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La captura de Geovany Andrés Rojas, conocido como Araña y miembro de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —una de las disidencias que negocia la paz con el Gobierno de Gustavo Petro—, es un hecho inédito en la historia de los procesos de diálogo en Colombia que dejó ver serios vacíos legales y generó más dudas sobre el futuro de las demás negociaciones.
Desde la forma en la que ocurrió la captura, delante de huéspedes, comensales y periodistas, que concurrían a un hotel en el occidente de Bogotá a una rueda de prensa tras el cierre de un ciclo de negociaciones con ese grupo armado, hasta el fondo del asunto, por ahora, poco esclarecedor, pusieron en jaque esta negociación, y, por rebote, todos los demás tableros de la paz total de Petro.
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La nuez de la discusión, aunque compleja, se puede resumir en que mientras el Ejecutivo —con las delegaciones de Gobierno y el comisionado de Paz, Otty Patiño, a la cabeza— afirma que las resoluciones y el marco de la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total) cobijan posibles órdenes de captura —e incluso pedidos de extradición—, la rama Judicial —con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía— dice que el país debe respetar los compromisos internacionales y que, claro, se debe cumplir la ley.
En resumen, un choque entre la política de paz y las obligaciones judiciales, pero sobre todo una falta de coordinación entre la rama Ejecutiva y Judicial y un exceso de improvisación del Gobierno. Una tormenta perfecta en la que también entra el Gobierno de Estados Unidos, con el que las relaciones quedaron tensas tras el rifirrafe que protagonizó el presidente Petro con su homólogo Donald Trump el pasado 26 de enero.
Según conoció Colombia+20, Washington ya hizo una notificación sobre la extradición a la Cancillería y deberá surtir el curso normal.
La circular de Interpol que llevó a la captura de Geovany Andrés Rojas, Araña, por tráfico de drogas hacia Estados Unidos debe llevar a un pedido de extradición por parte de ese país.
De acuerdo con el trámite regular que se hace en estos procedimientos, la información de extradición debe llegarle al Ministerio de Justicia, para que verifique la documentación. De allí se envía a la Corte Suprema de Justicia, que debe hacer una revisión y decidir si procede o no la extradición. Aún así, el presidente Gustavo Petro tiene la decisión final porque, aunque la Corte puede decir que sí es favorable o sí procede la extradición, el Gobierno, en cabeza del mandatario, es el que tiene la opción de extraditar o no alguien. Esta decisión podría agregar o quitar tensión a las relaciones de Colombia con Estados Unidos.
La Corte Suprema de Justicia debe hacer una revisión sobre si procede o no la extradición, pero el presidente es quien tiene la última palabra.
“Un primer problema de articulación entre la Oficina del Comisionado y la Fiscalía es que estos asuntos de la seguridad jurídica de los diálogos de paz deben organizarse previamente con la Fiscalía en el marco de un principio que tiene el Gobierno, que es el principio de la guía armónica de los poderes del Estado. Siento que eso no funcionó” explicó a Colombia+20 Diego Martínez, integrante de la Comisión Jurídica de los Diálogos de La Habana y asesor en temas de paz y negociaciones.
Reglamentar Ley de Paz Total
Las repercusiones y dudas después de este hecho son de todo tipo. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano dio a conocer el viernes un comunicado en el que condicionaba que el proceso seguía si se daba la liberación de Araña, contra quien hay una circular roja de Interpol por un delito reciente de envío de droga hacia Estados Unidos.
“Como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ratificamos nuestra voluntad de continuar explorando los caminos que nos lleven a la concreción de un gran Acuerdo de Paz; siempre y cuando se resuelva con la libertad, la situación jurídica del comandante y vocero de paz Geovany Andrés Rojas”, dice el documento que señalaba que la apuesta de paz se veía “gravemente herida” por este suceso.
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El Gobierno les bajó el tono a las declaraciones y reiteró que seguía firme en el diálogo e incluso abrió la puerta a que se iniciara un cese al fuego bilateral.
El comunicado de la disidencia fue firmado desde las “montañas del sur y occidente de Colombia”, adonde fueron trasladados todos los delegados que abandonaron Bogotá por temor a que ocurriera otro episodio como el de Araña.
Ese fue el segundo impacto. Otras delegaciones que estaban adelantando reuniones con el Gobierno, curiosamente en hoteles cercanos a donde se dio la captura de Rojas, se fueron de la capital por la misma razón. Entre ellas estaban negociadores de Comuneros del Sur —cuyo comandante Gabriel Yepes Mejía, H. H., también podría correr la misma suerte por tener pedido de extradición— y la de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que comanda Calarcá Córdoba.
