El cansancio de una región cupo en dos palabras y tres puntos suspensivos. “Catatumbo nuevamente…”, trinó este 11 de marzo la Defensora del Pueblo, Iris Marín. La publicación estaba acompañada de una alerta temprana para esa región, donde la guerra amenaza –otra vez– con desbordarse.
Según dio a conocer la Defensoría del Pueblo, la situación está marcada, entre otros factores, por la llegada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) –que libran una batalla con el Clan del Golfo en zonas rurales de Santa Marta desde hace semanas– a Norte de Santander.
Ese panorama llevó a que la entidad emitiera la Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026 ante “el grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos a causa de la acelerada expansión territorial”. A esto se suman advertencias sobre un posible aumento de combates tras el fin de la tregua que distintos grupos armados habían pactado en el marco de las elecciones.
Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de la organización Vivamos Humanos, explica que los primeros indicios de esa expansión comenzaron a verse en 2025, justo cuando Catatumbo atravesaba la peor crisis humanitaria registrada en el país en los últimos 20 años. Según indica, esa estructura heredera del paramilitarismo empezó a descender desde la Sierra Nevada hacia Norte de Santander, especialmente a Ocaña y áreas cercanas a los límites con el Cesar, donde el grupo ha buscado establecer control territorial.
“Además, en ese departamento, más allá de la subregión del Catatumbo, ha existido presencia histórica de sectores relacionados con el Clan del Golfo”, explica Mejía.
Aunque esas zonas no concentran hoy los principales combates –que han tenido su epicentro en Tibú y El Tarra–, la coordinadora Mejía advierte que la presencia simultánea de distintos actores armados crea un escenario propicio para nuevas confrontaciones. “Se convierte en un ‘caldo de cultivo’ para que esa presencia termine chocando en algún momento con otros grupos, más allá de los enfrentamientos que ya se han registrado entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN”, alerta.
La expansión armada de las ACSN y su intento de consolidar un control territorial en Norte de Santander ya han tenido manifestaciones concretas. “La entidad ha documentado retenes ilegales e intercepción del transporte público, como el ocurrido el pasado 19 de enero, en el que individuos armados intimidaron a pasajeros(as) y marcaron vehículos con insignias del grupo ACSN”, se lee en el comunicado de la Defensoría.
En la práctica, lo que se configura es el cruce de cuatro grupos armados con sus propias guerras, que avanzan en distintos territorios y que podrían encontrarse en el camino. “Tiene que ver con toda la zona de la Serranía del Perijá, digamos todos los corredores afines, que finalmente en algún punto terminan conectando”, explica Mejía.
Geográfica y estratégicamente, conectar dos zonas como la Serranía del Perijá y Catatumbo daría a los grupos un corredor amplio para ejercer control territorial en varios departamentos, así como de rutas del tráfico de armas, drogas y otras economías ilegales.
Ese movimiento, añade la coordinadora de Vivamos Humanos, también permite entender que lo que ocurre en la Sierra Nevada —donde la guerra entre las Autodefensas Conquistadoras y el Clan del Golfo ha desatado una crisis humanitaria que golpea con especial fuerza a la comunidad de Serankwa, del pueblo indígena arhuaco— “no le es indiferente” al nororiente del país. La consecuencia sería un nuevo reacomodo del conflicto armado en Catatumbo.
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Aunque las mesas de negociación aún no han hecho un pronunciamiento oficial sobre lo que implicaría esta expansión del Clan del Golfo y las ASCN y sus eventuales efectos humanitarios en los procesos de diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro, para Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en la mesa con el grupo que se se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, el tema deberá discutirse.
Jiménez advierte que la expansión del Clan del Golfo no se limita al Catatumbo: también se está observando hacia departamentos como Caldas y el norte del Valle del Cauca.
¿Qué hay detrás de la expansión de los grupos hacia Catatumbo?
La expansión y control armado hacia Catatumbo de estructuras como el Clan del Golfo y las ACSN no solo responde al reposicionamiento de los actores armados por las dinámicas propias de la guerra, sino también al escenario de violencia que suele intensificarse en época electoral.
“Sabemos que siempre se aumenta un poco la contraofensiva o la ofensiva de algunas organizaciones armadas precisamente porque quieren enviar un mensaje político. En el caso de los grupos que están en mesas de diálogo, quieren terminar ese proceso con mayor fortaleza o presionar al Gobierno para que se cumplan los acuerdos que tiene a su cargo”, explica Mejía.
Según ella, la combinación de factores –que no solo se dan en Catatumbo– ha producido ya un número de hechos violentos en el país en 2026: hasta este 11 de marzo se habían registrado más de 130 incidentes de ese tipo. Eso equivale a un promedio de al menos dos hechos violentos por día. De mantenerse esta tendencia –advierte Mejía–, zonas como Catatumbo podrían acercarse nuevamente a los niveles del año pasado, cuando se contabilizaron en promedio 4.1 eventos violentos diarios en Colombia.
Las alertas por el fin de los pactos en época electoral
El fin de las treguas electorales agrega otra capa de incertidumbre. Aunque, a diferencia del Clan del Golfo, el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y las ACSN, el ELN no pactó directamente una tregua con el Gobierno —pues desde enero de 2025 la mesa está suspendida tras la arremetida violenta de ese grupo en Catatumbo—, esa guerrilla también anunció un cese al fuego unilateral para los comicios.
Para Vivamos Humanos, el riesgo de una nueva escalada es alto. “Definitivamente podemos retornar a la situación de crisis humanitaria que se viene presentando. Es decir, no es que haya pausado por estos días, pausaron las armas, pero finalmente hay situaciones que ya se venían presentando y que persisten: temas de reclutamiento, de confinamiento, de estigmatización, amenazas con drones. Si bien en el periodo electoral no se registraron necesariamente en estos lugares donde existe alta presencia de estos grupos armados, lo que sí es cierto es que, al terminar esa tregua, existe el temor de que se retomen los combates”, advierte Mejía.
Las consecuencias podrían replicar un escenario similar al que vivió Catatumbo en enero de 2025, cuando la escalada del conflicto dejó una crisis humanitaria marcada por inseguridad alimentaria, interrupciones en el acceso a la educación y graves afectaciones al sistema de salud en la región. También hay riesgos por la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad de las comunidades.
La Defensoría también advierte sobre el fuerte control armado que estas estructuras ejercen en los territorios. La entidad alertó sobre la “imposición de toques de queda de facto y regulación de la conducta social”, así como sobre la “extorsión sistemática a comerciantes, ganaderos y pequeños emprendimientos de mujeres cabeza de familia”. Esta última práctica ha definido la operación del Clan del Golfo y de las Autodefensas de la Sierra en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
Cada movimiento de esos grupos armados y su reconfiguración acerca a la región de Norte de Santander a una crisis humanitaria que ya conoce. El riesgo es que el país vuelva a ver a un Catatumbo devastado por la guerra… nuevamente.
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