que no se lleve a cabo la consulta, pues la condición étnica no depende de la titularidad de un territorio. En otras palabras, con o sin tierras tituladas, los pueblos étnicos deben ser tomados en cuenta en los proyectos.

En respuesta anterior a este diario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que solo consultaron 13 consejos comunitarios de la región porque así lo ordenó el Ministerio del Interior. En una nueva comunicación añadieron que este viernes “se hará la instalación de la Comisión Accidental en el municipio de Santa Lucía (Atlántico), que nos permitirá seguir atendiendo las inquietudes de las comunidades con relación al proceso”. En este evento, que se realizará el viernes 26 de agosto y contará con la presencia del ministro Guillermo Reyes, se espera que se conozca la postura del nuevo gobierno con relación al proyecto.

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También añadieron que “el equipo social de la ANI ha trabajado con las comunidades desde hace varios años, desde que inició la estructuración del proyecto, incluso cuando el Fondo de Adaptación y la Unidad de Gestión de Riesgo y la ANI abordaron una problemática que surgió en 2010 y 2011, y seguiremos trabajando de la mano de las comunidades para atender sus inquietudes”.

Los reclamos de las comunidades tienen que ver con que se revisen los impactos, pues aseguran que se afectarán la pesca y la agricultura tradicional que realizan en los playones de las ciénagas en tiempos de verano. Para demostrarlo se remiten a intervenciones anteriores, como la construcción de jarillones que, según ellos, han acabado con parcelas de campesinos, aislando cuerpos de agua, o el conocido dragado que le quitó la mitad de las curvas al canal en los años ochenta, aumentando la sedimentación.

El proyecto contempla varios taponamientos de caños, jarillones, una compuerta a la altura del municipio de Calamar (Atlántico) y una exclusa en Puerto Badel (Bolívar), lo que permitirá regular el flujo del agua por el canal y el complejo de ciénagas que hay a lo largo de sus más de 100 kilómetros.

Este diario ya ha reportado antes que existen serias dudas sobre los posibles impactos ambientales de esas obras, por ejemplo la alteración de ecosistemas costeros por la sedimentación o el desequilibrio de las ciénagas.

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El mayor temor de las comunidades es que cambiarán los ciclos naturales del agua, afectando la pesca, fuente de sustento de todos los pueblos ribereños, y se va a cambiar la dinámica de las ciénagas, que se inundan en invierno y despejan áreas de cultivo en épocas de verano. “Dependemos 100 % del agua”, explica Gaspar Romero, de la Asociación de Pescadores Artesanales Afrocolombianos de Gambote, un pequeño caserío del municipio de Arjona (Bolívar). “No nos oponemos al desarrollo”, dice Emilio Robles, también de la Asociación: “Pero queremos que nos tengan en cuenta”. Esta afirmación es repetida casi idéntica por todas las comunidades.

En medio de esta coyuntura, la adjudicación del proyecto quedó frenada por el cambio de gobierno. Justo cuando empieza la discusión de qué hacer con el Canal del Dique, tres líderes que se han opuesto a las obras recibieron el viernes 19 de agosto un ramo fúnebre en sus casas como amenaza por oponerse al “desarrollo”. Dos de ellos, Adil Meléndez y Lucio Torres, habían denunciado en entrevista con El Espectador algunas de las irregularidades relacionadas con el proyecto el pasado 2 de agosto.

Delia Ávila reclama que se contemplen medidas para que las comunidades “no dejen de ser nativas y dueñas de su territorio”.

La queja de Rosiris Montes es más directa, señalando a quienes diseñan los proyectos desde Bogotá: “¿Será que no se conocen el país? Es como si no existiéramos”.