“Esto genera mucha incertidumbre en todos los tableros de diálogo. Los equipos negociadores tendrían que entrar a calmar la situación, pero eso no va a ser sencillo. Esto depende de un diálogo fluido entre el Gobierno y la Fiscalía, que hasta donde sabemos existe, pero la incertidumbre sigue y la percepción de que tenemos un Estado incapaz de cumplir compromisos también queda en el aire”, explicó a este diario Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Aun así, una segunda captura se produjo el jueves. Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de la disidencia de las FARC, también fue detenido en Bogotá con fines de extradición.
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Aunque en los últimos días circularon rumores sobre la supuesta muerte de Henao en medio de la guerra del EMBF con el ELN en Catatumbo y también de una supuesta entrega a las autoridades, Colombia+20 conoció que sigue con vida y que una movida de la mesa de negociación del gobierno Petro con la disidencia de Calarcá le permitió convertirse, el 7 de febrero, en un nuevo miembro de la delegación del grupo armado en ese proceso; sin embargo, su captura generó tensión entre las partes, que adelantan gestiones para evitar la extradición de este cabecilla.
El Gobierno tiene tableros de negociación en donde varios miembros del grupo armado tienen órdenes de extradición, como por ejemplo con el Clan del Golfo.
La línea entre los compromisos de la justicia y las dinámicas de las mesas de negociación suele ser delgada. Quienes se oponen a las negociaciones de paz afirman, entre otros argumentos, que el Estado no debería rendirse ante personas que cometen delitos, que la estrategia debería ser usar toda la “fuerza letal posible” y que en caso de sentarse en una mesa el grupo armado ilegal debería dejar de delinquir. Pero ningún proceso de paz —exitoso o no— se ha hecho de esa forma.
En Colombia y otras partes del mundo con conflictos armados activos se negocia en medio de la guerra. Para no ir más lejos, el Acuerdo de Paz de 2016 se llevó a cabo de esa manera. Varios de los negociadores de ese pacto tuvieron órdenes de extradición, como Rodrigo Granda y Rodrigo Londoño, Timochenko.
“Lo mínimo que se necesita en un proceso de paz son las garantías de seguridad. Es imposible que alguien se siente a negociar si no tiene la confianza de que ese proceso no se va a aprovechar para capturarlo. Por eso, de las primeras acciones que se hacen dentro de una mesa de diálogo es pedir que se levanten temporalmente las órdenes de captura”, explica una fuente cercana a ese proceso de paz de 2016. En eso coincide, Bonilla, de Pares. “Esto pone en una situación muy diferente las negociaciones, porque ningún miembro de un grupo ilegal quiere que lo extraditen”, explica.
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La Fiscalía ha defendido que no hizo el operativo con una intención desleal. “Eso coincidió con el final de esa mesa que estaban teniendo, pero no fue intención de la Fiscalía, de ninguna manera, actuar de una forma desleal. Nosotros acompañamos el proceso de paz cada que se pueda, pero hay obligaciones internacionales que derivan de acuerdos que hemos hecho”, dijo la fiscal Luz Adriana Camargo.
La investigadora Bonilla asegura que, aun así esa decisión evidencia un vacío. “En teoría, la Fiscalía hizo lo que debía cuando se conoce una circular roja; el asunto es el cómo, y ahí creo que hay un bache, porque el mensaje que queda en las mesas de diálogo es que, si hay una circular de ese tipo, Colombia no tiene un gobierno con suficiente articulación para revisar el tema”, dijo.
Expertos en la materia opinan que la mayor falla de todo el caso de Araña y, en general, de cómo han llevado el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de Paz este proceso es la falta de reglamentación de la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total).
Desde noviembre de 2023, tras una revisión exhaustiva de la Corte Constitucional por cuenta de varias demandas contra dicha norma, el alto tribunal le pidió al Gobierno que reglamentara y pusiera orden a varios de los puntos que componen esa legislación. Hasta el momento, solo el Servicio Social para la Paz ha pasado por esa reglamentación, mientras temas como el marco jurídico para el sometimiento a la justicia y el funcionamiento y alcance de las resoluciones con las órdenes de captura no se han reglamentado. “Al Gobierno le encanta hacer hechos políticos, pero sin basarse en el derecho”, dice la misma fuente.
