El resurgimiento del Frente 33 y combates con el ELN alertan una “nueva” guerra en Catatumbo

Apenas dos meses después de la crisis en esa región que dejó cerca de 50 mil desplazados y una centena de muertos, esta semana se presentaron nuevos choques entre la guerrilla y la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que opera en la zona. Expertos y fuentes en terreno hablan de un posible reagrupamiento del Frente 33 del EMBF para recuperar el territorio. El hecho se presenta días antes de que se reactive la discusión para la prórroga del cese al fuego con esa disidencia que sigue en diálogos con el gobierno.

Cindy A. Morales Castillo
23 de marzo de 2025 - 03:21 p. m.
Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2023 de personas caminando junto a un camión con la frase "FARC 33" en la Vereda Santa Rosa, en Catatumbo (Colombia). EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO
Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2023 de personas caminando junto a un camión con la frase "FARC 33" en la Vereda Santa Rosa, en Catatumbo (Colombia). EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO
Foto: (EPA) EFE - Mario Caicedo
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Varios videos que han circulado por redes sociales en los últimos días parecen ser la evidencia de que la guerra en Catatumbo sigue viva. En unas grabaciones se ve a hombres armados disparando sin cesar y, en otras, es la población la que desde sus casas graba los sonidos de las balas en el monte. Fuentes en terreno afirman que se trata de una “retoma” de las confrontaciones entre el ELN y la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).

Ambas estructuras han estado en choque desde enero pasado tras la arremetida del ELN a esa región con la que buscaba sacar al frente 33 de esa disidencia de la zona. Tanto el ataque del ELN como, luego, los combates entre ambos grupos armados provocaron la que es considerada la mayor crisis humanitarias del país en décadas que ya deja cerca de 92 mil personas afectadas, de las cuales poco más de 50.000 fueron desplazadas, y unos 100 muertos, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitario de la ONU (OCHA) y de la Gobernación de Norte de Santander.

Por eso, las confrontaciones de los últimos días volvieron a prender las alarmas de autoridades, organizaciones comunitarias y líderes sociales que afirman que esto podría desatar una nueva crisis en la región o reintensificar el conflicto. Otras grabaciones han mostrado lo que parecen ser ataques más directos de la disidencia al ELN donde se ve a hombres armados quemando banderas de esa guerrilla.

Andrey Avendaño, delegado ante la mesa y uno de los mandos del Frente 33, que hace parte del Bloque Magdalena Medio bajo la comandancia de John Mechas, publicó el jueves en su cuenta de X un comunicado de ocho puntos en los que dijo que desde inicios de esta semana, el ELN ha retomado las acciones contra el Frente 33 “dentro del propósito de aniquilar” a ese grupo, “asumir el control del territorio y sabotear los esfuerzos por la paz que están en marcha en este gobierno” y también imponer una dominación “en actividades del narcotráfico”.

Además, agregó que los combates que han comprometido al Frente 33 fueron “en respuesta a la ofensiva del ELN” y que “obedecen al derecho a permanecer en el territorio y avanzar en el propósito de suscribir un acuerdo de paz”.

En Tibú, por ejemplo, los enfrentamientos han dejado a la población civil atrapada en el fuego cruzado. A eso se sumó el secuestro de Joaquín Enrique Villamizar, integrante del Comité Veredal en Tibú de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que denunció el hecho.

Villamizar es delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rayo, en el famoso “kilómetro 25″ una zona entre Tibú y La Gabarra, que el ELN le había arrebatado a la disidencia en el ataque de enero, pero que fuentes cercanas confirmaron que otra vez está bajo el control de la disidencia.

El Frente 33 confirmó que Villamizar sí está en su poder y lo acusaron de tener supuestamente bajo custodia material de guerra como municiones y granadas. Esa disidencia compartió por redes sociales un video donde se ve ese supuesto material.

Según el grupo armado, el hombre será entregado a las autoridades. “Honrando el compromiso con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y con las comunidades del Catatumbo, esta persona será entregada a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, al CICR, la Organización de Naciones Unidas, las iglesias y organizaciones sociales. No habrá contra Joaquín Enrique Villamizar ninguna afectación que vulnere sus derechos humanos y el DIH”, dijo Avendaño en el comunicado.

Este sábado también se conoció otra denuncia del pueblo indígena Motilón Barí sobre un atentado perpetrado en La Gabarra cuando desconocidos dispararon contra un vehículo en el que se desplazaban líderes indígenas.

