El primer golpe fue el miedo. La mañana del 3 de abril de 2025, hombres armados que se identificaron como integrantes del Frente Primero del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia que comanda Iván Mordisco, irrumpieron en la casa de Candy Zubieta Romero en Vuelta del Alivio, Meta. La tranquilidad aparente de la vereda ubicada en Mapiripán se deshizo en unos minutos. La rutina de la casa también se quebró con la violencia. Sobre la mesa quedó el último desayuno que compartió Candy con su pareja, Dumar Israel Rojas, y con su hija de apenas cinco años. Sin mediar palabra, los hombres los obligaron a los tres a salir hacia la espesura de la selva, donde su historia terminaría en desaparición y asesinato.
La persistencia de la violencia había alcanzado otra vez la vida de Candy, una excombatiente de las antiguas FARC, quien había dejado las armas hace casi una década. Durante su reincorporación, terminó su bachillerato en Vista Hermosa, Meta. Ahora, cada logro, cada intento de normalidad, se enfrentaba ahora a la cruda realidad de un territorio donde la disputa por rutas fluviales y el narcotráfico dictan quién sobrevive y quién desaparece.
El caso fue reportado apenas como un dato en el más reciente informe entregado al Consejo de Seguridad de la ONU por la Misión de Verificación en Colombia, que lo registró como la primera desaparición de una mujer excombatiente de las antiguas FARC desde que se firmó el Acuerdo de Paz — lo que pudo confirmar este diario con los balances de varias entidades, aunque se advierte que puede haber algún caso en el subregistro—, una muestra de la vulnerabilidad que persiste tras casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
La historia de Candy ocurrió, además, en un territorio marcado por la disputa entre el Frente Primero de la disidencia de Mordisco, la estructura de Calarcá Córdoba —el Estado Mayor de los Bloques y Frente— y la Segunda Marquetalia —otra disidencia de las extintas FARC, pero al mando de Iván Márquez— por el control territorial y de las rutas de narcotráfico. Es casi la misma zona donde esta semana 33 soldados fueron retenidos temporalmente por comunidades en la región y luego liberados, un reflejo de la complejidad y la violencia que siguen dominando el Guaviare.
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Según varias fuentes, su compañero Dumar —quien no era un excombatiente de las FARC— escuchó decir a los hombres de la disidencia de Iván Mordisco, que los tenían en su poder, que los iban a matar. “Él escuchó eso y supo que tenía que huir para pedir ayuda”, dijeron pobladores a este diario.
Dumar logró escapar y llegar a la vereda Charco Caimán para pedir ayuda, pero las condiciones del terreno no eran nada favorables. Por tierra era imposible llegar en poco tiempo y por helicóptero podrían alertar a los grupos armados. Aún así, dicen los pobladores, las autoridades intentaron llegar, pero fue tarde.
Hombres de la disidencia encontraron a Dumar apenas unas horas después de su llamado de emergencia y, según lo que ha establecido este diario, él y Candy fueron asesinados unos días después. Tras el secuestro y la desaparición, hombres del grupo entregaron a la menor con vida a una misión de la Defensoría Regional de Guaviare y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con lo que para las autoridades quedó más evidente que ambos padres habían sido asesinados.
El Frente Primero del EMC ha venido consolidado una estrategia de control férreo sobre las comunidades: instalan retenes, secuestran, interrogan y desaparecen como parte de una táctica del miedo. Tanto a Candy como a su esposo los tuvieron amarrados durante tres días.
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El motivo, según testimonios recogidos por las autoridades, es que al hombre lo señalaban de tener contactos con la disidencia Segunda Marquetalia. Esa acusación convirtió a Candy y a su hija en blanco de represalias. La acción contra ella estuvo vinculada a las acusaciones contra su compañero; que no se han confirmado y responden mucho más a las dinámicas del conflicto en ciertas regiones que a su condición de firmante de paz.
“No era un objetivo por ser firmante de paz, sino por estar vinculada a alguien señalado por un grupo rival”, explican expertos en seguridad territorial. En estas zonas, las mujeres suelen ser víctimas colaterales: retenidas, desaparecidas o asesinadas como castigo o advertencia hacia sus familiares. Candy era una mujer humilde.
Su familia era pequeña y dispersa, y sus redes de apoyo eran limitadas. De hecho, aún no se ha podido confirmar dónde está su cuerpo. Fuentes afirman que podría estar en Medicina Legal de Guaviare, pero ninguna entidad hasta ahora lo confirma.
Aunque Candy completó apenas la educación primaria en la guerrilla, una vez en la vida civil se empeñó en formarse y crear oportunidades.
La mujer siguió —con mucha disciplina, según corroboraron varias fuentes— el proceso de reincorporación. Inició su vida civil en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Vista Hermosa, en Meta.
Desde allí impulsó un proyecto productivo individual: montó un pequeño negocio de lavado de ropa en Lejanías. Durante años, la mujer asistió a capacitaciones, estudió cursos de manipulación de alimentos, mentalidad empresarial y emprendimiento en el SENA, y logró graduarse de bachiller en 2020.
Luego, junto a su compañero, decidieron trasladarse a Mapiripán, donde cambiaron su negocio por un emprendimiento de pesca artesanal con el que buscaban aprovechar los recursos naturales del río Guaviare.
La disputa entre grupos armados que amenaza la paz
La violencia que terminó con la vida de Candy y su pareja es un reflejo de la compleja dinámica del sur del Meta y el Guaviare. Este último departamento es hoy un mosaico de disputas y corredores de narcotráfico.
La zona que va del río Guayabero al Guaviare y conecta con el Orinoco hacia Brasil se ha convertido en un territorio estratégico para el transporte de marihuana, coca y otras economías ilegales.
Allí, el Frente Primero busca consolidar su presencia frente a la estructura de Calarcá, mientras la Segunda Marquetalia —mucho más disminuida— intenta mantener antiguos dominios. Esta dinámica no solo involucra a grupos armados ilegales: afecta directamente a las comunidades, los excombatientes y la presencia del Estado.
Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde 2016 se ha registrado el asesinato de 470 firmantes, y aunque las mujeres representan un porcentaje menor de las víctimas, su vulnerabilidad es mayor.
La violencia se multiplica en Meta y Guaviare, donde los procesos de reincorporación y los proyectos productivos se enfrentan a la fragilidad de la seguridad, la expansión de rutas de narcotráfico y la presencia de múltiples actores armados.
Además, a la estigmatización por haber hecho parte de un grupo armado se suma el rol de género: muchas son madres, cuidadoras y lideresas comunitarias. Su desaparición o asesinato no solo destruye un proyecto de vida individual, sino que impacta a las redes familiares y comunitarias.
La desaparición y el asesinato de Candy Zubieta Romero evidencian que, incluso tras casi una década de la firma del Acuerdo de Paz, la presencia estatal y las garantías de seguridad siguen siendo insuficientes, y que los riesgos no son teóricos sino letales.
En medio de la conmemoración del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la historia de Candy interpela con fuerza: detrás de cada número hay un rostro, una vida y una ausencia que todavía no encuentra justicia. Pero en Colombia, donde la violencia suele acumularse sin duelo, su historia casi se pierde en la estadística.
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