El negociador Novoa dijo, en la rueda de prensa del viernes pasado, que tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía deberían revisar el marco de la Ley 2272. “Hemos insistido mucho en que nuestro marco de acción está fijado por la Ley 2272 del 2022. Allí, en el artículo octavo, numeral tercero, dice que cuando los procesos de paz que lleguen a un estado avanzado, el Gobierno y el señor presidente de la República pueden decidir suspender una orden de captura en los territorios de concentración o de agrupación de las fuerzas irregulares a efecto de dar garantías de seguridad y que ese tipo de medidas se extienden también a las órdenes de captura con fines de extradición”, afirmó y agregó: “No me quiero adelantar a esa discusión (sobre si el presidente firmaría esa extradición), pero simplemente recuerdo que en la Ley 2272 de 2022 hay unas normas que se refieren de manera específica a este tema. Normas que por lo demás han sido tomadas de Acuerdos de Paz anteriores”.
Expertos que hablaron con este diario dicen que la norma sí dice eso, pero que se refiere a acuerdos que se hacen en zonas “precisas y determinadas” del territorio nacional.
Articulación, otro vacío
El otro punto es la falta de articulación de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz con la Fiscalía. El día de la captura de Araña, Otty Patiño y la fiscal general Camargo tuvieron una larga reunión en la que, hasta ahora, se desconoce si se había advertido que se haría la detención. Colombia+20 supo que, en todo caso, la Fiscalía ya le había advertido al Gobierno que un procedimiento así podría ocurrir.
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Al respecto, Diego Martínez asegura: “La expresión de la fiscal es cierta, ellos están cumpliendo su deber ante compromisos internacionales, pues cumplen una función de persecución penal y hacer efectivos estos requerimientos. Sin embargo, esta facultad tiene sus límites y es la consecución del derecho a la paz. Es una facultad general que nuestra cultura jurídica ha venido permitiendo, y es la posibilidad de adelantar diálogos con quien tenga, o no, requerimientos incluidos solicitudes de aprehensión con fines de extradición. Si no, no hubiera sido posible realizar diálogos con el ELN o finalizar un proceso de paz con las antiguas FARC”.
Esa desarticulación entre el Ejecutivo y la Fiscalía se vivió en vivo el día de la captura. A las 8:20 de la noche del miércoles, unos 10 funcionarios del CTI de la Fiscalía con su usual uniforme negro y armas largas llegaron al hotel donde se desarrollaba la rueda de prensa y se acercaron a la mesa donde se disponía a comer Rojas. Su irrupción en el lobby sorprendió a los presentes.
Los testigos vimos a Araña perplejo ante la situación. El hombre permanecía sentado e incrédulo sobre lo que estaba pasando mientras una de las abogadas del proceso intentaba explicar al agente del CTI que la resolución que nombró a Araña como miembro de la delegación de esa disidencia en la mesa de paz levantaba todas las órdenes de captura contra el hombre y que, a su juicio, no había lugar para la detención.
Araña, un hombre corpulento de 1,80 centímetros de alto, por momentos opuso resistencia y los agentes del CTI respondieron con fuerza y gritos. En el medio, un corrillo de gente, entre ellos periodistas, la delegación o viajeros que arrastaban sus maletas para entrar al ascensor y llegar a sus habitaciones. Un caos que duró apenas unos minutos mientras llevaron a Araña a un salón del hotel donde permaneció por casi seis horas.
Los delegados del Gobierno no podrían estar más desconcertados. Desde el primer momento Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso de paz, y otros negociadores como Gloria Arias y el coronel (r) Jaime Joaquín Ariza, no pararon de hacer llamadas ni de conciliar con los agentes del CTI. Novoa fue el primero en llamar al comisionado de paz, Otty Patiño, quien en menos de media hora llegó al hotel. También hizo lo propio con Guillermo Jaramillo, ministro delegatario que está ejerciendo las funciones del presidente Petro mientras está en Dubái.
Los compañeros de delegación de Araña, entre los cuales estaba Wálter Mendoza, comandante de la disidencia y unos ocho hombres más de la estructura, también se quedaron en el lobby del hotel, que se convirtió en una sala de espera por noticias.
A las 2 de la mañana todos fuimos retirados. En varias camionetas salieron delegados, representantes de la comunidad internacional y Araña, quien fue llevado al búnker de la Fiscalía en algún momento entre esa hora y las 7 de la mañana del jueves.
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El caso de la captura de Araña expone, con crudeza, las grietas en la articulación del Estado frente a los procesos de paz y la dificultad de conciliar la política con las obligaciones judiciales. Más allá de las reacciones inmediatas y los riesgos que este episodio plantea para la continuidad del diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el suceso reabre un debate de fondo: sin una reglamentación clara de la Ley de Paz Total y una coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía, cualquier negociación con actores armados seguirá enfrentando sobresaltos que pueden poner en jaque su viabilidad.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste, no solo entre los negociadores, sino también en las demás mesas de diálogo y en la comunidad internacional, que observan con cautela el devenir de la política de paz del gobierno Petro.
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