El presidente Petro y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, han dado declaraciones en torno a un supuesto plan para el desarme del Frente 33 -que incluiría una zona de concentración-.

A quienes avanzan en la paz, les corresponde ahora concentrarse en regiones para alistarse al paso definitivo: que se mide en al transformación de la región, en su prosperidad que pasará a tramitarse a partir de pactos sociales regionales, Conpes presupuestales y declaraciones unilaterales de estado ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas para asegurar el cumplimiento del estado y para hacer los tránsitos jurídicos de quienes han portado armas a la vida civil y legal”, dijo Petro en su cuenta de X (antes Twitter) hace un mes. Aunque no se refirió específicamente al Frente 33, hasta hace unas semanas todo parecía apuntar hacía allá.

Sin embargo, miembros de esa disidencia han descartado esa posibilidad. “De la supuesta inminente desmovilización del Frente 33, los hechos demuestran que las FARC-EP están vivas en el Catatumbo expulsando a los neo-mercenarios del ELN. ¡Que papelón el del gobierno”, dice un mensaje compartido por las disidencias en una de sus redes sociales.

El reagrupamiento y el cese al fuego

Desde hace décadas, esta región ha sido disputada por grupos armados ilegales debido a su importancia estratégica, tanto por estar en la frontera con Venezuela como por su papel en el narcotráfico y otras economías ilegales. Catatumbo es una de las zonas donde más se concentran los cultivos de coca en Colombia. De acuerdo con el informe de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito de octubre del año pasado, hay poco más de 30.000 hectáreas sembradas con coca.

El presidente Gustavo Petro se ha referido varias veces a este tema. La más reciente fue durante su visita este jueves 20 de marzo a Cúcuta para supervisar los avances en el servicio de salud. Allí se refirió al ELN, al que le pidió que “deje de traquetear” y que “haga la paz con el pueblo de Colombia”.

Y agregó: “Acaban con el territorio así no se cultive mucha hoja de coca. Y acabamos bajos los tiros, con los hijos muertos, o peor, los hijos muertos en las carreteras o en las trochas y eso no puede seguir. Pero como no podemos acabar con la política mundial, debemos pedirles a los campesinos que no siembren la mata de coca y nosotros pagamos esa sustitución”, dijo.

A pesar de que en otras zonas del país el ELN ha logrado tener el control con una estrategia de ataque similar, como en el caso de Arauca, en Catatumbo la presencia del Frente 33 ha sido persistente y a la luz de los hechos recientes ha retomado una ofensiva para recuperar el control en la región.

“Lo que eso significa es que en medio de esa guerra allá en Catatumbo como que hay una recomposición del frente 33, que no fue desmantelado. Lo que no ha cambiado es que ellos son parte de la mesa y siguen muy comprometidos”, aseguró a Colombia+20 Camilo González, jefe del equipo negociador del Gobierno.

Tal como ha sucedido con otros grupos armados en las dinámicas de guerra, el frente 33 está haciendo un reagrupamiento de cara a esa “retoma del control” de varias zonas. Las avanzadas en algunos puntos de la región, como en La Gabarra y Tibú, más los hechos que se han visto por redes sociales y sus comunicados sobre las acciones, evidencian parte de ese “regreso” de mandos y hombres. La pregunta de fondo es cómo impacta esta situación a la mesa de diálogo que está pronta a desarrollar el séptimo ciclo y a los planes que había anunciado el comisionado Patiño.

Varios expertos señalaron a este diario que el frente 33 parecería estarse consolidando con ayuda de otras estructuras del sur de Bolívar y Antioquia -que son parte del mismo bloque Magdalena Medio-, pero también de hombres enviados desde Caquetá, aunque esta última tesis no tiene mucha fuerza, porque la estructura de “Calarcá” tiene varios focos de confrontación con la disidencia de “Mordisco” en Caquetá, Guaviare y Putumayo.

En otras noticias: Zonas de Reserva Campesina: la apuesta clave en mesa de paz con disidencia de Calarcá

Sin embargo, Andrés Aponte, analista de la Iniciativa global contra la delincuencia organizada transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés), explicó a este diario que ese refuerzo podría estar mostrando que el grupo sí está actuando como una estructura más cohesionada y operativa. El investigador señala que, si bien al principio muchos creían que las disidencias eran apenas un “cascarón” para negociar con el gobierno, es decir, una suma de frentes y bloques sin mucha unidad, su capacidad de movilizar combatientes y recursos indica una organización más sofisticada de lo que se pensaba. Esto podría fortalecerlas en el largo plazo, prolongando el conflicto y dificultando cualquier solución pacífica.

