El primer año de la crisis en Catatumbo, que se cumplirá este viernes 16 de enero, encuentra los procesos de negociación con los dos principales actores armados de la región en momentos distintos, pero igualmente críticos. Mientras el diálogo con el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) sigue formalmente activo tras la realización de su séptimo ciclo, el proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) permanece pausado, sin mesa en funcionamiento ni señales claras de reactivación.
Además, este panorama se da en medio de un contexto adverso para la población. En las últimas semanas se han registrado nuevos combates en zonas rurales de Catatumbo -que suma 91.726 desplazados en estos 365 días-. Esto volvió a poner en el centro del debate la capacidad real de los procesos de paz para incidir en el comportamiento de los grupos armados y en la dinámica de violencia del territorio.
Frente 33, un diálogo que sigue en medio de fisuras
El proceso con el frente 33 de la disidencia EMBF llega a este punto con un elemento a su favor: sigue existiendo. El séptimo ciclo de conversaciones que se dio en noviembre pasado ratificó la voluntad de las partes de mantener abierta la mesa y avanzar en la agenda acordada, incluida la implementación de compromisos relacionados con desescalamiento y garantías de seguridad.
Sin embargo, el ciclo también dejó al descubierto las fisuras que atraviesan la negociación. A los cuestionamientos sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos se sumó un escándalo mayor a partir de filtraciones encontradas en computadores incautados al jefe de esa disidencia, “Calarcá Córdoba”, que revelaron presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y miembros de ese grupo armado.
El impacto de estas revelaciones fue amplificado por la falta de resultados judiciales evidentes hasta ahora y las persistentes dudas sobre la transparencia del proceso.
Aunque el presidente Gustavo Petro ha señalado que los diálogos con el EMBF continuarán pese a las filtraciones, el episodio ha acentuado la controversia pública sobre su voluntad de paz y la fortaleza institucional de la mesa de negociación, más allá de los acuerdos formales alcanzados.
A ello se añade la discusión en torno a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el frente 33, uno de los puntos más sensibles del proceso. Aunque el mecanismo ha sido defendido por el Gobierno como una herramienta para facilitar la negociación, su implementación ha sido lenta y, hasta ahora, con efectos limitados en Catatumbo. En el terreno, autoridades locales y comunidades coinciden en que la continuidad de los enfrentamientos opaca cualquier avance anunciado desde la mesa.
ELN, un diálogo suspendido sin cronograma de retorno
El contraste con el ELN es más contundente. A diferencia del EMBF, el proceso con esta guerrilla no atraviesa una fase de tensión dentro de la mesa, sino una suspensión de facto. De hecho, el comisionado de Paz, Otty Patiño, admitió el martes que el proceso era prácticamente inexistente.
“No sé por qué razón se está hablando del proceso con el ELN cuando ese proceso prácticamente es inexistente”, afirmó a Noticias Caracol y agregó que el Gobierno esperó señales claras del ELN para retomar el diálogo, pero estas nunca llegaron. “Ya están suspendidas las conversaciones”, insistió, al señalar que el grupo armado “ya tomó su decisión”.
El ELN mantiene una presencia histórica y un control territorial significativo en Catatumbo y eso, sumado al panorama actual de Venezuela —tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos— pone al grupo armado en un punto central dentro de las consideraciones geopolíticas que rodean las negociaciones.
En este contexto, la posición del ELN frente al diálogo con el gobierno Petro complica al Ejecutivo por varios factores. La misma falta de una negociación activa de la guerrilla deja al Gobierno sin incentivos claros para moderar su actuar. Además, la alteración del orden político en Venezuela altera las dinámicas de apoyo territorial que el grupo ha explorado históricamente y podrían, contrario a lo que se cree, fortalecer a esa guerrilla.
Mientras los combates continúan en algunas zonas y las comunidades enfrentan una violencia persistente, los procesos van a ritmos desiguales y con resultados aún insuficientes. El primer año de la crisis en Catatumbo actúa como un espejo para la política de paz, porque muestra que, al menos en esa región, transformar la realidad del territorio sigue siendo la deuda principal.
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