Un año después de que se rompiera el frágil equilibrio armado en el Catatumbo, la violencia no solo persiste sino que se ha enquistado en la vida cotidiana de quienes habitan la región. Desde enero de 2025, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de la disidencia de las Farc no solo han dejado una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en el nororiente del país, sino que transformaron a los firmantes del Acuerdo de Paz en uno de los sectores más expuestos y desprotegidos del conflicto.
Según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que a su vez cita los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV), en este último año se han reportado 105.203 personas que fueron victimizadas ya sea por confinamiento, desplazamiento, amenazas de muerte o asesinatos.
Dentro de estas cifras de seres humanos que han padecido el recrudecimiento del conflicto en Catatumbo, hay varios firmantes de paz. Unos se quedaron, pero muchos otros tuvieron que huir para salvaguardar sus vidas y seguir con sus proyectos productivos.
De hecho, uno de los primeros acontecimientos que marcaron la escalada de violencia en Norte de Santander hace un año fue el asesinato de seis firmantes de paz: Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.
Frente a esta masacre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió en ese entonces la orden de trasladar a 124 firmantes de paz que estaban en riesgo en el Catatumbo y localizar a otros 12 que estaban desaparecidos en enero de 2025.
Específicamente, fue la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad quien pidió al Gobierno la protección de los firmantes que estaban haciendo su tránsito a la vida civil en los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.
La amenaza que cayó sobre los firmantes fue confirmada el año pasado en este diario por Camilo González Posso, entonces jefe negociador del Gobierno en la mesa con la disidencia de Calarcá Córdoba, quien en una entrevista aseguró que había “una orden de aniquilamiento a los firmantes, que consideran que son un estorbo. Y la decisión es o el firmante se alinea con ellos o fuera. Solo el hecho del asesinato de firmantes en una sola jornada es lo más grave que ha pasado. Y los que están en la mesa, todos están declarados objetivos militares por parte del ELN”.
Incluso, en el boletín 152 del PMU que se instaló en el Catatumbo y que publicó la Gobernación de Norte de Santander el pasado 13 de enero, se registran la muerte de los seis firmantes mencionados, de tres líderes sociales y la desaparición de otros cinco firmantes.
Según Lucy Soto, lideresa y firmante de paz en el Catatumbo, que habló con Colombia+20, en total fueron cerca de 240 los firmantes que tuvieron que desplazarse a otras zonas del país durante 2025 por la crisis social y de orden público en el Catatumbo.
La misma Soto contó que en la región ha sido imposible hacer presencia en algunos municipios sin coordinar caravanas humanitarias para garantizar la seguridad de los líderes y las autoridades. “En septiembre, cuando se hizo sesión de mesa humanitaria en Tibú, tuvo que hacerse una caravana para poder asistir. Desde enero del año pasado y hasta ahora pues la movilidad se ha restringido. Y eso ha ocurrido hasta Ocaña. Todo lo que ha pasado entre Cúcuta y Ocaña también ha sido una cuestión complicada. Si uno habla de manera personal, también. El equipo que estuvo pendiente de toda la situación de los compañeros que llegaron desplazados fuimos amenazados directamente. No ha sido fácil porque hay miedo, hay zozobra”, aseguró la lideresa.
Doce meses después, el balance para los firmantes desplazados es el de una vida en suspenso: reubicaciones temporales, retornos imposibles y una espera prolongada por soluciones de fondo en materia de tierra, seguridad y garantías para continuar con su tránsito a la vida civil, mientras el conflicto en el Catatumbo sigue activo y sin señales claras de desescalamiento.
¿Qué ha pasado con los firmantes de paz desplazados por la violencia en Catatumbo?
Laura Vega, representante del Consejero Nacional de Reincorporación (CNR), dice que desde esa instancia ha habido un “rechazo total a los asesinatos y persecución de los firmantes en el Catatumbo y un acompañamiento muy de la mano con las instituciones del territorio, con el grupo territorial, con los liderazgos”.
Frente a los desplazamientos, Vega informó que: “Hubo unos firmantes que salieron del territorio en un primer momento se dispersaron por varias partes del país. Hubo un grupo no solo de firmantes sino de familias campesinas, que fue el caso de personas que se desplazaron a una finca en Puerto Boyacá, en donde fueron víctimas de estigmatización. Tuvieron doble desplazamiento, pues luego estuvieron en varios albergues en Bogotá y finalmente se reubicaron en el Tolima. Ha habido mucha gente dispersada en el territorio nacional, incluso en el Casanare, en Bogotá, entre otros”.
Soto complementó lo dicho por Laura Vega y comentó que: “Los firmantes de paz que salieron desplazados en realidad algunos han accedido a tierra, pero no todos. Muchas de las personas están en otros departamentos a la espera de que se les pueda solucionar el tema de la tierra. Algunos están jornaleando, otros se han ubicado en otras ciudades, y apenas unos grupos minoritarios han recibido tierra o están en proceso de recibirla. Para esto hay que decir que se tiene en cuenta lo que se intentó resolver en Oripaya, que es donde se va a ubicar el ETCR, que está en proceso de adjudicación, y otros grupos se han trasladado para el Tolima”.
Lucy Soto asegura que “el panorama se torna cada día más oscuro”, que los enfrentamientos se han acrecentado y que la situación para quienes decidieron quedarse sigue siendo compleja.
Vega se refirió a este punto también y afirmó que se ha trabajado con instituciones incluso cristianas y de pastoral social “para hacer gestión de tierra y hacer el traslado del espacio territorial ubicado en Caño Indio. Esa tierra ya fue comprada, ya fue entregada y está ahorita en todo el tema de construcción de vivienda”, indicó.
Y agregó: “Estamos también en el trámite de proyectos productivos, algunos de orden agropecuario y otros como los de Hilos de paz que son de confecciones con las mujeres. Estamos en un proceso con esas personas que se quedaron en el territorio para que puedan reubicarse y reubicar sus proyectos. Eso no ha sido tan rápido como quisiéramos. El año pasado estuvimos en una audiencia pública en el Palacio de Justicia el 11 de noviembre con el Gobierno sobre el caso del Catatumbo para hacerle seguimiento y poder presionar algunas medidas y allí se dieron las órdenes a varias instituciones de que le pusieran el acelerador a todo este proceso”.
Frente a acciones concretas para proteger a los y las firmantes de paz, la integrante del CNR manifiesta que es difícil hablar en estos términos, pues hay varias decisiones y asuntos que exceden sus alcances, pero que “han dado la pelea por la producción del plan estratégico de seguridad y protección”.
No obstante, Vega concluyó: “Hay varias mesas en las que participan componentes firmantes en articulación con la otra estancia, que es la mesa técnica de seguridad y protección, con los equipos de la Unidad de Implementación y de la ARN para hacerle seguimiento a todo lo que es el tema de seguridad”.
Además, dice que se sigue trabajando el tema de la tierra, uno de los puntos del Acuerdo de Paz con más rezago y que, desde la JEP, se le ha hecho acompañamiento a las familias de las víctimas. “Desde la JEP hay todo el acompañamiento ya de las viudas y de las personas y familiares de los firmantes asesinados y desaparecidos se ha venido trabajando por medio de audiencias sobre lo que ha sido inconstitucional desde el tema jurídico, político y de denuncia alrededor de los asesinatos y persecución a las y los firmantes de paz”.
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