“Estas guerras que se están librando están dándole una cohesión a esas estructuras que posiblemente no tenían. Es decir, que haya la capacidad y la voluntad política de trasladar tropas es otro elemento importante porque es otro tipo de coordinación que ya va a dar un nivel mucho más alto de cohesión. No estoy diciendo que se vayan a integrar, que sean las (antiguas) FARC, pero este puede ser un efecto no premeditado de toda esta guerra que está librando el ELN y puede ser que se le explote en la cara y que sus ataques estén fortaleciendo internamente a los otros grupos”, explica Aponte.

Otro punto que debería verse, según el investigador, es que la evolución de este conflicto ha traspasado líneas rojas que antes se respetaban, como el no ataque a familias y redes de apoyo en las comunidades. Esto porque varios líderes han denunciado que la disidencia ha irrumpido en las casas en búsqueda de personas afines al ELN o de su material de guerra. “El ELN tuvo la misma estrategia en enero, así que las disidencias se sienten legitimadas para responder de la misma manera, empujando la guerra a una espiral de violencia cada vez más degradada”, dice Aponte.

Esta situación se presenta en un momento clave para las negociaciones entre el gobierno y esa disidencia puesto que el próximo 15 de abril se acaba la vigencia del actual cese al fuego, que ya completa 18 meses, y se debe decidir si se da esa prórroga. Seguramente ese será uno de los temas clave de la séptima ronda de negociación que se realizará la primera semana de abril.

“Lo que sí es cierto es que habrá que llegar a acuerdos muy precisos de respeto del cese al fuego”, dice el jefe negociador del Gobierno.

En contexto: Tras crisis en Catatumbo, Gobierno y disidencia de Calarcá anuncian nuevo ciclo de diálogo

Por ahora, la mesa ha presentado varios avances. Los más significativos en otras regiones como Caquetá y Meta, donde los diálogos parecen concretarse. Esta semana, la Agencia Nacional de Tierras entregó 63 títulos de propiedad a 315 campesinos del municipio de San Vicente del Caguán y se anunció una iniciativa llamada “Amazonía para la paz”, un proceso en construcción con elementos como la regularización, normalización y titulación de tierras a los campesinos y la garantía de derechos a los pueblos indígenas y los legítimos propietarios de la región.

En contraste, el progreso de Catatumbo, que había adelantado varios proyectos productivos con comunidad, indígenas y excombatientes para, entre otras, garantizar la ampliación de los productos alimenticios, se ha visto detenido por la crisis de enero.

Sin embargo, algunos proyectos han empezado poco a poco a reactivarse como la convocatoria que lanzó el viernes el Sena y el Ministerio de Trabajo, con apoyo de la mesa de diálogos, para apoyar emprendimientos en Catatumbo. A eso se ha sumado, los decretos que desarrollan las acciones del Estado bajo el Estado de Conmoción Interior, declarado en enero por el presidente Gustavo Petro para mitigar, entre otras, el impacto económico y social y dar estabilización de víctimas del desplazamiento forzado por la violencia en la región.

Para el Gobierno Petro, contener la escalada del conflicto en Catatumbo representa un reto enorme. Las estrategias de seguridad tradicionales pueden ser efectivas en enfrentamientos directos, pero en un contexto donde la violencia se ha infiltrado en el tejido social, la respuesta debe ser mucho más compleja. La guerra en esta región no solo se libra con armas, sino también con miedo, desplazamientos y la fragmentación del apoyo comunitario, haciendo que cualquier intervención del gobierno sea un desafío logístico y político.

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Cindy A. Morales Castillo

Por Cindy A. Morales Castillo

Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com

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Usuario(63255)23 de marzo de 2025 - 06:13 a. m.
Pero yo sólo escucho de combates entre Disidencias y ELN. Pero donde está el control del territorio por parte de la fuerza pública? Esos son los que tienen que decidir cómo está configurado el territorio y defender a la población. Qué dice el ministro de defensa y el presidente de eso?
Melibea(45338)22 de marzo de 2025 - 11:34 p. m.
Francamente estos proyectos de Paz ,no tienen sentido,pues esas bandas de criminales se burlan del país y el gobierno.
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